José de Gregorio abrió el debate. El economista y ex presidente del Banco Central planteó la idea de eliminar los billetes de $10 mil y $20 mil en Chile, además de establecer un tope para las compras en efectivo para dificultarles el negocio al crimen organizado.
«Los billetes de alta denominación muchas veces se usan con fines tales como realizar transacciones ilegales, evadir impuestos y para actividades que no se deberían fomentar» dijo el actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.
«No puede ser que en tiendas de lujo tengan contadores de billetes. Es inaceptable que una persona compre un auto o un pasaje de avión en efectivo. Es inconveniente y no tiene sentido. Si alguien llega con un fajo de billetes a realizar una transacción tengo que pensar que algo raro está pasando», agregó. Por eso, De Gregorio dice ser «radical», deslizando que «debería haber un techo, por ejemplo, que no se puedan hacer operaciones de más de $500 mil en efectivo».
Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Uso y Preferencias del Efectivo (ENUPE) del Banco Central, si bien el uso de efectivo disminuyó producto de la pandemia en Chile, esta tendencia no continuó después de que se levantaron las restricciones sanitarias. Esto, porque en 2022 el efectivo subió al segundo lugar en preferencias de pago, con un 79%, siendo la tarjeta de debito el medio favorito.
Con todo, el uso la preferencia por uso de efectivo el año pasado fue mayor a lo reportado en 2021 y 2022, de 60% y 62%, respectivamente, e incluso supera el nivel de preferencia observado entre 2017 y 2019. El análisis agregó que quienes prefieren el efectivo son adultos mayores y personas de niveles socioeconómicos bajos.
Se trata de datos que distan bastante de la realidad de países que Chile suele mirar. En Suecia, por ejemplo, el uso de efectivo se redujo a solo el 7% de las transacciones de bienes y servicios el año pasado. Mientras que en Noruega los ciudadanos pagan cerca del 4% de sus compras en efectivos, algo similar a la realidad de Dinamarca.
En tanto, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), siguió lanzando ejemplo, estos, eso sí, relacionado con ciertas restricciones para el uso de efectivo. Comentó que en España, «se impone un límite de 1000 euros para pagos en efectivo, siempre que haya un profesional involucrado. Pagos en tiendas, talleres, restaurantes o por servicios como reformas y de obras».
«Bélgica desde 2014 impone un margen máximo de 3.000 euros. Esto se aplica tanto a la compra de bienes, como de servicios (un agente inmobiliario, consultor, TIC, etc.)», acotó, agregando que «en Francia los residentes del país pueden realizar compras en efectivo por un valor máximo de 1.000 euros. Otros países que incluyen limites son Grecia, Hungría, Republica Checa, Dinamarca, Italia, Rumania, Serbia, Reino Unido, Albania, entre otros», complementó.
¿Qué dijeron académicos, empresas y corporaciones al respecto?
Para Maximiliano Pino, director ejecutivo de ChilePay -una coporación que apunta a masificar los pagos digitales en el país-, el proceso de disminución del uso del efectivo «tenderá a ir desapareciendo en la medida que acompañemos y abordemos los temas de educación financiera y junto con ello debemos generar confianza en los medios de pago digitales, tanto en las personas como en los emprendedores y comercios».
Pero para lograr aquello, Pino sostuvo que debiera seguir avanzando en desarrollar y robustecer la infraestructura tecnológica que «permita su buen funcionamiento en todo el país, tal como la red de telecomunicaciones».
En ese sentido, enfatizó en que «evidentemente las ventajas de la digitalización superan por mucho a las del uso del efectivo, partiendo por la seguridad, la eficiencia y productividad que permiten los pagos digitales».
Respecto al dinero efectivo, el director ejecutivo de ChilePay consideró que hay que tomar medidas para su debido uso «sin perjudicar el diario vivir de las personas».
En esa línea, compartió con De Gregorio y resaltó que «claramente, el acotar los retiros de efectivo de altos montos en sucursales bancarias, así como también compras en efectivo en comercios por valores altos, como autos, viajes y artículos de lujo son medidas correctas para una mayor seguridad pública».
Con todo, Pino afirmó que «este proceso en curso requiere prestar una constante atención en aspectos de ciberseguridad, fraudes y junto con ello brindar soluciones que preserven la confianza de los usuarios».
Por su parte, Héctor Osorio académico de la Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) consideró que el planteamiento del ex presidente del Banco Central es una idea «vieja en el mundo que pretende luchar contra el narcotráfico en primer término».
«Esta surge pensando en billetes de US$100 y potencialmente de 100 euros porque en el fondo lo que se busca originalmente es prevenir y dificultar el movimiento del dinero en efectivo», aseguró. Por esto último es que Osorio cree la propuesta de Gregorio respecto al proceso de disminución del uso del efectivo «no es más que lo razonable, por lo tanto no puedo estar más de acuerdo con esa idea, puesto que eso va a permitir un mejor manejo de la información para las transacciones y así disminuyen varios efectos negativos asociados al dinero en efectivo».
Respecto a los sectores en que el manejo de dinero en efectivo es lo común, el académico de la UAI consideró que «probablemente para ellos podría generarse algún efecto nocivo».
Sin embargo, dijo, «si pensamos en ferias libres, en comercios un poquito más informales, eso podría ser un problema, pero no sería un problema de una magnitud inmanejable».
«Tampoco a nivel rural, donde los bancos pudieran pensarse que están lejos, que no hay buena conectividad, puesto que los volúmenes de esas transacciones suelen ser limitados», complementó.
En tanto, Alejandro Weber ex subsecretario de Hacienda y decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) comentó que la interpretación de las propuestas de De Gregorio van en la línea de que se debe avanzar para que en el mediano plazo se pueda «digitalizar de verdad nuestra economía».
Para argumentar su postura, el académico sostuvo que «Chile tiene un sistema financiero profundo y somos el país de Sudamérica con mayor bancarización. Según el Banco Central, el 2022 un 83% de los chilenos utilizó tarjetas de débito y a la fecha Banco Estado registra 14,4 millones de cuentas RUT».
Con todo, dijo, «aún persisten brechas de acceso, especialmente en sectores rurales y grupos más vulnerables».
Weber planteó que reducir el uso del efectivo por los canales adecuados es «ampliamente deseable para avanzar en la digitalización de la economía».
Para eso, la ex autoridad de Gobierno, sostuvo que se «requiere como condición bancarizar a casi la totalidad de nuestra población, lo que tiene múltiples beneficios. El primero es el acceso a crédito y servicios financieros. Si logramos caminar en esta dirección, es mejor que cualquier reforma tributaria que se pueda discutir».
Incluso, fue más allá, y aseguró que esto último permitiría reducir la informalidad que «hoy está en niveles elevados, superando el 27%, y con eso aumentar la protección de los trabajadores, reducir la evasión de impuestos a empresas, personas e IVA y con ello, recaudar más, tanto de personas como de empresas».
«El otro beneficio inmediato es el acceso a información en tiempo real por parte del regulador, lo que es fundamental para prevenir el lavado de activos y combatir el narcotráfico. Esto, por cierto, debe hacerse siempre cuidando los datos personales y protegiendo a los contribuyentes», complementó.
Visión del Gobierno
La semana pasada el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, Mario Marcel y el titular de Justicia, Luis Cordero iniciaron la tramitación del proyecto de ley de Inteligencia Económica Contra el Delito en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Esta iniciativa es parte de la agenda del Ejecutivo en materia de seguridad y crea un Subsistema de Inteligencia Económica, además establece otras medidas para la prevención, detección temprana y alerta de operaciones sospechosas y de actividades que digan relación con el crimen organizado.
En esa línea, el jefe de la billetera fiscal dijo que en ese proyecto está recogida de una manera distinta ya que «es cuando haya transacciones de alto valor que se paguen en efectivo, el comerciante registre los datos del comprador».
Con eso entonces, explicó que «se logra el mismo propósito pero sin la inconveniencia ni todo el requerimiento operacional de estar retirando millones de billetes de $20 mil y $10 mil del mercado».
«Así que compartimos el fondo de la preocupación, sin embargo, creo que hemos encontrado una manera de resolverlo que probablemente es más eficiente y más práctica que la eliminación de billetes de mayor denominación», expresó.
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