Las últimas encuestas muestran un panorama desolador para el gobierno de Gabriel Boric: la criminalidad es la principal preocupación de la ciudadanía, seguida de la inmigración. La situación económica es mala y se percibe empeorando, el desempleo sigue alto, muy poca gente presta atención al tema constitucional y el apoyo al Presidente Boric está en el 30%.
Como si esto fuera poco, ya no es posible ocultar las diferencias entre los grupos que sustentan al Gobierno. Apruebo-Dignidad ha adoptado la estrategia comunista de tener un pie adentro y otro afuera del gobierno. El pie adentro es la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales (Jeannette Jara es la única que le lleva buenas noticias a Boric); el pie afuera es la Ley Naín-Retamal. El llamado Socialismo Democrático es la contracara: Carolina Tohá baja su aprobación en 17 puntos porcentuales como cara visible de la situación de orden público, que estrena ahora ataques de grupos armados (presuntamente narcotraficantes) a una comisaría de Carabineros en Calama. Ana Lya Uriarte, enferma, no apoyaba la gestión legislativa.
El problema es que en diecisiete días más hay elecciones, y pese a que pudiera ser contraintuitivo, aparentemente la lista de Apruebo-Dignidad y el PS superaría claramente a la del PPD, PR y DC, partidos que, con razón, empiezan a mostrar desafección hacia un Gobierno que los trata tan mal.
Esa debió ser una de las razones de Gabriel Boric para nombrar a Álvaro Elizalde ministro de la Segpres reemplazando a Ana Lya Uriarte. Tiene experiencia legislativa, una lealtad probada a la izquierda más dura desde que apoyó la defenestración de Ricardo Lagos y su respaldo a la Constitución de la Convención. Pese a ello, es moderado en las formas, presidió el Partido Socialista y el Senado, donde se la jugó por un nuevo proceso constituyente. Eso puede al menos guardar las apariencias entre quienes desean ver algún componente socialdemócrata en este gobierno.
Su prueba de fuego será su capacidad para secundar a Carolina Tohá en la búsqueda de acuerdos. En materia de seguridad pública en la agenda Coloma-Mirosevic y en materias económicas en los temas tributarios, de pensiones y salud.
Pero hay algo más: en ciertos temas, quizás los que tienen menor carga simbólica o necesidad extrema, el gobierno del Presidente Boric empieza a mostrar cierta dosis de realismo, sin apellidos.
En materia de migraciones Luis Eduardo Thayer, otrora uno de los campeones de la inmigración como derecho, declara esta semana como director de Migraciones que es partidario de que el ingreso clandestino lleve, de la forma más pronta posible, a la expulsión. La aprobación del proyecto Los Bronces Integrado, con una inversión de 3.500 millones de dólares y tecnologías de explotación de última generación, viene a apuntalar la alicaída formación de capital en el país y a tonificar las arcas fiscales.
Veremos si una mayor flexibilidad en las tasas de royalty supera el dogmatismo de aquellos que opinan que es una aberración que “apenas” se contribuya con el 40% de la utilidad y tenemos también en los próximos días un acuerdo legislativo en esta materia.
El plato fuerte en la agenda económica está en los temas tributario, pensiones y eventualmente salud. Respecto a los impuestos, el Gobierno tiene que entender que en momentos como el que vive el país no puede hacer una reforma tributaria que grave fuertemente el capital con impuestos patrimoniales y a la retención de utilidades, y además descapitalizar a las pymes. Los esfuerzos deben estar dirigidos a ampliar la base tributaria a gran número de sectores y personas que hoy no tributan, y no a satisfacer la lista de deseos de los inspectores de impuestos internos que quieren seguir exprimiendo a quienes siempre han pagado impuestos.
En materia de pensiones, el Gobierno parece haber abandonado la peregrina idea de las cuentas nocionales, lo que es positivo. Debe dejar de lado también la pretensión de monopolios estatales en la recaudación y gestión de inversiones y asegurar que el esfuerzo de mayores cotizaciones vaya fundamentalmente al ahorro individual.
Por último, en salud, debe desactivar la bomba que entre el director de Fonasa y el superintendente de salud han armado contra el parecer de la ministra y las personas de cualquier sector político que tienen alguna experiencia de gestión; y que por la vía de exigir a las Isapres pagar 1.400 millones de dólares en compensaciones y no permitir ajustes en precios bases, harían quebrar la salud privada comprometiendo no sólo a las Isapres sino a prestadores, médicos y personal de atención. Todo a cambio de la promesa de un Fonasa Plus, que sólo está en la mente de su director, prueba de lo cual es la virtual bancarrota del sistema inglés de salud con seguro único estatal. Lo paradojal de esta reforma sería que nadie ganaría en materia de salud, pues el sistema público sería colapsado por más de tres millones de personas que aumentarían las listas de espera. El gobierno necesita un baño de realismo y realismo sin apellidos.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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