Aunque la obligatoriedad del voto hará que el 7 de mayo salgan a votar muchas más personas que los 6,5 millones que participaron en la elección de la Convención Constitucional en mayo de 2021, el poco interés popular que ha generado la campaña para escoger a los miembros del Consejo Constitucional permite anticipar que la participación caerá respecto al plebiscito de 2022 y que aumentará el porcentaje de personas que votan blanco o nulo.

Además de confirmar que la gente siempre quiso que mejoraran sus condiciones materiales de existencia y que la demanda por remplazar la Constitución de Pinochet era una preocupación de la élite política y no de la ciudadanía, la caída de la participación será también una bofetada en la cara para un Gobierno que ha convertido la supuesta demanda por más participación política entre chilenos en un fetiche. Peor aún, será un golpe adicional a una élite política que parece incapaz de representar adecuadamente las demandas de la ciudadanía.

Uno de los determinantes más importantes de la participación electoral es la importancia que la gente otorga a lo que se está por elegir. En la segunda vuelta de 2021, cuando las opciones eran bastante polarizadas hacia los extremos de izquierda y derecha, salió a votar más gente que en la primera vuelta precisamente porque muchos decidieron que debían votar por el mal menor y así evitar la victoria de la opción que consideraban como lo peor que le podría pasar a Chile. Por eso, la participación pasó de 7,1 millones de personas (47,3% del padrón) en primera vuelta a 8,3 millones (55,6%) en segunda vuelta.

En contraste, en 2013, con votación voluntaria, cuando Bachelet se enfrentó a Matthei en segunda vuelta, la participación cayó de 6,7 millones en primera vuelta (49,4%) a 5,6 millones (42%) en la segunda vuelta. Entonces, tanto Bachelet como Matthei representaban opciones menos radicales que lo que la gente percibió en Boric y Kast en 2021.

La elección para el Consejo Constitucional del 7 de mayo no ha logrado entusiasmar al electorado. Después de largo y polémico proceso constituyente -en el que sobraron los escándalos- mucha gente ya no quiere saber nada de un nuevo proceso constituyente.

Muchos otros dan por sentado que la nueva Constitución va a quedar bastante parecida a la actual y que la Comisión Experta que actualmente redacta el primer borrador del texto dejará las cosas atadas y bien atadas. Luego, importa poco la composición del Consejo Constitucional, porque esa será una fiesta donde todos los invitados lleguen con bozal, camisa de fuerza y cinturón de castidad.

La multiplicidad de chaperones -entre los que destacan la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad- limitarán significativamente la capacidad de decisión del Consejo Constitucional. No por nada, la mayoría de los políticos con aspiraciones de poder optaron por no presentarse a esa elección. Si los que saben prefirieron saltarse esa oportunidad de competir, muchos votantes también optarán por dejar pasar la oportunidad de votar el 7 de mayo. Otros, temerosos de la posible multa, irán a votar, pero dejarán su voto en blanco o lo anularán.

Las consecuencias de una alta abstención o una votación significativa por el voto nulo o blanco golpearán la legitimidad del proceso constituyente. Es más, si la abstención es muy alta, aumentarán las dudas sobre cuál será el resultado de la votación en el plebiscito de diciembre. Lo peor que le podría pasar a Chile es terminar el año con el tema del proceso constituyente todavía sin resolver.

Pero una baja participación y un nivel alto de votos blancos y nulos golpeará también a la élite política nacional. Tanto el Gobierno como los partidos políticos perderán legitimidad pública si la votación que reciben disminuye respecto a lo que recibieron en la elección de 2021.

La decisión del Gobierno de abstenerse de participar en la campaña de candidatos oficialistas para la elección del 7 de mayo permite anticipar que cree que tiene más posibilidades de perder que de ganar ese día. Es cierto que La Moneda también pudiera apostar a que, mientras menos gente vota, más pesarán los izquierdistas más leales que saldrán a votar el 7 de mayo. Pero es igualmente cierto que, con baja participación, aquellos que están más decididos a castigar al Gobierno y los que quieren potenciar las candidaturas más radicales de derecha también pesarán más si la participación es menor.

Sea como fuere, si las elecciones son una fiesta de la democracia, parece que tenemos que comenzar a prepararnos para asistir a una fiesta que será especialmente aburrida, poco significativa y con poco público. Peor aún, sus consecuencias pueden terminar siendo especialmente dañinas para un Gobierno debilitado y para una clase política que parece incapaz de representar las demandas de la población.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero

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