A tres meses de la promulgación de la ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) inició un plan piloto de instalación de cámaras en 13 puntos de la Región Metropolitana (RM) que tiene por objetivo prevenir accidentes de tránsito por exceso de velocidad y el no respeto a la luz roja a través de una fiscalización automatizada que detectará las imprudencias, tomarán los detalles correspondientes y generarán una multa sin la necesidad de la presencia de un funcionario de Carabineros.
Este procedimiento tecnológico, a juicio de las autoridades, permitiría evitar un 30% de las fatalidades producto de siniestros viales, es decir 600 muertes al año. Incluso, en países donde se ha implementado esta tecnología, se han observado reducciones de hasta 40% en los fallecimientos.
En ese contexto, el Programa de Fiscalización del MTT hizo un llamado público para convocar a interesados en participar de la fase de prueba de tecnologías, donde 11 empresas -nacionales y extranjeras- manifestaron su intención de participar y se harán cargo de una esquina para fiscalizar.
Los puntos considerados en el plan piloto de fiscalización son 13 y estarán ubicados en distintas comunas de la capital: Av. Irrarázaval con José Benavente; Américo Vespucio Poniente con Cristóbal Colón; Av. Bilbao con Manquehue Sur; Av. Bilbao con Sebastián Elcano (dos, una en cada sentido); Américo Vespucio Poniente con Vitacura; Av. Bilbao con Latadía; Vicuña Mackenna con Santa Isabel; Av. Bilbao con Los Leones; Av. Bilbao con Vespucio Sur Vista Norte; Macul con Los Plátanos (dos, una en cada sentido) y Américo Vespucio Oriente con Vitacura.
Para la designación de tales áreas, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, detalló que “lo que se hizo fue aprovechar la infraestructura física que tenemos para instalar las cámaras y equipos de prueba. Son puntos que ya cuentan con un poste y con energía”. Eso sí, enfatizó en que tales localizaciones “son solo para estos (planes) pilotos. La metodología que se use para determinar la localización de las cámaras está actualmente en discusión y será parte de los reglamentos que acompañan a esta ley”.
La medida ha sido ampliamente valorada por organizaciones ligadas a la convivencia vial. Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, sostuvo que el sistema de fiscalización automatizado “es el principal instrumento que permite el cambio de conducta en las vías. Por lo tanto, el establecimiento de estos primeros 13 puntos del proyecto piloto nos va a permitir medir dos cosas: primero, el cómo funcionan las cámaras y las distintas empresas que están licitando en función de la frecuencia de este tipo de siniestros en esos puntos específicos. Y segundo, el cómo opera administrativamente el envío del parte y todo el sistema administrativo que va de fondo”.
En este punto coincide Alberto Escobar, gerente de Movilidad y de Políticas Públicas del Automóvil Club de Chile, quien recalca que la medida no solo vendría a disminuir los siniestros viales, sino que también impactaría en la reducción de heridos graves y lesionados en hasta un 50%: “Es necesario que la ciudadanía no visualice esta tecnología como una amenaza, sino como una oportunidad única para salvar vidas en el tránsito”, explicó.
Pese a que desde el ministerio explicaron que este plan piloto solo tomó en cuenta puntos críticos de la capital para así ir seleccionando las tecnologías más adecuadas y confiables para una correcta aplicación, Escobar ahonda en que estas zonas no son suficientes para el área metropolitana. Y que, así, también se debería comenzar a visualizar su aplicación a nivel regional.
“No hay que olvidar que la Región Metropolitana concentra cerca del 50% del parque automotor en Chile, y es indudable que hay una serie de rutas principales y secundarias críticas en todo el Gran Santiago que deben ser monitoreadas y fiscalizadas. También es deseable que la instalación de los radares electrónicos se comience en las grandes ciudades regionales (…). Por ejemplo, sería muy interesante comenzar a hacer planes piloto en Antofagasta y Temuco, que concentran un alto índice de siniestralidad vial por esta causa y que requieren con urgencia aplicar normas de este tipo. Si bien es una excelente noticia que en el corto plazo nuestro país contará con fiscalización electrónica, no se deben abandonar los controles preventivos en las calles y carreteras, puesto que cumplen una valiosa labor disuasiva para morigerar conductas irresponsables y temerarias”, cerró.
La Ley CATI llega en circunstancias que 2022 cerró como el período con más fallecidos por accidentes de tránsito en los últimos 10 años. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y Carabineros, en Chile se reportaron 1.730 fallecidos en siniestros de tránsito. En cuanto a infracciones, el año pasado cerró con 115.998 multas.
¿Qué es y cómo funciona la Ley CATI?
Según el Ministerio de Transportes, la ley consta de la instalación de cámaras en puntos de mayor riesgo de siniestros de tránsito y su implementación utiliza una metodología de carácter objetivo y público, que determina la localización de los equipos automatizados, fijos o móviles.
Estos equipos tecnológicos están debidamente señalizados, para que los conductores estén informados de los lugares donde estarán instaladas las cámaras de fiscalización. Y los conductores tendrán toda la información necesaria para que no cometan infracciones, de lo contrario, se expondrán al cobro de una multa que se notificará en 15 días hábiles.
Además, se espera que menos de un 10% de las infracciones se tramiten en los Juzgados de Policía Local (JPL), puesto que el resto se gestionará a nivel administrativo. Esto redundará en una descongestión de los JPL y en una agilización del proceso, beneficiando el efecto infracción-sanción.
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