“Hasta cuándo vamos a aguantar que la RMM (Resistencia Mapuche Malleco), que se aloja dentro de Temucuicui, haga lo que quiera”, declaró el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, tras el atentado que hubo la madrugada del miércoles que dejó como saldo un funcionario lesionado con quemaduras, una escuela, una iglesia, una posta rural, una sede social y vehículos incendiados, entre ellos una ambulancia.
“Con fuego y bala exigiremos el traslado de los prisioneros políticos mapuche”, decía el lienzo que dejó la RMM tras el ataque; en alusión al traslado de presos de la Cárcel de Angol a otros recintos, tras secuestrar a gendarmes durante la jornada de elecciones del 7 de mayo.
El jueves, nuevamente por esa causa hubo agitación en la IX Región, cuando un grupo de comuneros mapuche, en su mayoría mujeres y niños, se tomó la Municipalidad de Ercilla, “por el tema del traslado, de la dispersión que hizo Gendarmería con nuestros presos políticos mapuche, que aún no han sido devueltos a la región”, declaró Vania Queipul, vocera de la comunidad Temucuicui, en conversación con Meganoticias.
Temucuicui es conocida por su historial de violencia. Entre otras cosas, allí ocurrió la muerte del inspector de la PDI Luis Morales Balcazar en un operativo por drogas; el werkén de la comunidad, Jorge Huenchullán, está prófugo acusado de narcotráfico; y en 2022 la ex ministra del Interior, Izkia Siches, fracasó en su intentó por visitarlos y fue repelida a balazos a tan solo cuatro días de que se instalara el gobierno de Gabriel Boric.
Es una zona roja, además conocida por los decomisos de vehículos robados y cultivos de marihuana.
Sin embargo, para muchos, también es una comunidad que ha sido “privilegiada” por el Estado. En especial por la política de entrega de tierras que se implementó a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.253, conocida como Ley Indígena, en 1993.
Cómo Temucuicui acumuló más de 3.000 hectáreas
A través de esta legislación se creó el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas que en su artículo 20 letra b permite el financiamiento de tierras en conflicto provenientes de los títulos de merced.
En el caso de Temucuicui, su título de merced es el 3-B, se ubica en la comuna de Ercilla y lleva el nombre de “Ignacio Queipul y Millanao” del año 1884. Tiene una superficie original de 250 hectáreas y fue conformado originalmente por 26 personas.
Sin embargo, bajo ese mismo título de merced se crearon la Comunidad Indígena “Ignacio Queipul Millanao”, la Comunidad Indígena “Ignacio Queipul Millanao 2” y la Comunidad Indígena “Autónoma Mapuche Temucuicui”.
De acuerdo con información que obtuvo El Líbero, a la Comunidad Indígena “Ignacio Queipul Millanao” se le han realizado cinco compras: estas ocurrieron en 1998 bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei, en 2002 durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y en 2014 en el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.
Las compras para esta comunidad totalizan una superficie de 2.268,8 hectáreas con una inversión de $3.360.337.542.
En el caso de la comunidad “Ignacio Queipul Millanao 2”, se realizaron dos compras, en 2004 y 2005, ambas durante el gobierno del Presidente Lagos. Recibieron una superficie total de 703,2 hectáreas, lo que implicó una inversión de $1.836.245.837.
Mientras que la comunidad “Autónoma Mapuche Temucuicui” contabiliza seis compras; todas en 2014, bajo el gobierno de Bachelet, y con el actual senador Francisco Huenchumilla como intendente de la IX Región. La Temucuicui Autónoma recibió 242,84 hectáreas, que tenían un valor de $1.089.260.583.
En resumen, las compras a estas tres comunidades indígenas, provenientes del título de merced Ignacio Queipul y Millanao, suman 3.210,84 hectáreas con una inversión total de $6.285.843.962.
Beneficios en números
Lo que ha recibido Temucuicui no es poca cosa, considerando que 3.200 hectáreas son algo así como dos veces la comuna de Providencia (Región Metropolitana) o que según el Censo 2017 –que tuvo que entregar estimaciones, puesto que la comunidad se negó al ingreso de los censistas– la suma de todos los habitantes de Temucuicui era de 271 personas. Esto implica una superficie de 8,5 kilómetros cuadrados por persona.
Asimismo, esos más de $6.000 millones en tierras representan un subsidio de más de $23 millones por habitante.
Y es que fuentes relacionadas con Conadi admiten que “muchos quisieron comprar paz con tierras”; y que el caso más “connotado” en este sentido es, precisamente, el de Temucuicui.
Para Richard Caifal, director ejecutivo de la Fundación Rakizuam, “en materia de compra de tierras, creo que ha imperado la ley del más fuerte o del que ejerce más violencia. Junto con comprar tierras también se adquieren problemas, ya que muchas de ellas están sin cultivar producto de una ley comunitarista que desprecia la propiedad privada y la certeza jurídica”.
Caifal dice a El Líbero que “en el caso de Temucuicui es demasiado evidente la violencia, por los atentados, heridos y fallecidos”, aunque señala que hay otras comunidades que han ejercido violencia, en una práctica que de alguna forma ha quedado “institucionalizada”.
En sus declaraciones, el diputado Mellado recordó que esta semana también hubo una emboscada a Carabineros en Ercilla, y tras los disparos se encontró un lienzo en el que se exigía la libertad de Matías Huentecol, también relacionado con la RMM. “Ya es hora de entrar a Temucuicui, de allanar ese antro de terroristas y, de una vez por todas, terminar con la RMM”, afirmó el parlamentario.
En lo que va de 2023, de acuerdo con cifras del ex coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, la RMM se ha adjudicado 29 atentados, siendo el año más violento de la orgánica desde su aparición en 2011.
Más plata para Temucuicui que para el resto
Según la cuenta pública presentada este año por Conadi, entre los principales hitos que alcanzaron en 2022 está que lograron “el 100% de ejecución del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena, que permitió restituir tierras a 14 comunidades mapuche con una inversión de $40.027 millones de pesos, en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”.
El número implica que, en promedio, gastaron en cada comunidad alrededor de $2.850 millones; menos de la mitad de lo invertido en Temucuicui.
A eso se suman los tiempos. La Ley Indígena está vigente desde 1993 y Temucuicui logró su primera compra en 1998. En cambio, la comunidad Juante Nahuelpan, de Tirúa, beneficiada en 2022, de acuerdo con información difundida por la propia Conadi, estuvo 24 años esperando.
Además, El Líbero dio a conocer en diciembre del año pasado, que entre las comunidades beneficiadas en 2022 dos hicieron “usurpaciones” en La Araucanía.
Original de El Líbero
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