La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte mantiene abierta una investigación por presunto tráfico de influencias en el Ministerio de Energía, tras una denuncia anónima que apunta a contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del ex ministro de Energía, Claudio Huepe, y empresas eléctricas.
Según un reportaje de Ciper, el hecho habría ocurrido durante la tramitación del proyecto de ley que en 2022 creó un fondo de estabilización para las cuentas de la luz (N° 21.472), iniciativa del Gobierno del Presidente Gabriel Boric que fue tramitada con urgencia el año pasado.
Luego de que el caso se hiciera público, esta mañana el Ministerio de Energía emitió un comunicado donde detalla de manera cronológica los procesos asociados a la investigación y asegura su «completa colaboración» con el proceso «y el total esclarecimiento de los hechos».
Según plantea Energía, fue el 29 de septiembre del año pasado, en el marco de la indagatoria por presunto tráfico de influencias, cuando la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI envió un oficio a la cartera, «solicitando la entrega de información vinculada al ex ministro Claudio Huepe y a la ex asesora de su gabinete, Gabriela Manríquez. Con fecha 30 de septiembre de 2022, el Ministerio entregó la totalidad de los antecedentes solicitados y manifestó su completa colaboración con la investigación».
El 30 de septiembre de 2022, «se instruyó se instruyó sumario administrativo a la funcionaria Gabriela Manríquez Roa, la que, a esa fecha, desempeñaba funciones en la Subsecretaría de Energía, para establecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en lo referente a la obligación de desempeñar la función pública con estricto apego al principio de probidad», detallan.
Agregan que el 21 de noviembre de 2022, a través de la Resolución Exenta de «la Subsecretaría N° 209, se resolvió el sobreseimiento del sumario administrativo instruido. Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2022, la funcionaria presentó su renuncia».
En tanto, en los meses de febrero y abril de 2023, «la Policía de Investigaciones requirió nuevos antecedentes al Ministerio de Energía, los que fueron oportunamente entregados en su totalidad».
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