En el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua se inició la mañana de este lunes el juicio en contra de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, y en contra de su esposa, Natalia Compagnon, por delitos tributarios dentro del llamado caso Caval.
Esta arista se remonta a los años 2012 y 2013, cuando Compagnon fue acusada de la supuesta venta de asesorías e informes falsos. El empresario Gonzalo Vial Concha – dueño de Inversiones Graneles- presentó entonces una querella en contra de Caval.
El caso se inició luego de una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de venta y compra de terrenos que realizó la empresa Caval en Machalí, Región de O’Higgins. En julio de 2018 Natalia Compagnon fue condenada por delitos tributarios y su socio Mauricio Valero fue absuelto ante una imputación de soborno, en la arista madre del caso. Entonces el Ministerio Público, logró salidas alternativas para los otros 11 formalizados, por lo que solo Compagnon y Valero llegaron a esta instancia.
En octubre de 2022 se rechazó el sobreseimiento de los imputados, pese a que el empresario Gonzalo Vial Concha retiró su querella tras alcanzar un acuerdo con Compagnon y Mauricio Valero.
La anterior defensa de Compagnon presentó un recurso de amparo acusando una supuesta vulneración de garantía constitucionales de la cientista política. El Ministerio Público explicó, que si bien la defensa de Compagnon fue asumida formalmente ahora por Carlos Fierro, también abogado de Dávalos, debía postergarse el inicio del juicio a fin de conocer la resolución respecto de ese recurso por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El Ministerio Público no formuló acusación en contra de Valero, sin embargo, la acusación en contra del fundador de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada fue sustentada por el Consejo de Defensa del Estado. Valero, al igual que Dávalos y Compagnon estuvo conectado en forma telemática. Según la fiscalía, el consultor no podía estar presente en la sala mientras no preste testimonio en calidad de testigo.
Al desestimarse las incidencias planteadas, se les informó a los imputados la acusación.
La presunta estafa
La empresa Caval ofreció asesorías en gestión de proyectos al empresario Gonzalo Vial Concha -hijo del fundador de Agrosuper, el mayor productor de proteína del país. El 1 de febrero de 2012, Caval Ltda. e Inversiones Graneles del Sur firman un primer acuerdo de representación por un monto de $162 millones, relacionados al desarrollo minero y portuario.
Caval realizó un total de ocho informes relacionados con temas mineros sobre materias técnicas no incluidas en el acuerdo que fueron facturados a Inversiones Graneles Ltda por un total de $1.000.000.000. En paralelo -según la querella que Vial Concha retiró-, Caval ofreció sus asesorías también en temas de seguridad y detección de fraudes. Así se le entregó información de maquinaciones de ejecutivos que supuestamente buscaban defraudar sus empresas. Sin embargo, según Vial Concha, dicha información era falsa, inventada, de manera que le hacían pensar que los ejecutivos de su empresa lo estaban defraudando. En definitiva, el empresario sostuvo que por medio de un ardid se obtuvo información de los servidores de Inversiones Grandes Ltda. que posteriormente fue alterada para señalar que sus trabajadores estaban defraudando a la empresa y así pagar altas sumas de dinero por informes y asesorías confeccionadas por Caval.
“Acepté pagar sumas de dinero considerables por los informes y estudios que Caval vendía a Inversiones Graneles. Por último, estos pagos fueron realizados como consecuencia del error a que me movieron las informaciones falsas que me entregaba Caval y constituyen la causa directa del perjuicio económico sufrido por Inversiones Graneles”, sostuvo Gonzalo Vial Concha.
El Ministerio Público expuso que los imputados Dávalos y Compagnon concretaron una “simulación” y una “puesta en escena” para engañar a Vial Concha.
En la apertura del juicio de este lunes, el fiscal de Análisis Criminal de O’Higgins, Francisco Caballero, detalló además de la acusación de plagio, explicando que presentaron al cliente ocho informes elaborados a partir de documentos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el sitio del Congreso Nacional. “Utilizaron obras de dominio ajeno y las pasaron por propias”, explicó el persecutor para justificar la acusación por delitos en contra de la normativa sobre propiedad intelectual.
Caballero reconoció que “dificulta el juicio” la decisión de la víctima de retirar su querella. En ese sentido, el persecutor destacó que “el perjuicio existió” y eso fue lo que motivó al Ministerio Público a oponerse al sobreseimiento. Ese “menoscabo patrimonial”, según dijo, se acerca a los 1.300 millones de pesos.
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