Nunca es un buen momento para plantear un aumento de impuestos. Pero no hay peor momento para que un gobierno busque convencer al electorado de la necesidad de subir los tributos que cuando un escándalo de corrupción deja en evidencia que altos funcionarios se han dedicado a desviar recursos públicos para sus partidos políticos y a pagar sueldos a miembros de su círculo cercano. Si el gobierno quiere financiar loables metas de combatir la pobreza y reducir la desigualdad, antes de salir a buscar nuevos fondos, debe convencer al electorado que los recursos que ya están llegando al fisco no sean malgastados.
A nadie se le ocurre echar más agua a un barril cuando es evidente que el barril tiene filtraciones. Cuando esas filtraciones son notorias y hay suficientes razones para creer que hay otras que todavía no se ven, parece razonable esperar que se reparen esas filtraciones antes de pensar en echar más agua al barril.
El gobierno del Presidente Boric ha sido recientemente golpeado por un devastador escándalo que involucra la desviación de recursos públicos del Ministerio de Vivienda hacia una fundación asociada a Revolución Democrática, uno de los partidos más importantes del Frente Amplio. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del escándalo, ni las ramificaciones que pudiera haber hacia otras fundaciones asociadas a partidos del oficialismo o desde otros ministerios que pudieron haber tenido relación con esas mismas organizaciones u otras similares, es evidente que este escándalo ha golpeado duramente la línea de flotación del gobierno.
Habiendo llegado al poder desde la siempre peligrosas plataformas de la superioridad moral y la lucha contra la corrupción, al gobierno del Presidente Boric le ha tomado menos de dos años caer en problemas de corrupción y posible desvío de fondos públicos para financiamiento de la actividad política y para pagar sueldos a operadores políticos. Si bien las coaliciones que ostentaron el poder entre 1990 y 2022 enfrentaron problemas similares en su momento, el Frente Amplio convirtió la lucha contra la corrupción en una de sus principales banderas de lucha. Varios de sus líderes más notables hicieron osadas declaraciones declarando su propia probidad desde el púlpito de la superioridad moral. A menos de 6 meses de iniciado el gobierno, en agosto de 2022, el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson (ahora Ministro de Desarrollo Social) generó una enorme polémica cuando declaró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”. Cometiendo el torpe pecado de asegurar que poseían superioridad moral y estándares éticos más altos que los que existen en la clase política de la que ellos forman parte, Jackson no solo insultó a sus socios izquierdista que gobernaron por 24 de los 32 años anteriores, sino que voluntariamente se puso como un fácil blanco para las críticas cuando explotaran los inevitables escándalos de corrupción que afligen a cada gobierno.
Una vez que explotó el escándalo, el gobierno dedicó varios días a intentar estrategias de negación, relativización, empates e intentos por cortar la cuerda por la parte más débil. El fin de semana, el gobierno finalmente optó por pedir la renuncia de la Subsecretaria de Vivienda, cuyas propias declaraciones hicieron inviable su permanencia en el poder. El nerviosismo que reina en La Moneda permite anticipar que el escándalo es solo la punta del iceberg de una forma de hacer política que se parece demasiado a las malas prácticas de uso de recursos públicos para financiar actividad política que el propio Frente Amplio supuestamente llegó a combatir.
Pero como si el daño para la credibilidad del gobierno—y para la línea de flotación del proyecto político que representa el Frente Amplio—no fueran lo suficientemente significativas, este escándalo se produce en un momento en que el gobierno estaba tratando de reposicionar una reforma tributaria que ya había sufrido un traspié significativo en el proceso legislativo hace un par de meses.
Precisamente porque el Ministro de Haciendo Mario Marcel ya había tenido problemas para generar apoyo transversal a su proyecto de aumento en los tributos, el escándalo de despilfarro de recursos públicos en el Ministerio de Vivienda hacen que mucha gente razonable dude sobre la conveniencia de echarle más agua a un barril fiscal que evidentemente tiene algunas filtraciones y que, presumiblemente, pudiera tener varias otras. Antes de salir a buscar más recursos, Marcel debiera abocarse a demostrar que el gobierno puede evitar que se dilapiden los valiosos recursos públicos que ya posee.
De poco sirve argumentar que los recursos que el fisco necesita son mucho mayores que lo que se está malgastando en financiar la actividad política de los partidos oficialistas o los sueldos de operadores políticos y aliados del gobierno. Mientras no haya mecanismos adecuados para evitar que se malgasten tantos dineros fiscales—mientras no se tapen las fugas del barril—ninguna razón será lo suficientemente buena como convencer a la opinión pública que una subida de impuestos es más urgente que combatir el mal uso de los recursos públicos.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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