Una denuncia en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por utilizar bienes y recursos municipales para trasladar a personas a manifestaciones, presentaron este lunes ante la Contraloría los diputados republicanos José Carlos Meza y Agustín Romero, junto al abogado jefe de la bancada, Emiliano García.

Los legisladores acusan el uso indebido de buses municipales para el traslado de personas a manifestaciones realizadas el pasado miércoles en el centro de Santiago, argumentando una grave infracción al principio de probidad administrativa.

Según detalla la denuncia, en el bus municipal se trasladaron a una serie de personas, entre ellos, adultos mayores, hasta calle Compañía 1140, justo al frente de los Tribunales de Justicia -Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago- y frente a uno de los accesos del edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, donde se desarrolla el Consejo Constitucional.

Se trataba de una protesta liderada por la Confederación de Fenats Nacional, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la organización sindical UTD (Unidad por Trabajo Digno), entre otras organizaciones, quienes afirman, «manifestaban su denuncia en contra de los ‘grupos minoritarios de la ultra derecha’, para que no le arrebaten el derecho a huelga y la libertad sindical». Temas que han plantado indicaciones del Partido Republicano.

En segundo lugar, señalan que otros participaron «en la marcha efectuada en la calle Bandera, sobre reforma de pensiones», de la cual también habría sido parte la diputada Karol Cariola (PC), reclaman. Incluso agregaron que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recibió una carta de apoyo a la reforma previsional.

«Es toda una orquestación del Partido Comunista, quienes a través de recursos municipales como es un bus, que a muchos vecinos se les niega constantemente para sus actividades, para las organizaciones sociales de la comuna cuando lo piden, no hay ningún problema en que sean utilizados para una manifestación política», sentenció el diputado Meza.

El diputado Romero complementó que «esas platas (gastadas en esto), esos recursos, son de los vecinos y lo más importante es que tiene que llegarle a las personas, a los vecinos y no para fines políticos (…) utilizar recursos municipales para eso, no es algo de las atribuciones que esté dentro de la ley para los alcaldes».

Los legisladores solicitan a la Contraloría acoger la denuncia e indagar y establecer eventuales responsabilidades y sanciones en contra de la Municipalidad de Recoleta y su alcalde.

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