El Colegio San Ignacio El Bosque no vive sus mejores días. El 31 de marzo todas las miradas se centraron ahí luego que se abriera una indagación a estudiantes de primero y segundo medio acusados de tener conductas impropias de connotación sexual con alumnas de séptimo y octavo básico.
Los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público y por la Superintendencia de Educación y, desde el colegio, la directora Luz María Acle informó que se había suspendido a los estudiantes involucrados.
Asimismo, este martes el directorio del colegio envió un comunicado a la comunidad escolar respaldando las acciones que se han tomado hasta el momento. «Todas ellas están orientadas, por una parte, a establecer la verdad de los hechos a través de un proceso justo y riguroso que se enfoque en lograr las reparaciones necesarias y en tomar las medidas y sanciones que correspondan y, por otra, a comprender lo que debemos hacer para no repetir estos hechos, mejorar y enmendar, atendiendo al bien de toda la comunidad», señala el texto.
Pero apoderados del establecimiento sostienen a El Líbero que la crisis que atraviesa el San Ignacio es más profunda y no sólo se circunscribe a estas situaciones de supuesto abuso. Denuncian que ha habido un quebrantamiento valórico y una politización extrema en el colegio desde un poco antes del estallido del 18 de octubre de 2019.
Urinarios con las caras de ministros y “el que no baila no entra”
Uno de los hechos que más polémica causó fue cuando en 2018 alumnos de cuarto medio, con la venía de su profesor de arte, pusieron caras de ministros y ministras del gobierno de Sebastián Piñera en los urinarios de los baños con el fin de “representar el sentido social del arte contemporáneo”. Ante el revuelo, desde la dirección del colegio tuvieron que salir a pedir disculpas públicas a las autoridades.
Asimismo, después del 18-0, un grupo de 180 apoderados envió una carta al presidente del directorio de la institución, Juan Cristóbal García-Huidobro, denunciando una serie de cosas que estaban ocurriendo al interior del colegio en el contexto de las movilizaciones que había en ese entonces en el país. Por ejemplo, que un profesor hacía «el que no baila no entra» con sus estudiantes para ingresar a la sala de clases, o que las autoridades del establecimiento autorizaban hacer cacerolazos.
«Lamentablemente, hoy nos sentimos discriminados por los que creen que su forma de hacer política es la única válida. Si no eres de izquierda y no estás a favor de paralizar actividades y de gritar consignas asociadas a la izquierda, entonces eres ‘poco empático’, no entiendes los cambios que están ocurriendo en el país, no quieres que tus hijos estén involucrados en los cambios sociales que vive el país”, señalaban en la misiva.
La carta de los apoderados que piden “enmendar el rumbo”
Pero desde esa fecha hasta ahora ha aumentado el descontento de algunos al ver que las cosas no han cambiado para mejor, sino que han empeorado al interior del colegio.
No sólo por el caso del presunto abuso sexual que se investiga, sino que también por el proselitismo político existente en las aulas, la reticencia a castigar a quienes incumplen el reglamento y los valores que enseñan a los niños en los primeros años de escolaridad.
Según señalan a El Líbero, en noviembre pasado un grupo de apoderados envió una carta a la directora Luz María Acle y al directorio del colegio haciendo ver estos puntos.
Este diario supo que en el texto los apoderados pedían “enmendar el rumbo” y explicaban las razones por las cuales habían elegido al colegio San Ignacio El Bosque para que se formaran sus hijos, dando a entender que querían que ellos recibieran valores católicos con un fuerte compromiso solidario.
Denuncian que una profesora del San Ignacio explicó las razones por las que votaría por Daniel Jadue
En uno de los pasajes de la carta, denunciaban proselitismo por parte de un profesor que hacía a sus alumnos tomar posición dentro del espectro político, criticando a quienes se definían de centro. O de otro docente, que destinó parte de su clase a explicar las razones por la que votaría por Daniel Jadue en las elecciones primarias de Apruebo Dignidad.
En la carta también se cuestionaba el incumplimiento del reglamento y los protocolos de convivencia señalando que había reticencia por parte del colegio a aplicar sanciones a quienes lo vulneraban.
El otro punto que reclamaban, según comentan apoderados a El Líbero, es la supuesta ausencia de un programa formativo y valórico que expresara la identidad del colegio. Se quejaban, por ejemplo, de que habían solicitado en varias oportunidades el programa de Afectividad y Sexualidad que se imparte a los niños desde segundo básico, sin tener respuesta.
El psicólogo “octubrista” de primer y segundo básico al que acusan de hacer charlas de diversidad sexual
Algunos de los apoderados consultados por El Líbero señalan que también ha habido reclamos en la dirección del colegio hacia uno de los orientadores que trabaja principalmente con niños de primero y segundo básico.
Se trata del psicólogo José Tomás Donoso Krauss, que según su cuenta de Linkedin es coordinador del equipo de orientadores desde donde define “las acciones de mejora en el proceso formativo de los estudiantes, atendiendo a sus necesidades y los desafíos del contexto en el que nos encontramos”.
Asimismo, es psico orientador de primero y segundo básico desde 2015, donde sus funciones son “contribuir a los educadores en el desarrollo de habilidades para la promoción de la salud mental de los alumnos, orientar a padres con acciones concretas que favorecen la prevención, abordar junto al profesor jefe temas formativos emergentes de su curso, acompañar al profesor jefe en la implementación de estrategias acordes a la realidad de su curso, e intervención individual con alumnos que requieren apoyo socio-afectivo”.
Algunas denuncias apuntan a que supuestamente haría charlas de diversidad sexual a estos niños y que a veces los sacaría de clases sin el conocimiento ni la autorización de los padres.
“Pacos culiaos” y “Renuncia Piñera”: los mensajes en redes sociales del psicólogo del San Ignacio
Asimismo, algunos apoderados han denunciado a la dirección del colegio el contenido de sus redes sociales, que a juicio de ellos sería “inadecuado”. Y es que José Tomás Donoso es un asiduo usuario de Instagram, en donde posee una cuenta abierta al público.
Ahí tiene un extenso registro de fotos tomadas por él en Plaza Baquedano y sus alrededores en medio del estallido del 18-O. En algunas se ven iglesias quemándose, enfrentamientos entre carabineros y la denominada “primera línea”, rayados glorificando al llamado “Perro Matapacos”, entre otras cosas.
Muchas de sus fotos las subió con los siguientes hashtags: #pacosculiaos #ACAB #1312 #libertadalospresosdelarevuelta #renunciapiñera.
A juicio de los apoderados que denuncian estos hechos, es inaceptable que el orientador del colegio tenga publicaciones de este tenor en sus redes sociales, pues esos mensajes son violentos y no coinciden con lo que busca enseñar el establecimiento a sus alumnos. En ese sentido, señalan a El Líbero que en el pasado se ha sancionado a alumnos por el contenido que han subido a sus redes sociales personales.
Corte de Apelaciones rechazó recurso que el psicólogo presentó contra Carabineros
En diciembre de 2020, Donoso Krauss presentó un recurso de amparo en contra de Carabineros por un supuesto actuar desproporcionado de la policía uniformada.
En la acción, el psicólogo señaló que realizaba fotografías de manera aficionada y que el viernes 27 de noviembre de 2020, mientras caminaba por la calzada sur de la Av. Libertador Bernardo O’Higgins al lado del bandejón central y a la altura de calle Arturo Prat, el carro lanza aguas N°56 de Carabineros lanzó su chorro hacia donde él se encontraba, provocándole quemaduras en su piel y ampollas, por lo que debió acudir a un recinto de salud.
En el recurso pedía que se reconociera que existió una violación al derecho a su seguridad individual y solicitaba que Carabineros se abstuviera de emplear el carro lanza aguas con elementos químicos. Asimismo, solicitaba que se hiciera un sumario administrativo en la institución y que el Ministerio Público iniciara una investigación criminal en contra de quienes resulten responsables.
Pero el 17 de diciembre de 2020 la séptima sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso (ver aquí): “Los hechos que se traen a conocimiento de esta Corte y que se estiman como atentatorios de la garantía constitucional de la libertad personal y la seguridad individual, no constituyen antecedentes de una privación, perturbación o amenaza a los derechos de libertad personal y seguridad individual, en los términos en que se han definido en el motivo tercero, razón suficiente para desestimar el recurso deducido”.
Original de El Líbero
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