El régimen de Corea del Norte estuvo en el centro de la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se evaluó la situación de los derechos fundamentales en el territorio y que acabó con importantes denuncias, en un momento en el que Pyongyang realiza cada vez con mayor frecuencia pruebas de misiles.
El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, sentenció tras el análisis de informes y testimonios de desertores que el régimen de Kim Jong-un abusa de sus ciudadanos con las más crueles tácticas para “sostener el aparato militar y su capacidad para producir armas” mientras éstos mueren de hambre o por falta de medicamentos y recursos básicos.
“Muchas violaciones (…) sostienen el crecimiento de la militarización” de Corea del Norte, dijo ante el Consejo y detalló que entre estos atropellos se encuentran el trabajo forzado -incluido el de prisioneros políticos y escolares en cosechas-, la confiscación de los salarios de los trabajadores en el extranjero y la inexistencia de la libertad de expresión, pensamiento, religión o reunión.
Todas ellas, sumó, suelen ser “sancionadas con ejecuciones extrajudiciales”, lo que constituye una muestra más de la brutalidad de las maniobras del dictador cuyo único interés parece ser su fortalecimiento militar con el que intimidar a la comunidad internacional.
A estas denuncias se sumó la advertencia del Alto Comisionado sobre el asfixiante control ciudadano que rige la vida cotidiana de las personas y les impide vivir tranquilos.
“La vigilancia del Gobierno sobre sus ciudadanos, en el país y en el extranjero, ha crecido con una intensidad raramente vista en otros países. El derecho a la privacidad es violado sistemáticamente, las casas están sujetas a registros aleatorios, y los vecinos y familiares son incitados a denunciarse entre sí”, explicó al respecto.
Ilhyeok Kim, un joven desertor, participó del encuentro y narró en primera persona los horrores, el “aislamiento” y los “castigos” que, junto con su familia, tuvo que vivir en el país para, con “sangre y sudor” sostener “la vida lujosa de los dirigentes”. Inclusive, contó cómo una hermana de su padre que se quedó en el país fue detenida y torturada durante meses por no haber denunciado sus planes de huida.
“Con lo que cuesta un misil norcoreano el Gobierno podría alimentar tres meses al pueblo”, agregó a continuación sobre otro de los principales problemas que deben sortear los ciudadanos.
El hermetismo de Pyongyang llevó al país a quedar, desde hace años, asilado del mundo y mantener únicamente contacto con aquellas naciones aliadas -como Rusia y China-. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia del coronavirus, en 2020, el régimen decidió extremar sus medidas y cerrar por completo la frontera con el fin de evitar una crisis sanitaria -o, tal vez, por su incapacidad para responder a ella-.
Desde entonces, poco ha cambiado en cuanto al contacto con el exterior y, al interior del país, la situación sólo empeoró.
Un informe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur expuso que la escasez generalizada de alimentos se agudizó y su vecino del norte estaría enfrentando una faltante aproximada de 800.000 toneladas de arroz. Esto se debe a las sequías en la zona, las medidas de sustitución de importaciones y la reducción en la producción de alimentos que el régimen se niega a suspender.
Asimismo, imágenes satelitales de 2022 dieron cuenta que Pyongyang produjo 180.000 toneladas menos de alimentos que el año anterior, lo que explica que cerca del 42% de la población sufra algún grado de desnutrición, según análisis de la ONU.
Como respuesta, el Consejo adoptó en 2006 una serie de medidas y sanciones que fueron reforzadas en tres ocasiones en 2017. La mayoría de ellas recaen sobre las importaciones de petróleo.
Sin embargo, la imposición de más restricciones parecen cada vez más difíciles dada la presencia de las delegaciones chinas y rusas en el órgano, que vetan nuevas resoluciones y condenan declaraciones en contra de su aliado.
Inclusive, durante esta última sesión, ambos representantes tomaron la palabra y repudiaron los dichos de sus pares. El embajador adjunto de Beijing, Geng Shuang, aseguró que se extralimitaron en sus funciones y declaraciones ya que ello “no supone una amenaza a la paz y la seguridad internacional” mientras que el ruso Dmitry Polyanskiy calificó la reunión de un “intento vergonzoso de politizar al Consejo”. Es un acto de “hipocresía occidental” y “provocación”, concluyó.
Por su parte, la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, lamentó esta protección entre países que previene a los abusadores de rendir cuentas por sus atropellos.
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