Mi primer trabajo en la administración de salud fue la gestión del policlínico de una especialidad en el Hospital de la U. de Chile. Para acceder, las personas debían tener domicilio en el área norte de Santiago. Con el fin de lograrlo, muchas inscribían la dirección de un familiar o amistad para cumplir con la regla. Una vez citadas, preferían a un médico específico y si no se agendaban con él, no se presentaban o si llegaban, se colaban donde este destacado profesional, o lo seguían por los pasillos para obtener su ayuda. La conclusión era obvia, sabían lo que creían mejor para ellas, y se las arreglaban para obtenerlo. Y era razonable.
Posteriormente, la experiencia en Chile y en el extranjero, mostró que esta actitud estaba siempre presente. Si alguien creía que el mejor profesional o centro era uno determinado, se esforzaban por llegar a él. Los sistemas de salud cerrados, en los cuales el plan indica dónde o quién debe actuar como profesional a cargo han enfrentado crisis. En Inglaterra, por ejemplo, se debió permitir que las personas eligieran su general practitioner. Los HMO estadounidenses fracasaron al limitar la elección. En Chile, los contratos de Isapres deben ofrecer alternativas y, en Fonasa, salvo el segmento A, que no cotiza y deben por fuerza atenderse donde se les defina, el paciente mantiene rangos de libre elección mediante la adquisición de un bono. Las familias no tienen obligación de inscribirse en un centro de salud específico, sino en cualquiera localizado en el Servicio de Salud en que viven o trabajan.
El gobierno ha avanzado incluso en una iniciativa de Salud Primaria Universal, que permite a personas afiliadas a Isapres atenderse en centros de salud familiar, públicos, generando una opción relevante donde la capacidad privada es limitada, como es en muchas regiones.
No permitir opciones es paternalista y no respeta la capacidad de las personas para evaluar qué es mejor para ellas, a sabiendas que casi siempre tienen razón.
Las encuestas muestran que este atributo es valorado mayoritariamente, y no deben establecerse regulaciones que lo prohíban. De hecho, los más vulnerables en el seguro público, el mencionado segmento A, deberían también tener este derecho; al menos a nivel de la atención primaria.
La propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre restringía la libertad de las personas. Este año, tanto la Comisión Experta como los consejeros constitucionales tendrán un complejo punto de discusión respecto al tema de la capacidad de elegir dónde y con quién atenderse. El primer borrador de la nueva propuesta señala: “Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”.
El tema no estará zanjado hasta el borrador constitucional final y su posterior aprobación o rechazo mediante plebiscito. Lo que parece claro, es que no debería figurar en ningún caso como disposición en dicho texto alguna limitación explícita a la libertad de elegir en salud. Si no se llega a acuerdo, el tópico deberá omitirse y dejar al Parlamento que lo defina mediante la ley.
Por Jaime Mañalich, médico, escrito para La Tercera
