“Vecinas y vecinos tenemos una gran noticia para la salud pública de nuestra comuna. Acabamos de aprobar en nuestro concejo municipal la compra de la exclínica Sierra Bella que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país. Llevando la atención primaria de nuestra salud a un siguiente nivel para poder atender las necesidades de nuestra comunidad (…) Vamos a paso firme a un buen vivir en la comuna de Santiago con grandes noticias de inversión que es patrimonio para nuestra comunidad y que queremos dejar como legado para la ciudad de Santiago”.
Era el 19 de enero de este año y a través de un video difundido en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunciaba un proyecto que por esos días la enorgullecía: impulsar la “primera clínica municipal”. Replicando los modelos de farmacias y ópticas populares, la jefa comunal daba a conocer el visto bueno que le había dado el concejo. Lo que no sabía era que meses después se cuestionaría el proceso de compra luego que su administración ofertara 234.124 UF ($8.252.873.341) a la inmobiliaria San Valentino SpA, lo que generó cuestionamientos debido a su alto precio, cuatro veces más alto que inmuebles de ese tipo en el mercado.
Hoy el sueño de “la clínica municipal” tiene a Hassler complicada. La Fiscalía Centro Norte investiga eventuales delitos en el marco de esta compra y también intervino Contraloría. El ente fiscalizador notificó este jueves a la alcaldesa el informe en el que objeta en duros términos la compra de la exclínica Sierra Bella y apunta a que el “precio es injustificado”. Junto con esto le avisó que abrirá un sumario en que se indagarán las responsabilidades administrativas tras esta transacción. Aún más, el organismo liderado por Jorge Bermúdez cuestiona que pese a haber dado orden expresa al municipio de congelar las acciones mientras auditaban esta adquisición, se siguieron desarrollando diligencias notariales para hacerse del inmueble.
“Habiéndose constatado diferencias no menores entre el precio pagado sólo unos meses antes por la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA y aquel estipulado a pagar por dicha entidad comunal, y atendidas las inconsistencias y falta de trazabilidad advertidas en las tasaciones antes referidas, no es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $8.252.873.341, que pretendería efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”, concluye la fiscalización.
Entre los destinatarios del informe está el CDE y Ministerio Público que podrá utilizar esta fiscalización como insumo en la causa criminal que está bajo reserva y con una serie de diligencias en curso.
Falencias en las tasaciones
Una de las principales conclusiones del informe, que cuenta con 32 páginas, es que se evidencia “una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora”. Esto, según se lee en el documento, son antecedentes que se manejaban en el municipio.
Junto con esto, Contraloría pone como antecedente la fallida compra en abril de 2022 de otro inmueble ubicado en calle Carmen 35 el que se tasó entre 86.440 UF y 87.500 UF y que -tras no concretarse la compra- los mismos profesionales tasaron Sierra Bella. En ese sentido, los fiscalizadores aseguran que las valoraciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”.
De hecho, la Contraloría constató que el 9 de abril de 2021 en el sitio www.portalterreno.com se publicó un aviso de venta del mismo recinto por 95.000 UF ($3.382 millones) mucho menos de lo que finalmente el municipio se compromete a pagar a Felipe Sánchez, dueño de la inmobiliaria propietaria de la otrora Clínica Sierra Bella.
“Si bien los inmuebles habitualmente tienen un avalúo fiscal menor a su valor comercial, los antecedentes tenidos a la vista no permiten tener por justificado el referido precio que se obligaría a pagar el mencionado municipio, el que, como se dijo, corresponde a casi cuatro veces el avalúo fiscal de los bienes raíces de que se trata, y también a casi el cuádruple del monto fijado -sólo unos meses antes- en la compraventa en cuya virtud los adquirió la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA”, se lee en el informe.
Otro de los puntos que aborda el informe, y que son parte de la investigación penal que lleva adelante el fiscal jefe Patricio Cooper, es la calidad profesional de los tasadores. Fueron tres los profesionales contratados por la Municipalidad de Santiago y -según Contraloría- existen falencias en ese trabajo: falta de información, justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias.
Respecto a este último punto el informe es lapidario respecto a la calidad de los profesionales: “los anotados informes, no es posible verificar el valor de los terrenos utilizados ni el valor del metro cuadrado consignado, sin que este último coincida con el valor de las referencias, así como tampoco es posible verificar el costo de reposición de lo edificado, además de omitirse fundamentar los valores asignados a las obras complementarias, de manera que los resultados de aquellos informes de tasación no son trazables ni verificables”.
En esa línea, advierten, que “sin perjuicio de las observaciones antes detalladas respecto de las indicadas tasaciones, es pertinente puntualizar que, si bien consta que la Municipalidad de Santiago cumplió, en lo formal, con recabar tales antecedentes, dichas tasaciones sólo constituyen un elemento de juicio más que esa entidad edilicia ha debido tener en consideración en sus actuaciones, dentro de un conjunto amplio de antecedentes, como son los expuestos en los puntos anteriores de este oficio, de modo de cautelar cabalmente el correcto uso de los recursos públicos”.
“No es posible tener por fundamentado el gasto”, se lee en el informe y ordena a Hassler que en un plazo de 15 días hábiles le informe qué medidas va a adoptar para cumplir su función como alcaldesa y jefa de servicio que es garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales.
Excede sus funciones en Salud
Los alcaldes tienen como función proveer a sus comunas de centros de atención primaria para que la población se atienda cerca de su casa. En ningún caso, sostiene Contraloría, los jefes municipales tienen dentro de su rol el otorgar prestaciones de Salud en el ámbito hospitalario, cuestionando de plano que Hassler aludiera al proyecto como “la primera clínica municipal”, ya que eso no le corresponde.
Durante el transcurso de la fiscalización, el ente solicitó información al municipio. La administración Hassler aclaró entonces que no se trataba de una clínica como tal, sino que el inmueble cubriría necesidades del Cesfam Padre Orellana. Junto con esto aseguraron que además en la exclínica Sierra Bella se ofrecería un convenio al Servicio de Salud Metropolitano Norte para ejecutar atenciones de manera cerrada. Al consultar Contraloría si estas medidas habían sido planteadas al concejo municipal, se verificó que no y que en ninguna sesión se habló de estos argumentos para justificar la adquisición.
Es más, Contraloría dice que pese a que la Municipalidad de Santiago aseguró que iba a tener un convenio con el Servicio de Salud al momento de la auditoría ni siquiera había registro del inicio de conversaciones con la autoridad sanitaria para tener su visto bueno.
“No resulta procedente”. Esa es la conclusión a la que llega Contraloría respecto a que la municipalidad otorgue “prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud”. Y le exige que si quiere reformular el proyecto debe entonces someterlo de nuevo a votación ante el concejo.
Desacato a Contraloría
Una situación que revela el informe es que pese a que cuando Contraloría inició la fiscalización ordenó a la Municipalidad de Santiago congelar el proceso de adquisición, se siguieron realizando trámites notariales y de escrituras. Es por esto que el sumario que abren hoy determinará quien es responsable administrativamente de esta falta: la alcaldesa Hassler, el Jefe Jurídico u otro funcionario.
De hecho, el 13 de febrero Pablo Casanueva, en representación de la inmobiliaria y del municipio – con mandato en mano- habría complementado y rectificado la escritura pública de compraventa con el propósito de pactar la negociación.
“No constituye un pretexto válido que las anotadas gestiones hayan sido efectuadas a través de un tercero ajeno a la institución, ya que en esta última hipótesis, éste habría actuado en representación de la entidad comunal, en virtud del aludido mandato conferido por el propio municipio, sin haberse realizado gestiones para revocarlo o impedir su intervención, por lo que en tales condiciones, se configuraría igualmente un incumplimiento a las instrucciones impartidas por este Órgano de Control, pues es deber del municipio adoptar”, se lee en el documento.
“La propia entidad comunal le otorgó un mandato especial a don Pablo Casanueva habilitándolo a realizar aquellas diligencias”, por lo que el hecho también será objeto de sumario.
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