-¿Cuál es su evaluación general del proyecto del gobierno de la RUF?
-Creo que es un proyecto que en el fondo desactiva la ley Naín Retamal, ya que es una forma indirecta en que el Presidente de la República retrocede y cede a las presiones de Apruebo Dignidad para dejar sin efecto esa ley que se vio obligado a promulgar después de las muertes de carabineros.
-¿En qué aspectos retrocede?
-Verdaderamente me da la impresión que hay una ingenuidad en este proyecto, que tiene una carga ideológica muy fuerte y revela un desconocimiento de la realidad. Se nota que está hecho por gente inexperta que no sabe lo que pasa en las calles. Lo primero que hace es confundir la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas cuando enfrentan delitos y cuando enfrentan el desorden público. Y no hace la distinción.
En concreto, en su artículo seis establece que la policía tiene primero que identificarse, después disuadir y después usar en forma gradual la fuerza de las armas. Y si está previniendo un delito, significa que vamos a tener Ritas Olivares y Palmas todos los días porque los delincuentes están disparando antes de que el carabinero se baje del auto patrulla.
-Se ha criticado que la defensa de la propiedad queda más desprotegida.
-Lo que pasa es que limita el uso de la fuerza y las armas a cuando está en peligro el agente policial o una persona. Pero ¿qué pasa si se están robando un banco o incendiando La Moneda, o las estaciones de metro, o saqueando un supermercado? ¿Qué hace Carabineros? ¿Le reparte flores y caramelos? ¿Cuál es la actitud? No establece que pueda usar el arma para repeler un delito de esta naturaleza.
-¿Pero si hay delincuentes con armas sí puede repeler o no?
-¿Y qué pasa si están saqueando supermercados o incendiando la estación de Metro o incluso en La Moneda? Es decir, defiende el uso del arma solo para la defensa personal y no la defensa de la propiedad, de bienes nacionales de uso público o propiedad privada que deberían estar en el mismo estatus jurídico. Pero no reglamenta para nada esa situación, con lo cual deja a los incendiarios, a los saqueadores y a los ladrones en la medida que no anden con armas y no las vayan a usar. Porque es proporcional. Si ellos no disparan, pueden andar con ametralladoras y pueden estar saqueando, pero Carabineros no puede actuar.
-¿En materia de orden público que consecuencias tendría?
-Además de todo lo dicho, la identificación, disuasión, persuasión, establece también la proporcionalidad. Esto es, si mañana los manifestantes violentos -ya no en caso de un delito, sino de violencia callejera, de alteración del orden público- tiran piedras, Carabineros tendrá que tirar piedras; si tiran palos, tirar palos, y si tiran bombas molotov, tendrán que tirar bombas molotov.
Realmente es un absurdo en la forma como está planteado: siempre para disuadir y mantener el orden público, y para poder combatir los delitos, las policías tienen que tener un armamento superior; un poder de acción mayor que el que tiene el delincuente o los que están protestando porque de esa manera entra a jugar la disuasión. El criminal debe saber que la policía puede actuar con mayor severidad de lo que él puede hacerlo. Eso no se da.
-¿Cree que es un error del Gobierno que complica la agenda de seguridad?
-Yo le pediría al Presidente de la República, modestamente, que por favor retire ese proyecto, se haga asesorar por los abogados de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, ojalá por los generales y por los altos mandos para que el proyecto tenga alguna viabilidad y no signifique la derogación tácita de la ley Naín Retamal. Espero que no exponga indebidamente a que sigan matando a Carabineros con estas Reglas de Uso de la Fuerza.
Al igual como el presidente se dio cuenta de su error cuando firmó el día de la lesbiana para el 9 de julio, que es el día en que se conmemora la batalla de la Concepción y se hace el juramente por parte de todos los conscriptos a la bandera, espero que reflexione. Por favor, que reconozca él y la ministra del Interior el error de este proyecto, porque verdaderamente deja a la fuerzas policiales y armadas absolutamente restringidas.
-¿Pero no es muy distinto a la RUF del gobierno de Piñera?
-Creo que también la RUF de Piñera era absolutamente insuficiente. Y eso hace que el estado de excepción en La Araucanía, haya sido tan ineficaz, porque siguen quemando vehículos, bosque y todo. En el fondo eso obliga a las Fuerzas Armadas a mirar el cielo, porque si llegan a usar el arma se arriesgan no solo a ser procesados penalmente por la justicia civil, sino además a perder la carrera, quedarse sin sueldo y tener que pagar un abogado.
–¿No le parece correcto que la policía se identifique y diga que tiene armamento y que va a atacar?
-Vaya a preguntarle a la sargento Olivares, por favor. O a Daniel Palma. Además, es distinto. Si yo tengo que disolver una manifestación violenta, puedo identificarme. Puedo disuadir y decir: señores, les voy a tirar bombas lacrimógenas, el guanaco. Pero cuando se están cometiendo delitos, como echarle el auto encima, robar, saquear, perdóneme, pero el procedimiento establecido por la RUF solamente expone al carabinero a un balazo.
-¿Cómo piensa que el Gobierno y el Presidente están manejando el combate contra el crimen organizado?
-Pésimo. Como decía Lenin, un paso para adelante, dos para atrás. Realmente creo que lo que Boric está haciendo implícitamente es darle el gusto al Frente Amplio y a los comunistas, de derogar en la práctica la ley Naín Retamal, que él firmó bajo la presión de la muerte del cabo Daniel Palma, cuando el PC y el FA habían amenazado con ir al Tribunal Constitucional.
-Una infografía publicada en El Mercurio con información de la Fiscalía Metropolitana de Santiago Norte establece que hubo 482 de homicidios en 2022. Y de ellos 187 relacionados con el crimen organizado.
-Sí, claro. Acá se combinan tres cosas: ingenuidad, ignorancia e ideologismo. La nueva RUF parece un proyecto hecho por niñitos que vienen saliendo de la Universidad, trabajan en una ONG o por funcionarios muy bien pagados de ONU que nunca han manejado una ciudad o un país en términos de delincuencia. Y vienen a dar cátedra.
-Otro tema que pasó ahora es que un informe de Controlaría cuestionó la compra de Sierra Bella por precio injustificado. Cómo ex alcalde, ¿cuál es su opinión?
-Encuentro muy relevante el informe de Contraloría. Primero respecto a una operación que tiene un sobreprecio inédito. Y que en mi opinión es una típica operación del Partido Comunista para obtener financiamiento ilegal.
-¿De qué manera?
-Quedándose con la diferencia de precio. El señor compró en 2 mil millones y vendió en ocho mil. La diferencia de precio para mí no va a la alcaldesa, sino al Partido Comunista.
-¿Cuál es la relación del vendedor con el PC?
-A mí no me cabe duda que hay una relación. El otro aspecto importante de la consultoría es que cuestionan cuál es la capacidad del municipio para manejar una clínica de atención secundaria y terciaria con las complejidades que eso tiene. El rol del municipio es la atención primaria. Encuentro que es un buen informe y espero que aplique las sanciones correspondientes y que este tema vaya a la Justicia, de manera que se determine si hay algún tipo de fraude o delito o responsabilidad del municipio.
/Entrevista de Marcelo Soto, para Ex Ante
