La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegó la tarde de este viernes hasta un departamento que figura como la sede de la Fundación Democracia Viva, en la comuna de Ñuñoa, y que es propiedad de Cecilia Millán La Rivera, militante de Revolución Democrática y cercana a la diputada Catalina Pérez.
La diligencia se da luego de la apertura de oficio de una investigación por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta, y que tiene como objetivo indagar la adjudicación de $426 millones para la fundación representada por Daniel Andrade, expareja de la menciona parlamentaria.
Como pudo recabar La Tercera, la concurrencia de los detectives se da luego de que el fiscal a cargo de la indagatoria, Cristián Aguilar, hiciera una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta a fin de de incautar computadores y dispositivos electrónicos, lo que fue visado y activó la diligencia.
Junto con llegar hasta el inmueble ubicado en calle Exequiel Fernández, otros equipos de la misma brigada se apersonaron en las dependencias regionales del Ministerio de Vivienda y en la sede de Democracia Viva en la misma ciudad.
Ahí, también con permiso judicial en mano y replicando el actuar que sus pares tuvieron en Ñuñoa, los detectives buscan llevarse dispositivos electrónicos.
Datos de la causa
De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, los dardos están dirigidos en contra de la exautoridad de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras -exjefe de gabinete de Pérez en la legislatura anterior- por supuestamente favorecer mediante convenios de trato directo a la citada fundación.
La Fiscalía está indagando eventuales delitos como fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En la investigación iniciada, además, el Ministerio Público ya realizó requerimientos de información al Ministerio de Vivienda, a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y a la Contraloría.
En este sentido, el fiscal Cristián Aguilar, manifestó el jueves que “para efecto de que puedan poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios ente la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la mencionada fundación para efectos de poder definir las circunstancias en que se produjeron dichos convenios”.
Cabe señalar que los convenios se habrían generado con la finalidad de concretar proyectos para campamentos de la zona. El responsable de visar tales asignaciones fue el renunciado seremi del Minvu en la nortina ciudad Carlos Contreras, que había sido uno de los principales asesores de la parlamentaria por la zona. La fundación beneficiada, en tanto, era liderada por la pareja de la legisladora.
Por otra parte, desde Revolución Democrática se informó este viernes que, dada la gravedad de las acusaciones, se optó por interponer una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos, asegurando además que la diputada Pérez “pasará al Tribunal Supremo del partido por solicitud de la Directiva y del Consejo Político Nacional, y su militancia será suspendida mientras dure la investigación”.
En tanto, la parlamentaria cuestionada debió suspender su participación en la mesa de la Cámara de Diputados para que la oposición desistiera de una moción de censura que decidió presentar la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
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