Fue en La Moneda que el Presidente Gabriel Boric recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras el encuentro, el Mandatario se refirió a los últimos hechos de violencia que han marcado al país: particularmente, a los ataques con artefactos explosivos a dos torres de alta tensión , en Valparaíso y Biobío, y la línea férrea en Ñuble.
“Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes hacen atentados, ponen bombas e intimidan a la población. Con quienes pretendan que a través de la violencia, de bombazos, van a poder conseguir algo, están profundamente equivocados. Les va a caer todo el peso del Estado, de la ley, y frente a ello el Estado chileno no tiene fisuras”, dijo de entrada el Presidente al ser consultado por lo ocurrido.
En la misma línea, y como método investigativo, se le planteó que se aplicara la Ley Antiterrorista, ante lo cual aseguró que “los países desarrollados que han tenido expresiones de este tipo cuentan con leyes antiterroristas modernas. El problema en Chile es que es ineficaz”. Luego, precisó que esta misma ineficacia ha quedado consignada por organismos internacionales.
“Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista; tenemos que tener una buena, moderna y eficaz”, añadió luego, adelantando que se ingresarán, durante el segundo semestre de 2023, modificaciones a la actual legislación.
Movimiento 18 de Octubre
Esta misma jornada se conoció a los posibles responsables de los ataques explosivos: de acuerdo a una publicación de El Ciudadano, sería el “Movimiento 18 de Octubre” el responsable de los hechos. En la publicación, mostraron el texto íntegro de reivindicación:
“Como Movimiento 18 de Octubre, nos hacemos responsables de los tres ataques con explosivos a infraestructura capitalista, sabotajes efectuados en Valparaíso por el Comando Mauricio Arenas Bejas, en Bío Bío por el Comando Lafkenche Pilmaiquen y en Ñuble por el Comando Luisa Toledo”.
Dentro de los motivos que impulsaron el ataque, apuntaron a la alta participación de militantes del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, encargado de redactar la nueva propuesta de Constitución; al “fracado de la primera Convención” y “la responsabilidad del Gobierno y del Partido Comunista” en ello.
Sobre el objetivo de la línea férrea, arguyeron que por allí “circulan sólo materias primas de la planta de la Celulosa Nueva Aldea de la empresa Arauco, del grupo Angelini“. Mientras que la torre de alta tensión en Los Alamos fue porque allí “se ubican las bases de Fuerzas Especiales de Carabineros y la Armada”.
Hacia el final del texto, exigieron “el retorno inmediato” de los prisioneros mapuche que, luego de secuestrar a funcionarios de Gendarmería en la jornada de votaciones pasadas, fueron redirigidos a otros centros penitenciarios del país.
“Un nuevo fantasma recorre Chile”, cierra la misiva.
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