Una decena de funcionarios de la Municipalidad de Vitacura fueron notificados durante la jornada de este jueves respecto de la formulación de cargos en el marco del sumario que abrió la Contraloría en 2021 para indagar el traspaso de recursos públicos a las corporaciones “Vita”. En el listado estaba el exalcalde Raúl Torrealba, a quien se le responsabiliza por “infracciones graves al principio de probidad”, la máxima imputación en el plano administrativo, y que le habría costado -si hubiera estado en ejercicio- su destitución, es decir, el castigo más alto al vinculársele a actos de corrupción.
En la indagatoria administrativa, que también se siguió en contra de la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, acreditó irregularidades en el actuar del exjefe comunal respecto del erario municipal. Es así como los fiscalizadores lograron corroborar la circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina de Torrealba, quien, a su vez, luego ordenaba a su chofer para que le depositara dichos montos en sus diversas cuentas bancarias. La Contraloría hace especial énfasis en estos sobres y que el mismo alcalde instruía que entre las labores de su conductor estuvieran estos trámites financieros.
Los antecedentes fueron enviados por el contralor Jorge Bermúdez al fiscal Francisco Jacir. Este último investiga a Torrealba en el plano penal, y en las diligencias que ha desarrollado, tales como interrogatorios, surgen antecedentes en la misma línea de lo detectado por el ente fiscalizador. Un informe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI que está en el expediente del Ministerio Público arrojó que la exautoridad entre sus cuatro cuentas corrientes tiene depósitos en efectivo por $527.000.000 entre 2011 y 2021. Si bien los bancos aún no han entregado la totalidad de la información, en las operaciones en las que existen registros las gestiones eran realizadas por Luis Jara Gallardo y Ulises Quintana Castro, ambos conductores destinados en el gabinete del exalcalde Torrealba.
“Normalmente los depósitos se realizaban en el Banco de Chile. En algunas oportunidades el alcalde Torrealba me entregaba una suma de dinero para depositar en un banco y le entregaba otra suma de dinero a Ulises Quintana (el otro chofer) para que la depositara en otra cuenta bancaria”, aseguró Jara a la PDI.
El mecanismo
La formulación de cargos por parte de Contraloría también aborda otra infracción cometida por el otrora jefe comunal relativa a la entrega de subvenciones. Por una parte, se detectó que Torrealba utilizaba a un tercero para estos trámites, siendo que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece expresamente que dicha entrega de recursos es indelegable del alcalde. Junto con esto, la normativa establece que la transferencia debe contar con la aprobación del concejo. Pese a estas dos obligaciones, Torrealba entregó esta facultad a su director de administración y finanzas. Este último entregó dinero público a, al menos, tres corporaciones sin que existiera contrato alguno como mandata la ley. En ese ámbito, nuevamente, cometió una ilegalidad en el plano administrativo.
Torrealba dejó el cargo a mediados del 2021, luego de que no pudiera volver a competir por la alcaldía de Vitacura. Esto debido a una ley que impide la reelección por más de tres periodos, como era su caso. Tras su salida asumió Camila Merino, quien al poco tiempo, y luego de conocer de voz de su entonces jefe jurídico sobre las irregularidades, decidió presentar una querella ante la justicia. De hecho, esta semana en su cuenta pública la alcaldesa apuntó a este caso y aseguró que “estos delitos e irregularidades no van a quedar impunes”.
Aparte de Torrealba fueron sancionado su exestrecha colaboradora Antonia Larraín -y quien destapó el sistema de entrega de dineros-, además de José Bucarey director de administración y finanzas, Natalia Ortiz, subdirectora de finanzas, Patricia Bravo, directora de control, entre otros funcionarios de la administración del ex RN.
Los cargos formulados respecto a infracciones graves al principio de probidad llevan aparejada como sanción la destitución. Ahora, sin embargo, comienza la etapa probatoria del sumario y la defensa de Torrealba podrá hacer sus descargos. Con todo, quienes conocen el derecho administrativo sostienen que ante este tipo de conductas no queda otra sanción que la más alta. Pero como Torrealba ya no es autoridad, si no logra revertir el sumario quedará impedido de ejercer cargos por los próximos cinco años. A eso se suma lo que suceda en el ámbito penal, donde el fiscal Jacir estudia su formalización.
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