Gabriel Boric y Giorgio Jackson son los dos hombres fuertes de Frente Amplio y además amigos. El Presidente cultiva un estilo más amable y no tiene muchos problemas en cambiar de opinión si es que le conviene; el ministro tiene un perfil duro, calculador y es implacable para ejercer el poder, lo que le ha acarreado varios enemigos entre sus aliados. Aun así, comparten un rasgo: cuando están en problemas responden atacando.
Lo hemos visto en el caso del desvío de recursos fiscales hacia fundaciones de sus correligionarios, donde el Presidente tiene ciertamente un problema porque el escándalo le ha quitado todo sustento moral a su gobierno e incluso un amigo personal de él, el doctor Larraín, ha recibido en su Fundación Pro Cultura más de 4.000 millones de pesos durante su mandato. El ministro tiene un problema más serio, porque los caminos de las irregularidades conducen a él.
Partamos por el ministro. Los delitos que investigan ocho fiscalías y que aún no terminamos de conocer, obedecen a un patrón común, a un esquema que ha descrito muy bien Tomás Mosciatti y que consiste en que una autoridad de gobierno, en varios casos militante de Revolución Democrática, firma un contrato, por asignación directa, con una fundación manejada por militantes de Revolución Democrática para realizar labores de dudosa utilidad, en el mejor de los pasos sobre pagadas y en el peor inexistentes y, en todos los casos, susceptibles de ser realizadas por otros contratistas por un precio menor y una calidad superior si se hubiesen adjudicado en un proceso competitivo.
El caso de Democracia Viva, financiada con fondos del Minvu de Antofagasta, fue ejecutado por operadores de ese partido, todos ellos de confianza de la diputada Catalina Pérez. Y en Atacama, el propio ministerio de Desarrollo Social, cuyo titular es Jackson, ha adjudicado contratos a fundaciones que están bajo investigación. Se habla ya de cifras cercanas a 15.000 millones de pesos traspasados a fundaciones afines con esta modalidad.
Como se sabe, Giorgio Jackson es el fundador de Revolución Democrática y Catalina Pérez, ex presidenta de la colectividad, ha sido apoyada por él en las elecciones internas. Pese a ello, Jackson se ha desentendido totalmente del fraude al fisco ideado y ejecutado por militantes de su confianza del partido que fundó. Tampoco se ha hecho cargo de las desviaciones de fondos de su propio ministerio, limitándose a señalar que realiza una investigación. Antes de que se conozca algún resultado de esta investigación se produce el insólito asalto al ministerio de Desarrollo Social en que se sustraen computadores y una caja de fondos bajo instrucciones telefónicas entregadas a los guardias de ese ministerio por un reo que se hace pasar por el ministro Jackson y que el subsecretario Monsalve califica de un robo común, contrariando al propio Jackson que le atribuye una intención política. Los computadores se encuentran rápidamente por las pistas dejadas por los autores, y de la caja fuerte nunca más se ha sabido.
Parece evidente que Jackson debe dar explicaciones por estos nuevos hechos. En primer lugar por qué recién al día siguiente del robo, a las 9:30 de la mañana informó de los hechos desde Concepción, destino al que se embarcó pocas horas antes. Tampoco se ha hecho cargo de las fallas de seguridad en su ministerio, a las que se han referido la ministra y el subsecretario del Interior, la ministra Vallejo y no el responsable de la cartera.
Por otra parte, Jackson se negó a entregar información de los servidores del ministerio a funcionarios de la PDI que la solicitan, requiriendo una orden judicial. La orden llega después que se han robado los computadores y la caja fuerte. Unos días después vuelve a presentarse una falla de seguridad en el ministerio, Jackson no aparece para dar explicaciones y el ministerio informa de este hecho a través de un funcionario subalterno y nos enteramos por la ministra del Interior que se ha puesto término al contrato de la empresa de seguridad del ministerio de Desarrollo Social. Jackson silente.
En los últimos días, varias reparticiones públicas relacionadas con el caso de los contratos con fundaciones que han sido cuestionados curiosamente sufren robos de computadores. La destrucción de evidencia que hemos visto en el ministerio dirigido por Giorgio Jackson parece formar parte del esquema para defraudar al Fisco.
Luego, el ministro saca la voz para victimizarse cuando los diputados de la UDI informan que no participarán del diálogo sobre la reforma de pensiones mientras no se pida la renuncia al ministro Jackson. No se querellará por una imputación de delitos, señala, pero exige disculpas. ¡Él exigiendo disculpas!
Y aquí entra a tallar el Presidente indignado. ¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero (Boric como parlamentario votó en contra del proyecto de Piñera que aumentaba las pensiones). También se negó a aprobar el presupuesto de Carabineros mientras no se le pidiera la renuncia al ministro del Interior de la época, Víctor Pérez.
Esta vez la UDI a través de su presidente Javier Macaya y el diputado Guillermo Ramírez ha reaccionado con firmeza. Con qué cara pretende el Presidente tapar con tierra la corrupción en su gobierno: el problema está en La Moneda, no en la UDI. En efecto, ya dos senadores socialistas han pedido la salida de Jackson y al Presidente Boric le costará cada día más caro seguir protegiéndolo.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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