El viernes, una publicación de un medio regional de Antofagasta encendió las alertas en La Moneda.

La información detallaba los convenios de la Seremi de Vivienda de la región -encabezada, hasta ese entonces, por el militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras- con la fundación Democracia Viva por $426 millones, cuyo representante legal es el también militante RD Daniel Andrade. Hasta hoy, el también ingeniero civil y exdirigente estudiantil se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Defensa.

Sin embargo, según pudo confirmar La Tercera PM, en horas de la mañana de este lunes hizo efectiva su renuncia a la repartición liderada por el subsecretario Víctor Barrueto (PPD).

Apenas se tomó conocimiento de las repercusiones de la publicación, detallan en Palacio, el ministro de la cartera, Carlos Montes, se contactó con Contreras, a quien le pidió que pusiera su cargo a disposición, lo que se concretó al día siguiente.

“El día sábado en la mañana a primera hora me correspondió tomar la decisión de aceptar la renuncia del seremi. Y simultáneamente decidir que vaya una comisión a investigar distintos aspectos que nos parecía necesario profundizar. Comisión que salió esta mañana y debe ya estar en Antofagasta. La información que nosotros tenemos es que hasta el momento no se ven las irregularidades, lo que se ve es una falta de criterio para que en un vínculo como el que se tiene con una determinada institución se le dé un préstamo de estas características, de este monto”, dijo a La Tercera PM el ministro Montes.

“Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con la que no tengo conflicto de interés alguno”, declaró el exseremi a través de Twitter, adjuntando la carta de renuncia enviada a Montes.

¿Pero cómo se liga la diputada Catalina Pérez (RD) a dicho escándalo? La actual segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados empleó a Contreras como su jefe de gabinete en 2020 durante el período legislativo anterior. Pérez, además, es pareja de Andrade y compartieron en la mesa directiva de RD cuando la diputada ejerció como presidenta entre 2019 y 2021. Andrade ya había sido blanco de cuestionamientos en redes sociales hace un par de semanas una vez que se conoció de sus labores en la subsecretaría de Defensa.

Ese nexo desencadenó una ola de cuestionamientos opositores. Frente a ello, la misma diputada ofició a Contraloría para determinar la legalidad de los contratos con Democracia Viva y otras organizaciones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. “No tengo ninguna participación o injerencia”, recalcó. De todas formas, la directiva de RD presentó una medida cautelar al Tribunal Supremo de la colectividad para que los involucrados directos -Contreras y Andrade- reporten los antecedentes del caso.

En la interna de Revolución Democrática -que en estas semanas vive elecciones internas de renovación del consejo político- reconocen que pese a que defienden que no hay irregularidades evidenciadas en los antecedentes entregados por los involucrados, sí advierten que se pecó de ingenuidad desde ambas partes. Tanto Pérez como Contreras, en privado, han hablado de un “error político” en la interna. De todas formas, defienden la intención del exseremi de “diversificar” las fundaciones financiadas por el programa de asentamientos precarios.

Tras el comité político, el senador y timonel RD, Juan Ignacio Latorre señaló que “aquí no hay nada ilegal (…), lo que sí hay es una arista de ética política por la cercanía del pololo de la diputada y el Seremi de Vivienda, ya que ambos son militantes del partido. Lo que sabemos es que la diputada no tuvo ningún tipo de gestión (…). No estamos por defensas corporativas ni meter esto debajo de la alfombra”.

Más dura fue la timonel PPD, Natalia Piergentili. “Cuando está en la labor pública tiene no sólo que hacer lo que la ley le permite, sino que tiene que procurar que las cosas se den en un contexto éticamente irreprochable. Aunque eso a veces signifique un doble esfuerzo de quienes están cerca de quienes ejercen la función pública, porque uno toma la opción de estar en la función pública, ni los primos, ni los novios”, dijo.

Censura a Pérez: la ofensiva UDI

Fue al cierre de esta edición que en la UDI terminaron de redactar una moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, a raíz de la situación de Pérez. Al cierre de esta edición, se pretendía que fuera una acción conjunta de Chile Vamos.

Así participaron en las conversaciones los diputados Jorge Alessandri (UDI) y los RN José Miguel Castro y Andrés Longton, mientras que también se extendió una invitación a los republicanos, a cargo del subjefe de bancada, Agustín Romero.

El documento se terminó de escribir cerca de las 13 horas y fue firmado por parlamentarios de la UDI, en éste argumentaban que Pérez “ha mantenido una conducta al menos cuestionable desde un punto de vista ético” debido a la situación de su pareja, “lo que reafirma la necesidad de que la parlamentaria deje -cuanto antes- su cargo de segunda vicepresidenta de vuestra corporación, sin perjuicio de las otras acciones que se puedan tomar para esclarecer este caso”.

El gremialismo lideró el tema, mientras que otros parlamentarios solicitaron a la fiscalía abrir una investigación. En todo caso, en la derecha había una división respecto de la censura, pues el reglamento establece que ésta debe ser a la mesa completa y no se puede individualizar específicamente en Pérez, lo que también afectaría a Mirosevic. Algunos no quieren esto último, pues aún le quedan un par de días para el fin de su periodo y esperan que continúe con la tramitación de la agenda de seguridad.

De ahí que en el partido pidieron que renuncie, antes de que la censura ingrese formalmente en la tarde de este lunes. “Estamos recomendando que ella dé un paso al costado. Quiero darle primero la posibilidad de que renuncie, si eso no ocurre vamos a ver otras formas de liberarla de ese cargo”, dice Alessandri.

Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada, Benjamín Moreno, anunció que acudirán a la Contraloría General de la República. “Desde nuestras facultades como diputados Republicanos, queremos que se realice una investigación exhaustiva y para ello realizaremos una fiscalización rigurosa para esclarecer este asunto. Es de vital importancia establecer los detalles de este caso, garantizar que haya un buen uso de los recursos públicos y que se hagan efectivas las responsabilidades administrativas o judiciales, de acuerdo a los resultados que arrojen las indagaciones”, dijo.

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