La justicia colombiana desbarató a una banda familiar, conformada por al menos siete personas, por su presunta implicación en un caso de explotación sexual de mujeres jóvenes que habrían sido engañadas para trabajar en Chile.
Según la investigación de la Fiscalía de Colombia, estas mujeres eran reclutadas en «sectores marginales» de Manizales y, posteriormente, trasladadas a Puerto Montt, Osorno y Temuco, donde les retenían sus documentos y les obligaban a trabajar en prostíbulos.
«Con falsas expectativas laborales las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente«, indicaron.
Además, se les imponía una deuda que comenzaba en $5 millones, correspondiente a los gastos de los pasajes, y que aumentaba con los gastos de manutención en Chile. También se les habría cobrado multas por no acceder a peticiones sexuales.
«Permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web», informaron.
En total, la Fiscalía colombiana acreditó un total de 27 víctimas, las que también eran obligadas a grabar vídeos de contenido sexual explícito para luego ser extorsionadas, ya que las amenazaban con que dicho material sería enviado a sus familiares.
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