«El Gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todo quien tiene responsabilidad, la asuma; si la responsabilidad es política, se hace valer; si es administrativa, se hace valer (…) si es penal; entonces la justicia deberá determinar si se cometió un delito, el tipo de delito y las sanciones o penas asociadas».
Con esas palabras, y subrayando la lógica del «caiga quien caiga», la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, introdujo ayer el anuncio de la creación de una comisión de expertos para establecer nuevos parámetros de probidad institucional, en el contexto de la polémica por los convenios y traspaso de recursos a fundaciones ligadas al Frente Amplio.
Se trata de una más de las instancias que se han abierto en medio del caso que golpea al oficialismo. Esto, porque ya existen procedimientos investigativos en el Ministerio Público, y también se han iniciado investigaciones sumarias en las seremis de Vivienda y también de Desarrollo Social que han sido vinculadas a la polémica.
A ello, se suman iniciativas parlamentarias para avanzar en acusaciones constitucionales, especialmente contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y hacia la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, por la arista del Caso Convenios, específicamente por otra de las fundaciones cuestionadas, Urbanismo Social.
Detalle de la comisión de probidad
La ministra detalló que la instancia, denominada oficialmente como comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, tendrá un plazo de 45 días para elaborar lineamientos, y estará coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El objetivo general a cumplir, es «establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro», es decir, de corporaciones y fundaciones donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo.
En tanto, son cinco los objetivos específicos a cumplir: primero, identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado; en segundo lugar, proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades.
En tercer lugar, la comisión deberá proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos; y en cuarto lugar, revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses.
Y en último lugar, proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas.
Integrantes de la instancia
Ya se fijó además que Valeria Lübbert asumirá como secretaria general de la instancia, quien es la actual secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres, entidad encargada de asesorar al Presidente de la República y a los distintos órganos de la Administración del Estado en materias ad hoc.
Lübbert es abogada de la Universidad de Chile y Master in Law and Government de American University. Fue abogada asistente del Tribunal Constitucional entre los años 2010 y 2012 y Coordinadora de la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 2014 y 2018, donde tuvo un rol en la elaboración y discusión legislativa de la Agenda de Probidad. Al momento de asumir en la Comisión Asesora Presidencial de Integridad Pública y Transparencia, se desempeñaba como directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público.
El resto del equipo está conformado por la directora ejecutiva de Chile Transparente y abogada de la UC, María Jaraquemada, quien presidirá la instancia, y el ex contralor general de la República entre 2007 y 2015 y actual presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza.
También se suma consejera del Consejo Fiscal Autónomo y economista, Jeannette von Wolfersdorff; el profesor de Derecho en la Universidad de Chile, Francisco Agüero; y el director del Centro de Políticas Públicas UC, quien desde 2006 ha estado involucrado en estudios sobre el aporte de la sociedad civil en Chile, Ignacio Irarrázaval.
Anoche, el Presidente Gabriel Boric, quien estuvo a cargo de dar a conocer públicamente los nombres de los integrantes, destacó la «vocación» de este grupo técnico transversal, y además precisó que «van a contar con todo el apoyo y respaldo del Gobierno para poder realizar su trabajo, con independencia, poniendo todos los antecedentes que requieran a disposición».
Y agregó: «esta no es una comisión para la foto, cuyo informe y recomendaciones nos entreguen en 45 días va a quedar en un cajón llenándose de polvo; personalmente, y como Gobierno, nos interesa implementar las recomendaciones tras las discusiones que correspondan en el Congreso (…) pero también en materia administrativa, implementar desde ya. No queremos pensar sólo en salidas políticas de la crisis, sino en cómo mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, pensando en las personas».
¿Qué esperar de la comisión?
En Chile existe un sistema de integridad, que a través de distintas instituciones, está encargado de hacer fiscalizaciones ex ante y ex post, y frente al anuncio de la ministra Vallejo, lo que se esperaría es que esta comisión entregue propuestas en la línea de mejorar dicho sistema.
En conversación con Emol, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sostiene que ante aquel escenario lo esperable es que la comisión pueda elaborar propuestas que mejoren la integración del actual sistema, «y que entregue mayores facultades para poder ejercer la fiscalización, el control y, posteriormente, también la rendición de cuentas».
En definitiva, tendría la figura de un equipo consultivo que le de la «salida institucional» a la polémica, es decir, «que a la luz de los contratos y tratos directos que se han hecho con las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, pueda elaborar ciertas propuestas y esas propuestas, posteriormente, se transformen en proyectos de ley», pero aclara que no debiera ser una instancia para analizar los casos de las fundaciones en particular que han formado parte de la polémica, puesto que para eso están los distintos organismos del Estado.
Por su parte, Gustavo Campos, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, plantea que la comisión es un intento de «recobrar el control de la agenda ante un crisis que se instaló en el corazón de La Moneda y cuya reacción fue tardía y confusa. Si bien siempre es positivo trabajar por mejorar los estándares de transparencia, efectividad y eficiencia en el Estado, no hay que olvidar que esos principios ya están consagrados en la ley y son un deber para todas los funcionarios y autoridades públicas, por lo tanto esta comisión tendrá que ser muy innovadora para no repetir formulas ya conocidas».
A su parecer, lo más probable es que el resultado de esta comisión sea «un paquete de iniciativas legales o administrativas que complementen o mejoren lo que ya existe, siendo una instancia de carácter asesor, como está concebida». Además, sostiene que los temas que esta instancia son: «cómo mejorar el funcionamiento del Estado y su relación con entidades privadas sin fines de lucro, y en segundo lugar, más de fondo, la modernización del Estado, la profesionalización del empleo público y el ámbito de acción de los cargos políticos».
Por su parte, Eric Latorre, director Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, precisa una serie de aspectos que la comisión debería abordar; entre ellos, la «formalización legal con atribuciones efectivas de la auditoría interna de Gobierno y fortalecer el rol de tuición técnica que la Contraloría General tiene actualmente sobre las unidades de control interno».
A ello, suma la necesidad de establecer catálogos de conductas indebidas de los funcionarios y autoridades; la obligatoriedad de Implementar y formalizar procesos de gestión en materias sensibles como adquisiciones, finanzas, presupuestos, concursos etc., que operativicen las normas legales; elevar sustantivamente las sanciones administrativas, penales y civiles para aquellos funcionarios y autoridades que cometan irregularidades, y los privados involucrados.
Latorre también comenta que es clave diseñar e implementar sistemas de BI y plataformas de control, que permitan contar con información oportuna para la toma de decisiones del sistema de control y de las autoridades. Esto, porque «no es posible por ejemplo, que la información que era vox populi en la región de Antofagasta llegue al ministerio con meses de retraso. Esto implica fortalecer el gobierno digital, que sigue siendo una deuda pendiente desde el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera».
Plazo de 45 días, ¿es suficiente?
Consultados los analistas respecto a la pertinencia del plazo de 45 días para elaborar las propuestas y alcanzar los objetivos fijados, hay consenso en que se trata de un tiempo adecuado que podrá cumplir incluso con otras urgencias, como «apagar el incendio» que enfrenta el oficialismo ante la polémica.
Herrera señala en esa línea que los integrantes de la comisión van a tener que ser 45 días «no solo para la revisión de este tipo de actos que ha celebrado el Estado, sino que además para la revisión de la legislación vigente y de las instituciones que participan dentro del proceso. Y en ese sentido, 45 días parece un plazo prudente».
«Es un tiempo suficiente además para el Gobierno para tratar de que logre enfriar esto de alguna forma y poder comenzar a proponer proyectos. Recordemos que en Chile, la legislación en materia de transparencia, control y fiscalización suele ser bien reactiva. Las leyes de transparencia activa, pasiva, las leyes de financiamiento de la política, las leyes de financiamiento de los partidos, etcétera, siempre han respondido a una lógica de reacción frente a un tema», subrayó.
En la misma línea, Latorre comenta que «45 días es tiempo más que suficiente para definir una agenda de trabajo de corto y mediano plazo en esta materia. Luego en un periodo adicional se piede trabajar en los proyectos de ley más complejos, nada de lo cual debería pasar de los 90 días».
Por el contraste, para Campos, «si bien es compresible que la señal política implique urgencia, un plazo de 45 días parece insuficiente para abordar en profundidad y generar las soluciones necesarias para un caso de esta magnitud».
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