El aumento de casos de influenza y de virus sincicial, así como el hecho de que las camas pediátricas UCI se encuentren al límite a nivel nacional -en algunas regiones la ocupación ya alcanza al 100%-, ha puesto otra vez al sistema de salud en una suerte de “tormenta perfecta”. Lo que parecía una pesadilla ya superada tras el amaine de la pandemia de coronavirus, ha vuelto a resurgir, con dramáticas escenas de menores hospitalizados en los pasillos esperando una cama crítica, o la tragedia del fallecimiento: seis menores han muerto hasta la fecha.

La Organización Mundial de la Salud ya venía advirtiendo sobre la anormal circulación de la influenza y el virus sincicial en el hemisferio norte, una consecuencia previsible luego del coronavirus, que prácticamente desplazó al resto de los virus respiratorios. Estos han brotado con fuerza, especialmente en los niños y lactantes, cuya memoria inmunológica se encuentra debilitada producto de la falta de exposición que implicaron las cuarentenas.

Es en este contexto donde se ha instalado la duda de si acaso las autoridades de salud lograron anticipar adecuadamente el fenómeno que se iba a producir, donde los cuestionamientos a nivel político han llegado al punto en que las bancadas de oposición, además de la Democracia Cristiana, exigen la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, o de lo contrario se podría acusar constitucionalmente a la ministra de Salud.

En esta fase puede resultar prematuro emitir juicios categóricos de si acaso las autoridades fracasaron en una planificación oportuna. Las despiadadas críticas que la entonces oposición formuló en contra del anterior gobierno no solo mostraron mezquindad, sino que dieron por sentado un prematuro fracaso de la estrategia sanitaria, algo que el paso del tiempo se encargó de desmentir. Es importante extraer las lecciones de dicha experiencia -irónicamente, algunos de los críticos más duros de entonces hoy son autoridades de Salud-, pero ello no obsta para ir desde ya interrogándose respecto de la estrategia que hasta ahora se ha seguido y el por qué hemos vuelto llegar a esta suerte de tormenta perfecta.

Las primeras señales sugieren que si bien las autoridades de Salud anticiparon que venía un cuadro complejo -en marzo se renovó el estado de emergencia sanitaria-, hay razones para pensar que no se anticipó la magnitud que podría alcanzar, lo que se tradujo, por ejemplo, en que recién la semana pasada se suspendieron las cirugías electivas pediátricas, o que la campaña de vacunación contra la influenza haya avanzado a un ritmo preocupantemente lento, sobre todo en aquellos segmentos de mayor riesgo, como tercera edad, con apenas el 55% vacunado. Tampoco se han visto activas campañas de prevención para sensibilizar a la población; asimismo, han ocurrido desprolijidades inconcebibles, como el hecho de que se acaba de develar que una de las menores que falleció y que no pudo contar con una cama crítica en la Región Metropolitana -disponiéndose su traslado a Arica-, pudo haber accedido a la Clínica Las Condes, la cual tenía algunas camas disponibles. A pesar de que la primera versión entregada por el subsecretario de Redes Asistenciales indicaba que se contactó a la clínica, luego se tuvo que reconocer que ello no fue así, lo que ahora es motivo de un sumario y ha provocado evidente incomodidad en La Moneda. Otros aspectos que se ha hecho ver es que la reconversión de camas a UCI pediátricas ha sido de momento insuficiente. Estos hechos deben ser urgentemente corregidos, y luego habrán de evaluarse las responsabilidades políticas.

Editorial del diario La Tercera

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