La Corte Penal Internacional (CPI) informó este viernes que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.
La sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023. Es por esa razón que dicho escrito se conoció hoy.
La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.
Y subrayaron: “La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”.
Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.
“Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores”, resalta el escrito; al tiempo que agrega: “Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.
Además, se tuvieron en consideración los testimonios de “trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas”.
La CPI informó que la Sala de Cuestiones Preliminares I dictará una decisión tras “examinar y evaluar detenidamente” todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de las víctimas.
El informe
En un contundente informe con fecha al 30 de marzo, que se titula “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1″, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
“La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, rechazó el informe. En el documento, el fiscal Karim Khan ratificó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.
“Desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”, subrayó.
La Fiscalía sostuvo que no se trata de temas aislados, si no que, por el contrario, “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado sistemática y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Khan indicó que encontró una base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además, denunció que el chavismo “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.
El contexto
El pasado 1 de noviembre, Khan solicitó a la sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas. Dos semanas después, la sala pidió a Venezuela presentar sus observaciones sobre el pedido del fiscal.
El 1 de marzo, Khan recibió unas observaciones presentadas por Venezuela, a las que respondió en un documento transmitido a Caracas el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, Venezuela pidió más tiempo para contestar y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente”.
El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal venezolano “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la sala la decisión de dar o no más tiempo a Caracas y autorizar los puntos a los que puede responder.
El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal “solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la sala” y que ésta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”.
En este sentido, la sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que Caracas “no podría haber anticipado” y por eso tenía hasta el 20 de abril para responder. Algo que hasta el momento no hizo.
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