“Tienen que dar las explicaciones frente a la justicia”. Era 14 de abril y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunciaba que presentarían una querella en contra de los tasadores encargados de realizar el avalúo de la ex Clínica Sierra Bella. Este jueves, la autoridad municipal concretó la acción judicial e ingresó el requerimiento en contra de los tres arquitectos. La estrategia judicial seguida por la jefa comunal, sin embargo, es cuestionada por abogados penalistas, quienes incluso califican la acción como “imprudente”, al ser ella a la vez imputada en la misma causa.
El anuncio de abril de Hassler se dio un día después de que la Contraloría determinara que “no cauteló el correcto uso de recursos públicos” en la compra del recinto que sería la primera clínica municipal de la comuna. Desde entonces, 28 días pasaron hasta que la administración municipal concretó la medida en contra de los tasadores a quienes responsabiliza de los presuntos delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.
La querella fue presentada en contra de María José Sepúlveda, Mylena Cárcamo y Patricio Gajardo, arquitectos que fueron contratados por la municipalidad para tasar la propiedad ofrecida por la Inmobiliaria San Valentino, a quien la Municipalidad de Santiago ofreció más de $ 8 mil millones por el edificio ubicado en la calle Sierra Bella. Lo que generó los cuestionamientos de parte del órgano contralor.
El tema es que no se presentó por una vía paralela, sino que en la misma causa que tramita el fiscal Patricio Cooper, quien ya ha dirigido diligencias directas a Hassler y excolaboradores, como por ejemplo solicitar acceso voluntario a sus correos y celular institucional, pesquisas que se realizan respecto a quienes son blanco de una investigación penal. También los querellantes la sindican como sujeto de interés en la causa y piden que declare como imputada.
¿Una estrategia errada?
La acción judicial presentada por Santiago levanta reparos en los abogados penalistas, debido al rol de Hassler como imputada en la causa. Para Octavio Sufán, socio de Garrido & Sufán Abogados, es discutible que este tipo de querellas puedan presentarlas las municipalidades, ya que aquello no está expresamente en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pese a eso, explica que “teniendo la alcaldesa calidad de imputada y pudiendo colaborar con la acción de la justicia, no parece prudente que se haya querellado el municipio en circunstancias que tienen la obligación legal y constitucional de colaborar con la acción de la justicia”.
Por lo mismo, a su juicio, el “pretender ostentar una doble calidad, de imputada y a su turno también de querellante, es a lo menos imprudente e inconducente. Si el ánimo es colaborar, lo podría haber hecho de todas maneras, sin presentar querella, es el deber de todo funcionario público”.
Catherine Lathrop, abogada penalista, califica como una “estrategia errada” que la querella haya sido en la misma causa. Lo anterior, porque no se considera el inciso final del Artículo 109 del Código Procesal Penal, el cual establece que “los derechos de la víctima no pueden ser ejercidos por quien es imputado en la misma causa y básicamente por el mismo hecho investigado, que en mi opinión es la limitante”, explica la abogada.
Lo anterior, porque si bien la querella fue ingresada por Julia Panez, directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio a nombre de la entidad municipal, Lathrop afirma que “lo hace la Municipalidad gobernada y administrada por ella, por lo que parece que en este caso se da la limitación, sin perjuicio de las discusiones al respecto”.
Ante esto, la penalista concluye que “la norma es clara en sentar un principio, cual es que no se puede presentar querella, entre otros derechos que no pueden ejercerse, en una investigación en donde se es imputado por el mismo hecho, de suerte que en aquella investigación corresponde ejercer los derechos en aquella calidad de imputada aportando antecedentes para su defensa y no, en consecuencia, los derechos de víctima, por lo que la querella debiera ser cuestionada desde su admisibilidad”.
El camino de la medida
Pese a los cuestionamientos que existen en el mecanismo utilizado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó admisible este viernes la querella de la entidad municipal, dentro de la misma causa penal que investiga la compra de la ex Clínica Sierra Bella.
La decisión del tribunal se explica, a juicio de la directora de Derecho Penal de la UDP, Alejandra Castillo Ara, porque siempre se puede interponer una querella salvo delitos puntuales. Pero pese a eso, plantea la académica, existe otro escenario complejo por delante, porque “puede ser que un fiscal decida acumular las causas porque son causas que tienen hechos relacionados y probablemente prueba vinculada, pero eso es bien anómalo porque el fiscal al final estaría representando dos víctimas que en el fondo estarían teniendo ‘fuego cruzado’”.
En esa línea, el penalista de BCP Abogados, Matías Balmaceda, plantea que ante ese escenario “será labor del Ministerio Público entender si, eventualmente, separa o no las investigaciones donde ella es querellante de aquella donde Hassler es imputada. En ese orden de cosas, pareciera ser razonable que esta investigación esté en un orden por separado”.
“Manotazo de ahogado”
Pero los abogados no sólo cuestionan el mecanismo utilizado por la entidad municipal para presentar las querellas, sino también el fondo de estos recursos. Y es que para Ignacio Ried, socio de Quintana, Ried y Flores abogados, “al tomar la decisión de querellarse en contra de los tasadores, la defensa de la alcaldesa asume que hay un problema con el precio”.
Por lo mismo, apunta que desde el punto de vista penal, la alcaldesa sí puede querellarse en la misma causa, “sin embargo, desde afuera esto se ve como una estrategia desesperada, como un manotazo de ahogado, se ve como una querella completamente instrumental, porque resulta poco verosímil este tipo de imputaciones, dado que ella misma negoció el precio y debía saber lo que estaba comprando”.
Y ante la supuesta estafa que la municipalidad acusa a los tasadores, el abogado Balmaceda plantea que “es bastante complejo que tres tasadores se pongan de acuerdo para emitir informes falsos con la finalidad de que se promueva la venta de un negocio, algo poco real si pensamos que a los tasadores se les paga un valor por efectuar una tasación que no dice relación con el precio de venta”.
Basándose en aquellos argumentos, el penalista agrega que “entender que la alcaldesa o el municipio pudieran haber sido engañados por los tasadores, a mi modo de ver, parece ser algo bastante complejo de acreditar y alejado del sentido común y de cómo ocurren las cosas por regla general”.
Cuestionamientos al fondo de la querella también lo plantea Lathrop, quien sostiene que si estas están señalando expresamente que “la misma Municipalidad solicitó la tasación a tres profesionales independientes e idóneos para llevar adelante su compra, en principio el argumento me parece un distractor, pues se cuestionan las tasaciones reparadas por la Contraloría, las que hasta que se hizo conocida la compra con todos los cuestionamientos públicos a la misma y se inició la investigación original, las tasaciones que dan pie a la querella fueron defendidas de una manera bastante férrea por la misma Municipalidad”.
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