Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos y ahora Marco Antonio Ávila. Esas son las cuatro acusaciones constitucionales que han fracasado en contra de ministros de la administración del Presidente Boric. Y es que este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó el libelo presentado por la oposición en contra del titular de Educación por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención.
La acusación constitucional en contra del ministro Ávila fue presentada por las diputadas del Partido Social Cristiano Francesca Muñoz y Sara Concha, pero contó con el respaldo de Chile Vamos -salvo del comité de Evópoli- y el texto fue fruto de una negociación colectiva entre varias bancadas opositoras.
En las horas previas a la votación, el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, anunció que votaría en contra junto a su par Jorge Guzmán, ya que a su juicio se trataba de una “una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución”.
El descuadre de Evópoli implicó una tensión con el resto de partidos de Chile Vamos, que fue marcada por el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, quien criticó la postura de sus compañeros de coalición y aseguró que era “incomprensible e inaceptable que lo que está en juego es algo muy profundo, si es que hoy día nos vamos a pronunciar por la probidad o por la impunidad”.
“Decisiones como esta son una puñalada al corazón de Chile Vamos”, enfatizó Schalper.
El ministro Ávila, por su parte, en conjunto con su defensa -encabezada por el destacado penalista Francisco Cox- resolvieron no invocar la cuestión previa, es decir, no se discutió si la acusación cumplía los requisitos formales para ser presentada y se pasó directamente al debate de fondo.
En ese sentido, la diputada encargada de sostener y defender los argumentos de la acusación fue Francesca Muñoz -parte del comité Social Cristiano-, cuya exposición duró más de dos horas. Lo que ha hecho el ministro es infringir el derecho de conciencia de los estudiantes y sus padres”, dijo en su intervención.
El desfonde del libelo
El libelo incluía siete capítulos de presuntas infracciones a la Constitución en las que habría incurrido el titular de Educación en el ejercicio de su cargo, un récord de causales en comparación a otros ministros de la cartera que fueron acusados.
En la antesala a la votación, La Moneda se desplegó en defensa Ávila y levantó la hipótesis de que detrás de la acusación habría una motivación -a su juicio- “homofóbica”. En su habitual vocería de los lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fustigó la arremetida opositora, aseguró que carecía de sustento político-jurídico y acusó que estaba basada en la “discriminación”.
A ese relato incluso se sumó la noche de este lunes el Presidente Gabriel Boric -quien i este miércoles una gira por Europa- cuando a través de redes sociales publicó el video de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, quien fue invitada a la comisión encargada de analizar la admisibilidad del libelo acusatorio.
La intervención de Aranda precisamente -sumada a las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero (independiente RN), quien trató de “pervertido” al ministro de Educación- dieron respaldo a la acusación planteada por La Moneda.
Incluso, a juicio de algunos legisladores, aquellas afirmaciones -que validaban la presentación contra el secretario de Estado por su orientación sexual- terminaron por ahuyentar a diputados de izquierda, de centro e incluso de centroderecha que estaban abiertos a estudiar la acusación.
Además, en la previa a la votación, la comisión encargada de revisar el libelo presentado por la oposición rechazó la procedencia de la acusación constitucional, por lo que el texto llegó a la Sala de la Cámara con un informe que recomendaba su rechazo.
En juego no solo estaba el destino de Ávila como ministro de Estado, sino que la arremetida de la oposición representaba la primera medición de fuerzas entre la oposición y un oficialismo golpeado por el escándalo de presunta corrupción que investiga el Ministerio Público a propósito de los traspasos entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones sin fines de lucro, cuyo epicentro es RD, partido donde además milita el secretario de Estado.
Los argumentos del libelo
El libelo acusatorio incluía -como se señaló- siete capítulos de presuntas infracciones a la Constitución en las que habría incurrido el titular de Educación en el ejercicio de su cargo, un récord para la cartera.
Pese a que la idea de acusar constitucionalmente a Ávila rondó bastante tiempo entre la oposición, el detonante de la acción fue la polémica suscitada a partir de los programas de educación sexual y de género que impulsa la cartera, que -según los acusadores- atentaría contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
“Ante la inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos…, asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal, es que se formula una acusación constitucional”, señaló en su momento la minuta difundida entre diputados de oposición.
El capítulo II del texto, en tanto, indica una infracción del derecho preferente a propósito de las guías “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”, que fueron actualizadas en mayo pasado, suprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad.
El punto III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”. El capítulo IV menciona una infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, lo que incluye temas como el retraso injustificado en entregar los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.
La causal V señala el incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público. Y el número VI también alude al rol de supervigilancia de la Junaeb debido a las irregularidades detectadas en los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.
Por último, el capítulo VII hace hincapié en los problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación. “Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública”, dice el texto.
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