Hay buenas razones para temer que, por tercer gobierno consecutivo, fracasará la reforma de pensiones. Mientras la izquierda se niegue a aceptar que la gente quiere mantener las cuentas de capitalización individual, la derecha se niegue a introducir más competencia al sistema y en fortalecer el pilar solidario, y la clase política en su conjunto se niegue a retrasar la edad de jubilación y aumentar el porcentaje del sueldo mensual que va al ahorro para las pensiones, seguiremos con este circo.
Esta falsa pelea entre payasos que ya están cansados de pretender golpearse y que ahora se trenzan en peleas de verdad tiene altos costos para la estabilidad de largo plazo de la disciplina fiscal y para la reputación -ya bastante dañada- de Chile como un país serio que es capaz de solucionar responsablemente sus problemas y enfrentar maduramente los desafíos.
El sistema privado de pensiones, basado en cuentas de ahorro individual en las que, cada mes, los trabajadores formales depositan el 10% de su sueldo bruto, tiene evidentes fortalezas y debilidades. Los múltiples diagnósticos que se han hecho en estos últimos veinte años concuerdan en que el sistema no es viable a menos que se retrase la edad de jubilación (60 años para mujeres y 65 para hombres) y que las contribuciones de los trabajadores pasen de un 10 a un 16% o 18% del sueldo bruto mensual. Aunque hay un amplio consenso a favor de esas dos reformas, casi nadie en la clase política se atreve a decirle a trabajadoras y trabajadores que deberán jubilarse a los 67 o 70 años.
De igual forma, aunque es evidente que debe aumentar la contribución mensual, la clase política -que ha disfrazado esa contribución adicional argumentando que será a cargo del empleador y no descontado del costo laboral que tiene para cada empleador el sueldo de sus trabajadores- ha convertido ese gran acuerdo en rehén de sus propias agendas de reforma.
La mala noticia es que esas agendas de reforma son muy diferentes para la izquierda y para la derecha. Por eso, aunque debiera haber consenso en dos elementos de la reforma-retrasar la edad de jubilación y aumentar las contribuciones mensuales- no se ha podido avanzar porque la clase política está obsesionada con hacer la reforma que ellos quieren y no la reforma que el país necesita y que puede lograr apoyo mayoritario.
Las diferencias entre la izquierda y la derecha se centran en quién tendrá la propiedad de los fondos de pensiones. La derecha quiere mantener la capitalización individual. La izquierda alega que eso significa que la propiedad de los fondos esté en manos de la AFP y no de las personas -o del Estado. La derecha cree que, si el Estado administra, no habrá apropiada rendición de cuentas. Como cuando todos somos dueños, nadie en realidad es dueño, la derecha alega que estatizar los fondos llevaría a que haya despilfarro y malas inversiones. Ese debate lleva a la izquierda a querer terminar con las AFP y a la derecha a defender la propiedad individual de los fondos. Llevamos casi dos décadas en ese debate.
La opinión pública tampoco ayuda mucho. La gente odia a las AFP, porque las culpa por las bajas pensiones. Pero la gente tampoco quiere perder las cuentas de ahorro individual (que, además, son heredables). Por cierto, la gente quiere que el Estado contribuya con más dinero al pilar solidario, pero esa misma gente se opone a un aumento de impuestos y a ampliar la base de personas que pagan impuestos a la renta.
También hay otras diferencias. Algunos en la izquierda quisieran crear una AFP estatal. Varios en la derecha y la izquierda creen que eso introduciría más competencia y más opciones al sistema de propiedad individual de los fondos. Otros en la izquierda temen que una AFP estatal sólo legitimaría el sistema de ahorro individual para las pensiones. En la derecha, a su vez, temen que una AFP estatal sería el primer paso para una estatización total del sistema después.
Como ambos sectores desconfían, con buenas razones, del otro, los espacios de consenso se convierten en campos de dudas sobre las verdaderas motivaciones del otro sector. El que el Presidente zigzaguee tanto respecto a sus valores y creencias tampoco ayuda. Boric acaba de sugerir, en entrevista en la BBC, que quiere superar el capitalismo. Esa declaración, irresponsable, burda y torpemente voluntarista (como si hubiera alguna alternativa hoy mejor que el capitalismo) comprensiblemente hace que muchas personas razonables de derecha prefieran esperar a que termine el gobierno de Boric antes de sentarse a negociar seriamente una reforma a las pensiones.
El país lleva casi dos décadas discutiendo qué hacer para mejorar el sistema de pensiones. Es improbable que haya avances significativos en los meses que vienen. Además de que contribuir a que el problema se haga más grande y la solución más difícil, esta inacción también muestra que el país ya no tiene ese activo de contar con una clase política que sea capaz de construir acuerdos y avanzar hacia soluciones razonables. Aunque el problema de las pensiones es serio y profundo, la falta de una clase política responsable es un problema que amenaza mucho más la estabilidad social y política del país.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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