Una serie de dudas en torno al posible impacto en las cuentas de la luz que pagan los clientes regulados ha despertado por estos días el proyecto de transición energética, que comenzó su tramitación legislativa el pasado 11 de julio en el Senado. Esto, porque además de promover el desarrollo de obras de transmisión eléctrica e impulsar la licitación de un proyecto de almacenamiento a gran escala por US$2.000 millones, la iniciativa legal propone una reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios.
En simple, la medida busca resolver una distorsión regulatoria que ha complicado a las empresas de energía renovable. El problema surge, al menos en parte, por la congestión en las líneas de transmisión, dada la distancia entre las centrales eólicas y solares, ubicadas principalmente en la zona norte del país, lejos de los grandes centros de consumo. Esto ha obligado al segmento de generadoras a adquirir energía en el mercado spot a un costo marginal que supera las coberturas de sus contratos de largo plazo, generando importantes desbalances en los pagos por concepto de inyección y retiro que se realizan en el sistema.
Si bien la idea de modificar el modo en que se asignan los ingresos tarifarios ha sido bien recibida por los gremios y empresas del sector ERNC, durante la discusión legislativa hubo advertencias por parte de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) en torno al impacto que tendría la iniciativa. La entidad, que representa grandes consumidores de energía, principalmente de sectores productivos como la minería y otras industrias, estima que el conjunto de medidas del proyecto podría aumentar las cuentas a clientes finales en hasta $11 por cada kWh de consumo.
En detalle, estiman que la reasignación de ingresos tarifarios conllevaría alzas de $3,3 a $4 por kWh; la licitación y construcción de sistemas de almacenamiento lo agregaría entre $3,8 a $4,5 por kWh; y los mayores costos de las líneas de transmisión, además del financiamiento de las nuevas funciones para el Coordinador Eléctrico Nacional sumarían otros $2,9 por kWh a la cuenta.
El cálculo fue rebatido por el propio ministro Diego Pardow. “Creo que en el caso de los ingresos tarifarios, el cálculo que realiza Acenor tenemos una diferencia entre ver el promedio y ver el peor escenario”, dijo el secretario de Estado.
En su presentación ante el Senado, Pardow explicó la decisión de modificar la asignación tarifaria, implicaba una menor devolución a las empresas generadoras de $1 por kWh y que la propuesta evitaría un sobreprecio de $11 por kWh en las ofertas a futuro, por concepto de prima de riesgo.
Javier Bustos, director ejecutivo de la Acenor, sostiene su proyección. “Creemos que el proyecto de ley de transición energética implica costos, de los cuales se hacen cargo sólo los clientes, los que no han sido suficientemente evaluados, con beneficios altamente inciertos”, dijo a Pulso.
Desde la vereda técnica, la consultora Valgesta sumó otra alerta. En su último boletín mensual, advirtió sobre la necesidad de “transparentar los impactos que se originarán tanto a nivel del mercado mayorista como del mercado de contratos con clientes libres y regulados” por la inclusión del criterio de sostenibilidad en la operación a cargo del Coordinador.
Informe de impacto regulatorio: no afecta a consumidores
En su reporte, Valgesta también alertaba por un aspecto del proceso legislativo en torno a la iniciativa. “Se echa de menos el Informe de Impacto Regulatorio del proyecto conforme lo establecido en el Instructivo Presidencial (…) de abril de 2019″, planteaba la consultora.
En efecto, la iniciativa no incluyó dicho informe, cuya publicación debió ser remitido al Congreso “conjuntamente con el mensaje presidencial”, según dicta el instructivo, que obliga a diversas carteras a realizar el respectivo análisis de las iniciativas que sean de iniciativa del Ejecutivo.
Sin embargo, dicho documento fue publicado recientemente por el ministerio de Energía en su portal web. En él, un cuadro resumen sobre potenciales públicos afectados establece que no existiría un impacto en costos para los consumidores.
“En términos generales es posible afirmar que los mayores costos asociados al proyecto de ley los enfrenta el sector público al incorporar nuevos objetivos y funciones en el quehacer de las instituciones implicadas: Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico, entre otras”, detalla el informe. Ello contrasta con lo dispuesto en otro reporte, el Informe Financiero, que sí acompañó el ingreso del proyecto. Dicho documento señala que la iniciativa “no irrogará mayor gasto fiscal”, asegurando que “los cambios a los procesos de planificación energética y de la transmisión serán implementados con los recursos y dotación vigente de los servicios involucrado, y los cambios normativos aquí establecidos no tienen efecto en el presupuesto fiscal”.
Consultados, desde el Ministerio de Energía defienden sus estimaciones y ratificaron “la condición de no afectación en condiciones normales, la no irrigación de gasto fiscal, y la potencialidad de evitar $11/kWh a todo evento con cargo a $1/kWh sólo en condiciones extraordinarias”.
El posible impacto a clientes preocupa a los integrantes de la comisión de Minería y Energía del Senado. Su presidenta, Luz Ebensperger (UDI) planteó que “tenemos datos contradictorios” entre los distintos actores del sector eléctrico, ya que desde las generadoras “alabaron el proyecto”, mientras que académicos y clientes finales prevén alzas en las cuentas finales.
“Si bien creemos que es un proyecto importante, no podemos equivocarnos. Y si bien también queremos que siga habiendo inversión en energías limpias (…) tampoco lo podemos hacer si ese costo mayor lo tienen que asumir los consumidores finales”, dijo Ebensperger.
Consultada, la senadora sostuvo que el informe de impacto regulatorio fue solicitado al Ministerio, pero aún no ha sido entregado a la secretaría de la comisión.
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