En un comentario demoledor, el director de radio Bío Bío Tomás Mosciatti al consignar la gravedad de la situación que vive el gobierno a raíz de los casos de corrupción señaló que lo que no cabe duda es que los tiempos políticos están absolutamente agotados.
La frase me dejó pensando y la interpreto en el sentido que, si La Moneda continúa en su esfuerzo de tratar de minimizar la importancia de estos hechos, la reacción de la ciudadanía puede ser letal para izquierda. No cabe esperar un estallido de violencia como el de 2019, pero sí una avalancha de votos para una derecha que desnude esta nueva impostura del gobierno de Boric. Es que es impúdico el esfuerzo de distintas autoridades de gobierno por bajar el perfil al escándalo de corrupción más grave que ha vivido Chile desde la vuelta a la democracia. Parece indiscutido que el principal partido del Frente Amplio, Revolución Democrática, ha hecho suyo el concepto del político español Íñigo Errejón de construir comunidad política en las asociaciones, fuera del gobierno, aunque alimentadas por éste, porque hace falta una estructura económica autónoma para cuando no se tiene el poder.
Y para ponerlo en práctica ha concebido un mecanismo o esquema que consiste en que sus militantes enquistados en el gobierno, en distintos ministerios y reparticiones públicas, asignen contratos a los propios, cobijados en una serie de fundaciones, la mayoría de ellas recién creadas, para realizar las tareas más diversas: pintar fachadas de edificios a un costo de 600 millones de pesos, o hacer habilitación sociocultural en campamentos y proveerlos de agua a costos millonarios. Esas tareas están groseramente sobre pagadas, cuando no son simplemente inventadas. En los contratos que los militantes de RD u otros partidos de gobierno han firmado ni siquiera han guardado las apariencias, asignando tareas a fundaciones que no tienen autorizado el giro para realizarlas, o contratándolas a días u horas de su constitución legal, o parcializando los pagos en dos o tres para eludir autorizaciones de Contraloría.
Es innegable la presencia de un esquema: asignaciones directas en lugar de concurso público, nueve regiones distintas, varios ministerios entre los que destaca el de Vivienda, que el año 2022 aumentó de 16% a 46% el porcentaje de adjudicaciones por asignación directa, catorce fundaciones, aunque abogados ligados a la UDI han señalado que investigan varias más. El Ministerio Público tendrá que hacer su tarea.
Pese a ello, en el gobierno se elude la responsabilidad. La ministra Tohá dice que todo esto es resultado de una glosa presupuestaria (no de los políticos que se apropian de recursos fiscales); el ministro Montes dijo que esto provenía de la Ley de Presupuesto de Piñera (para favorecer a fundaciones de militantes de RD) y se desdijo rápidamente alertado de la posibilidad de una acusación constitucional; Camila Vallejo ha dicho que el Estado sabía de las irregularidades y el Presidente Boric no; Giorgio Jackson afirmó que los hechos son graves, pero no tienen nada que ver con él, aunque se trate de dirigentes del partido que fundó y lidera y de contratos del Ministerio de Desarrollo Social donde ejerce de Ministro; el Presidente Boric entrega declaraciones contradictorias acerca de su conocimiento de los hechos y entre las fundaciones favorecidas por contratos claramente irregulares está su amigo personal el doctor Alberto Larraín. Nadie con un cierto sentido político y un mínimo de honestidad intelectual podría negar la gravedad de la situación.
En el Partido Socialista varios senadores han señalado que las acciones denunciadas no parecen corresponder a actuaciones aisladas y que en La Moneda se conoce más información de la que se ha dado a conocer. Desde el Frente Amplio se replica que la mayoría de los hechos provienen del Ministerio de la Vivienda, dirigido por Carlos Montes. El país no resiste esta especie de pareo de responsabilidades para salvar a dos ministros.
Pero lo que es incomprensible es que la derecha caiga en este juego. Como dijimos al principio, este escándalo puede traer un alto costo a la izquierda, siempre que la derecha no titubee en la denuncia, pues en ese caso la ciudadanía leerá complicidad. Y no se trata de acusar a medio mundo, sino de ejercer los fueros que corresponden a una oposición seria y terminar con una práctica que defrauda a chilenos vulnerables y hace caer bajo sospecha a fundaciones que con toda propiedad trabajan honestamente en labores de colaboración del Estado.
Por si alguien no se ha dado cuenta, una vez instaladas las fundaciones truchas y los operadores de gobierno alimentándolas con todo tipo de contratos innecesarios, la demanda por aumentar los recursos fiscales a como dé lugar es infinita. De no frenar esas prácticas, esa será cada vez más la tarea futura de los ministros de Hacienda.
Por Lis Larraín, economista, para El Líbero
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