El próximo jueves 1 de junio, el Presidente se dirigirá al país en su segunda cuenta pública. Suponemos que será la ocasión de comunicarnos que plan tiene para el desarrollo de Chile; cuál es la orientación que ha decidido darle a su Gobierno tras las dos derrotas sufridas y con cuál alma gobernará. Ante esa encrucijada, cabe preguntarnos si seguirá en la ambivalencia, si le hará caso al FA y al PC que quieren radicalizar al gobierno, o si va a optar por la moderación, haciendo llamados a un verdadero diálogo con la oposición.
Reflexionando sobre las duras recriminaciones a Natalia Piergentili, por la forma y el lenguaje usado contra la falta de autocrítica del Gobierno tras la derrota del 7M, y su reproche a que sigan hablándole solo al 30% identitario que lo sostiene, es probable que no haya cambios y sigamos en la indefinición.
Aún más, Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social, el partido de Boric, en entrevista en La Tercera dijo que “para evitar que se consolide una mayoría conservadora, no podemos desdibujarnos ni abandonar el programa”, reiterando que está plenamente vigente “pues solo las transformaciones profundas pueden hacerse cargo del malestar profundo que vivimos en Chile”.
Estas dos realidades contrapuestas que ejercen un tironeo continuo entre la moderación y la radicalización sin que el Presidente se pronuncie decididamente por una opción, tienen al país a la deriva, sin claridad hacia dónde se encamina, con una economía estancada, con un altísimo nivel de violencia criminal, a lo que se suma un recrudecimiento reciente de acciones terroristas en la Macrozona Sur y sin que se vea una decidida acción por parte del Gobierno para superar este estancamiento generalizado del país.
Lo que mostrará Boric como grandes logros de sus 14 meses de gestión son la ley de las 40 horas, que no es la original de Vallejo y Cariola, sino que se aprobó una versión con flexibilidad laboral del gobierno pasado y la ley del royalty minero.
Respecto a la primera iniciativa, cabe preguntarnos si Chile necesitaba disminuir la jornada laboral a 40 horas, cuando la productividad del país en 2022 cayó entre 3,4% y 3,6%, perdiéndose todo lo que había crecido en 2021, volviéndose a acercar a la tendencia que mostraba hace por lo menos 15 años. Y a esto hay que sumarle el aumento de costos de producción por las horas extras o las contrataciones adicionales que pymes y demás empresas tendrán que hacer para mantener su nivel de competitividad.
En cuanto la ley del royalty, lamentablemente terminaron imponiendo un porcentaje más alto del que existe para la minería en Perú y Australia, quedando así el país en una situación desventajosa frente a esos dos relevantes países competidores. Y está por verse qué harán con las reformas tributaria y de pensiones, que hasta el momento no cuentan con el apoyo de la oposición, de no introducirles cambios significativos.
En resumen, el gobierno está al debe. Al debe en enviar al Congreso los 12 proyectos de ley que se comprometió con la oposición para combatir la delincuencia; en economía, que no muestra signos de reactivación, con el consecuente aumento en el desempleo, que llegó al 8,4% en el último trimestre; en educación sin que exista preocupación por los alumnos que no vuelven al colegio ni por lo que afecta al Instituto Nacional; en salud, con un importante aumento en las listas de espera y la grave crisis del sistema Isapres; en vivienda y reconstrucción de los incendios del verano, solo por nombrar los déficits más urgentes.
Lamentablemente, lo que veremos hacia adelante es un gobierno volcado a celebrar los 50 años del 11 de septiembre de 1973, tratando de reivindicar la figura de Salvador Allende, lo que esperemos no termine polarizando al país.
Si el Presidente quiere dejar un legado, debería decidirse a gobernar pensando en que millones de chilenos, tanto el 4S como el 7M manifestaron un clarísimo rechazo a la refundación del país y a su programa. Si no lo hace, serán cuatro años para el olvido.
/Escrito para El líbero por Jaime Jankelevich, Bioquímico y consultor
