Donald Trump comparecerá este jueves ante una jueza en Washington para la lectura de cargos por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden.
El ex presidente tendrá que comparecer ante la jueza Moxila Upadhyaya, de la corte federal del Distrito de Columbia, tras haber sido imputado este martes de conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.
Aunque el documento presentado en la corte donde se establece la fecha de la comparecencia no precisa la hora, varios medios estadounidenses han informado de que el exmandatario deberá presentarse en el tribunal a las 16 (hora local, 20 GMT).
El fiscal especial Jack Smith anunció que intentará que se celebre un proceso sin demoras. “Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos”, dijo el fiscal en una breve comparecencia ante la prensa.
Mientras tanto, agregó Smith, Trump “debe presumirse inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal”. El fiscal advirtió además de que la investigación sobre otros individuos que participaron en el intento de revertir la voluntad popular continúa.
QUIÉN ES LA JUEZA QUE LO ENJUICIARÁ
La magistrada encargada de enjuiciar a Trump será Tanya S. Chutkan, quien ejerce el cargo desde 2014 y ha presidido varios casos en relación con el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Trump, el 6 de enero de 2021.
Chutkan, de origen jamaicano, falló en contra de una petición presentada por el expresidente para evitar que el comité especial de la Cámara de Representantes que investigó el ataque a la sede del Congreso obtuviera una serie de documentos de la Casa Blanca.
A su vez, la jueza emitió condenas más fuertes que las requeridas por la fiscalía contra varias de las personas que participaron en el asalto, según han informado medios estadounidenses.
Durante una de las audiencias, Chutkan incluso señaló que, en su perspectiva, “debe haber mayores consecuencias” para quienes fueron parte de un “intento violento de derrocar un gobierno”.
Chutkan fue nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), trabajó en un bufete privado por 12 años y tiene un diploma de Derecho de la Universidad de Pensilvania, de acuerdo con la página web de la corte.
CÓMO SON LOS CARGOS
Según el escrito de acusación, el exmandatario está imputado de conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.
Así se describe en el documento esos delitos:
PRIMER CARGO: CONSPIRACIÓN PARA DEFRAUDAR A ESTADOS UNIDOS
Por este delito Trump podría afrontar una pena máxima de cinco años.
El gran jurado que ha imputado al ex mandatario considera que conspiró para “alterar, obstruir y rechazar” el funcionamiento del Gobierno federal, a través de “la deshonestidad, el fraude y la mentira” de diversas maneras.
Asegura que Trump y sus aliados hicieron a sabiendas “afirmaciones falsas” de que hubo fraude electoral para lograr que legisladores estatales y funcionarios electorales revirtieran “los resultados legítimos” de los comicios.
“El acusado empujó a funcionarios en algunos estados a ignorar el voto popular, privar del derecho al voto a millones de electores, rechazar a votantes legítimos y causar la verificación y el voto de electores ilegítimos a favor del imputado”, señala el escrito.
En ese sentido, se asegura que Trump y sus colaboradores organizaron listas “fraudulentas” de electores en siete estados claves (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin).
La acusación describe que esto dio lugar a que esos electores “fraudulentos” se dieran cita el día de las elecciones para emitir un voto, descrito también como “fraudulento” por el gran jurado, a favor de Trump, y que firmaran certificados en los que de manera “falsa” aparecían como votantes legítimos.
También se cuenta cómo Trump y sus aliados “intentaron usar la autoridad del Departamento de Justicia” para llevar a cabo investigaciones “falsas” y mandar cartas a los estados clave alegando que la Fiscalía General tenía “inquietudes significativas” que podrían tener un impacto en los resultados electorales.
Respecto al 6 de enero de 2021, el entonces mandatario supuestamente intentó convencer a su vicepresidente, Mike Pence, que ese día actuaba como presidente de la Cámara Alta en la sesión para ratificar la victoria electoral de Biden en el Congreso, para que alterara los resultados de los comicios.
Cuando quedó claro que Pence no iba a colaborar, Trump trató de aprovecharse del asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores “redoblando sus esfuerzos para elevar afirmaciones falsas de un fraude electoral y convencer a los miembros del Congreso de retrasar aún más la ratificación” de Biden, dice el texto.
SEGUNDO Y TERCER CARGO: CONSPIRACIÓN PARA OBSTRUIR UN PROCEDIMIENTO OFICIAL E INTENTO DE HACERLO
El gran jurado acusó también a Trump del delito de conspirar para obstruir un procedimiento oficial y del delito de obstruir o intentar obstruir un procedimiento oficial, ambos muy similares y con una pena máxima de prisión de 20 años.
Para sostener esta acusación, el gran jurado utiliza la misma evidencia utilizada en el primer cargo, y denuncia que entre el 12 de noviembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, un día después del asalto al Capitolio, Trump “intentó impedir e impidió de forma corrupta un procedimiento oficial, es decir la ratificación de los resultados electorales”.
CUARTO CARGO: CONSPIRACIÓN CONTRA DERECHOS
El cuarto y último cargo es el de “conspiración contra derechos” que se aplica cuando más de dos personas se ponen de acuerdo para agredir a alguien que ejerce sus derechos constitucionales y que tiene una pena máxima de diez años de prisión.
El gran jurado consideró que Trump “conspiró a sabiendas” con otras personas para “herir, oprimir, amenazar e intimidar a personas que ejercieron un derecho garantizado en la Constitución”, en referencia al derecho al voto.
(Con información de EFE)
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