Con una orden judicial en mano, emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, llegaron a primera hora de este viernes funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI a los domicilios registrados por los tres tasadores que participaron en la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella y que fueron contratados por el municipio de Santiago que dirige la alcaldesa Irací Hassler (PC). Esta es la primera vez que el fiscal Patricio Cooper, quien encabeza el caso por presunto fraude al Fisco, solicita a un tribunal una medida intrusiva.
Pasadas las 6:30 de la mañana los policías ingresaron al domicilio de la arquitecta María José Sepúlveda en la comuna de San Bernardo. El juez Héctor Caro permitió que los efectivos incautaran de manera forzosa todos los dispositivos tecnológicos que hubiera en la casa de la profesional, una de las que participó del proceso de valorización del edificio ubicado en calle Sierra Bella llegando a un valor de más de $ 8 mil millones, compra que fue objetada por Contraloría, ya que se determinó que ese precio estaba “injustificado”, lo que hizo que la propia alcaldesa echara pie atrás con su proyecto de la “primera clínica comunal” del país.
Conocedores de la diligencia sostienen que tras el registro se incautaron un iPhone, un iPad, un disco duro, un pendrive, dos notebooks, un macbook y documentos encontrados en lo que habría sido la oficina de la arquitecta.
A la misma hora otro grupo de la brigada especializada ingresó a la casa de Elsa Cárcamo Valencia, otra de las tasadoras, ubicada en Providencia, haciéndose los policías de todos los dispositivos electrónicos de la profesional.
No estaba en su casa
El único problema que hubo, en medio de esta diligencia, fue respecto al tercer arquitecto que hizo su tasación de la Clínica Sierra Bella. Se trata de Patricio Gajardo Rocha. Los PDI llegaron hasta su domicilio en San Joaquín mostrando la orden judicial que tenían y desde ahí incautaron dos celulares, un pendrive, un disco duro externo y documentación. Al interior del lugar no se halló al imputado, por lo cual los detectives se comunicaron telefónicamente con él, quien les explicó que estaba de viaje en Talca. Fue ahí donde acordaron la entrega voluntaria de su computador y su celular en la Brigada de Delitos Económicos de esa ciudad, lo que se concretó al mediodía.
El objetivo de estas pesquisas es establecer si existía una relación entre los profesionales, en que hubieran acordado los resultados, o con algunos de los actores partícipes de la fallida y polémica compra. Las sospechas se fundan en que los tres llegaron a rangos similares de más de $ 8 mil millones, siendo que un mes antes de las pericias el dueño de la Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, lo estaba ofertando en un portal al valor mercado de $ 2.194 millones.
La arquitecta María José Sepúlveda tasó el inmueble en $ 8.304.902.356, el precio más alto de los tres profesionales. En el caso de Patricio Gajardo Rocha, el también arquitecto llegó al valor de $ 8.257.244.342. Por último, y con la tasación más baja, Mylena Cárcamo Valencia dio un precio proyectado de $ 8.207.718.078 por el inmueble donde se instalaría la clínica municipal.
A esto se suma la diligencia de entrega voluntaria de teléfonos y notebooks en la Municipalidad de Santiago. Un acta de la PDI establece que la alcaldesa Hassler ese día manifestó no poseer celular institucional y se negó a la entrega del personal. Durante la jornada de este jueves se supo, a través de un requerimiento de transparencia, que sí tenía uno asignado con recursos fiscales. Fuentes policiales aseguraron que se insistirá en dicha entrega y que la jefa comunal deberá explicar dicha contradicción.
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