La economía está con cifras de crecimiento negativo. Si bien el ajuste ha sido menos fuerte de lo que algunos proyectaban, el primer trimestre la actividad se contrajo 0,6% anual y el Imacec de abril fue de -1,1%. Por el lado del gasto, el consumo cayó 4,8% y la inversión en 2,1%. Todo esto sumado al proceso de desaceleración que ya tuvo la actividad el año pasado y que está afectando la liquidez de las empresas.
Si este efecto ya tuvo su primer síntoma en abril, cuando las solicitudes de quiebras de empresas subieron 3,4% al registrar 91 casos, en mayo la cifra se disparó al anotar un incremento de 34% con 126 procesos en curso. Esta es la mayor alza desde septiembre de 2020. Al mirar las cifras entre enero y mayo de este año, hubo 475 casos frente a los 462 de 2022, lo que se traduce en un alza de 2,8%. Todo esto de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
La situación para las personas siguió esta misma tendencia. Los procesos de insolvencia tuvieron la mayor alza desde noviembre de 2020 al registra un aumento de 20% totalizando 216 solicitudes. Pese a esta alza, al mirar el acumulado del año, las cifras muestran una caída de 5,5% en 2023 en relación al mismo período de 2022: en número fueron 958 este año frente a 1.014 del año pasado.
El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, comentó que “al igual que en el caso de las liquidaciones de personas, la tendencia es que se están solicitando más procedimientos de este tipo, conforme avanzan los meses, pero no sería responsable aventurar proyecciones al respecto, más aún cuando, por ejemplo, al mirar los datos por tamaño de empresas, tenemos que casi un 40% de las solicitudes de liquidación fueron efectuadas por personas naturales que emiten boletas de honorarios, quienes desde el 11 de agosto tendrán como primera opción la renegociación”.
Asimismo, el Superintendente recordó que en los próximos meses también “tendremos una liquidación simplificada para micro y pequeñas empresas y personas, que con plazos más acotados y menos trabas burocráticas, permitirá que estas empresas puedan volver a reemprender en tiempos más cortos y las personas rehabilitarse financieramente, beneficiando de esta manera al engranaje de nuestra economía”.
Las advertencias de los expertos
Los expertos coinciden en que la primera razón de esta alza es algo que lo venían advirtiendo desde hace unos meses: cuando se vaya terminando la liquidez de las ayudas extraordinarias que se entregaron para sortear los efectos económicos que provocó la pandemia, la situación de las empresas iba a comenzar a flaquear. Y eso lo que afirman está pasando con estas cifras que muestra el informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
“Durante la pandemia nos acostumbramos a un sistema de ayudas que de alguna manera distorsionó al mercado, bonos, subsidios y acceso a créditos especiales, como también a los retiros de los fondos previsionales. Hoy esas ayudas no están, debiendo además empezar a pagarse dichos créditos”, sostiene Álvaro Lavín, abogado del estudio jurídico Silva Ibáñez Abogados.
Gabriel Palma, socio del estudio jurídico Palma, añade que la razón de este boom de quiebras se da por el natural desarrollo de los negocios”. En ese sentido, argumenta que “cuando parte una crisis que se inició primero con el estallido de octubre 2019, para luego enfrentar el Covid durante 2020 y 2021 y parte del 2022, las empresas tuvieron reservas para aguantar durante un tiempo, luego hacen restructuraciones y finalmente, cuando la actividad económica no repunta, no queda más alternativa que la liquidación”.
Palma acota que “normalmente esto afecta primero al área inmobiliaria, y así fue como se vieron primero quebrar empresas constructoras, y luego empieza el ciclo con el resto de las áreas de la economía en caso de no haber reactivación”.
Otro antecedente entrega Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, quien comenta que “la regla general es que para dictar la resolución de liquidación los tribunales exigen que exista al menos dos juicios de cobro en contra de la empresa”. Luego, precisa que “una institución bancaria o financiera demora entre 3 a 6 meses en iniciar juicios, por lo tanto, estas cifras pueden ser reflejo de empresas insolventes de hace meses, que no han podido realizar la solicitud antes, por no tener los juicios de cobro en contra. Si no existiera el cambio normativo que empieza a regir en el mes de agosto, podría decirse que esto aumentará”.
Para el caso de las personas, el escenario de desaceleración y mayores restricciones en el crédito también son las principales causantes. “En el caso de las personas, el débil desempeño del mercado laboral y el alza del costo de crédito generan una situación en donde no es posible cumplir con los compromisos financieros y es necesario acudir a este procedimiento. En los siguientes meses esta evolución negativa, lamentablemente, se acentuará”, apunta el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores.
Palma también tiene una perspectiva no muy auspiciosa. “Lo que estamos viendo no es más que el ciclo natural de un estancamiento, de una duración importante, que se seguirá agravando y llegando a cifras récord en los próximos meses y años en caso de que la actividad no repunte de una manera significativa”.
Una visión distinta entrega Eguiguren, quien dice que “las situaciones de insolvencia de empresas y personas van a continuar su curso, pero las estadísticas de inicios de procedimientos concursales van a cambiar, ya que el 11 de agosto de 2023, comienza a regir la modificación de la Ley 20.720, en la que en términos generales introduce nuevas exigencias para la liquidación y hace más simple el someterse a un procedimiento de renegociación y reorganización”.
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