Luego de estallar el Caso Convenios que involucra a la fundación Democracia Viva de Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), diversas fundaciones han sido mencionadas. De hecho, en algunas se han iniciado investigaciones.
Ahora, mientras algunas han respondido públicamente e, incluso, han anunciado acciones legales por «afirmaciones injuriosas», otras han descartado tajantemente tener relación.
Se trata, además de la principal que ha provocado diversas repercusiones como la salida de funcionarios de sus cargos (Carlos Contreras presentó su renuncia al cargo de seremi, la parlamentaria Pérez suspendió su liderazgo en la testera de la Cámara de Diputados, y también se presentaron querellas), de las fundaciones Comprometidos, Urbanismo Social y Superación de la Pobreza.
Democracia Viva
Según señala en su página web, Democracia Viva se define como «una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y académica».
En la misma línea, asegura que buscan «radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos». Asimismo, presentan áreas de trabajo relacionadas a la «formación e investigación»; «arte, cultura y metodología»; «poder y territorio» y «comunicación y vinculación externa».
Fundación Comprometidos
Comprometidos expone que son «una fundación sin fines de lucro que surge en el año 2016, cuyo propósito principal es la creación y ejecución de proyectos públicos/privados».
Asimismo, indica que su labor «está orientada en aumentar la calidad de vida de todos los chilenos con acciones concretas, simples y que signifiquen un gran valor para quienes las reciben, haciendo de esto un crecimiento mutuo y una sinergia al territorio en su conjunto, que hace mejorar su entorno de manera directa».
Esta ONG emitió un comunicado esta semana -luego que se expusiera que la Fiscalía de Atacama iniciaría una investigación por posibles delitos en los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda- en el que anunció acciones legales por la «difusión alejada de la verdad por parte de algunos medios de comunicación».
De acuerdo con información conocida la jornada del viernes, la indagatoria de la fiscalía surgió a raíz de una denuncia puesta por la diputada Sofía Cid (RN), luego que se supiera que la fundación recibió $190 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó, y las sospechas que nacieron por el giro de actividades de la misma.
Fundación Urbanismo Social
Por su parte, en la página de Urbanismo Social, se expone que son «un grupo de personas apasionadas y convencidas de que es posible llevar adelante una nueva forma de hacer ciudad. Decidimos trabajar desde el tercer sector para proponer nuevas formas de ser y hacer sociedad civil».
Además que «desarrollamos proyectos urbanos en articulación con organizaciones, públicas, privadas, sociedad civil, y ciudadanía que tienen como objetivo construir ciudades más justas que derriben la desigualdad de trato y la desconfianza».
El Ministerio Público inició de oficio una investigación para indagar la transferencia de más de $500 millones a la ONG, misma que fue liderada por el actual seremi de Vivienda del Maule y militante de RD, Rodrigo Hernández.
De hecho, el domingo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que se haría un sumario. «Al seremi del Maule hemos resuelto iniciarle un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el periodo que él solicitó inhabilitarse y en que se tomaron las decisiones», sostuvo.
Superación de la Pobreza
Por último, la fundación Superación de la Pobreza informa que «llegamos y nos quedamos para trabajar junto a las comunidades más aisladas y vulnerables de Chile para impulsar su desarrollo» y que «nuestras líneas de acción están enfocadas en trabajar por la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible».
Esta ONG fue mencionada por el titular Montes, quien los apuntó como otro sujeto en la mira por el escándalo abierto por Democracia Viva.
No obstante, la presidenta Andrea Repetto, aseguró en conversación con Radio Duna que «es un baile al que nosotros no pertenecemos», detallando que se trata de «una fundación que es público-privada en el sentido de que nació al alero del Estado», y que recibe fondos directamente de este último a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de forma principal.
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