El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició al Ministerio de Salud por el caso de una guagua de 2 meses que murió producto de un cuadro de neumonía grave asociado al virus respiratorio sincicial en San Antonio, Región de Valparaíso.
El hecho ocurrió en el Hospital Claudio Vicuña, desde donde informaron que la única cama UCI pediátrica que quedaba estaba en Arica.
Enviado por la directora del INDH, Consuelo Contreras, a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el oficio exige saber las medidas adoptadas por el recinto asistencial antes y después del fallecimiento; lo que hizo la Subsecretaría de Redes Asistenciales previo a la muerte; y la tasa de mortalidad por el virus sincicial en los últimos 5 años, en especial lactantes.
También busca conocer cuántas personas se han derivado para mejor atención durante 2023; cuántas camas críticas se han reconvertido de marzo a mayo en las redes pública y privada y las medidas de Salud para informar sobre prevención de virus respiratorios.
Contreras acusó que «lo ocurrido nos recordó de un modo que no quisiéramos la obligación del Estado de asegurar a todas las personas el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental».
«Nuestro país es parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que plantea entre los deberes de los estados reducir la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. La muerte de esta niña tan pequeña nos parte el corazón y no queremos que esta injusticia tenga que ser enfrentada por otras familias en el país», agregó.
El INDH recordó que en 2016 recomendó al Estado «optimizar el funcionamiento adecuado de la red asistencial de servicios de salud con el fin de garantizar el acceso a la salud de toda la población del territorio nacional».
Entonces, la entidad realizó dicha sugerencia al constatar que «la población de las regiones depende, de manera proporcionalmente mayor, de la atención de salud del sistema público y de la capacidad de este para dar respuesta a sus demandas».
Por ello advirtió «una inequidad en el acceso a salud de la población de regiones, que sólo cuenta con el servicio público, exceptuando a aquella que habita en las grandes capitales regionales».
Cabe señalar que a raíz del caso en San Antonio, se dio a conocer que el pasado 2 de junio una guagua falleció por la misma enfermedad en el Hospital de Quilpué. Aunque en este caso se gestionó una cama UCI en San Felipe, la paciente no pudo ser estabilizada y falleció antes del traslado.
Finalmente, el oficio enviado a Aguilera subraya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que la “inobservancia” de los derechos humanos puede conducir a graves consecuencias sanitarias.
/psg
