La comisión de Ética de la Cámara de Diputados decidió aplicar la máxima sanción de su reglamento vigente a Miguel Mellado y Catalina Pérez.
“En ambos casos los sancionamos con el máximo de la sanción que nuestro reglamento establece”, señaló el presidente de la instancia legislativa y diputado del Partido Socialista (PS) Nelson Venegas.
Como no está todavía vigente el reglamento que impulsó la saliente mesa directiva de Vlado Mirosevic y como los hechos que se sancionan son anteriores a la aprobación de la renovada normativa de la Cámara de Diputados en la materia, se fijaron las sanciones de acuerdo al antiguo reglamento de la corporación, explicó Venegas.
Se trata de una censura y la multa máxima aplicable, que corresponde al 15% de la dieta parlamentaria.
“En el caso del diputado Mellado, él presentó una argumentación, presentó una defensa, pero en la propia defensa da cuenta y reconoce que su actuar habría sido indebido. Incluso, él solicita las disculpas respecto de este tema, reconociendo que efectivamente ha pasado a llevar las conductas éticas que nos debemos entre nosotros y con las autoridades, en este caso con el Presidente de la República”, explicó Venegas.
“Y en el caso de la diputada Pérez, ella no procedió a contestar el requerimiento de oficio que se realizó, por lo tanto, se entiende haber actuado en rebeldía y al no defenderse se estima, por lo tanto, que efectivamente habría ciertas contravenciones a normas éticas que debemos tener entre nosotros y que afectan fundamentalmente la credibilidad de la corporación”, agregó.
En el caso del diputado de Renovación Nacional, la comisión inició el proceso sancionatorio, luego que Mellado reconociera ser la persona que grabó y filtró un audio con parte de la reunión sostenida en Cerro Castillo entre el Presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío, en la que se abordaron temas de seguridad que el Mandatario pidió que no se registrara.
Sobre Pérez, el diputado Venegas, precisó que se apuntó al “conflicto de interés” de la legisladora en el lío de platas que investiga el Ministerio Público en Antofagasta. Esto, luego que su exasesor Carlos Contreras, cuando era secretario regional ministerial de Vivienda en la región, aprobara contratos por más de $400 millones en favor de la Fundación Democracia Viva. La fundación fue fundada por Daniel Andrade, que era, hasta que se conoció el caso, pareja de la diputada.
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