El Consejo Constitucional avanza en la discusión del proyecto de nueva Constitución que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre. Esta semana se trabaja en comisiones revisando enmiendas presentadas por los consejeros al proyecto de la Comisión Experta y se estima que el 28 de agosto se empezará a votar en comisiones con el objeto de despachar el día 2 de septiembre los informes al pleno del Consejo para su revisión y votación. El Consejo tendrá un mes de plazo y tendrá el 7 de octubre el primer texto de la propuesta de nueva Constitución.
Apenas se presentaron las enmiendas al texto de la Comisión Experta, pautas de izquierda intentaron instalar en la opinión pública que la mayoría del Consejo pretendía una Constitución partisana. Con ello trataban de convencer a la gente que el nuevo proyecto sería una suerte de anverso del de la Convención y lo que correspondía, en cambio, era aprobar un texto prácticamente idéntico al de la Comisión Experta.
Con el correr del tiempo ese intento se ha mostrado vano. Primero, porque el nuevo texto necesariamente debe ajustarse a los bordes definidos para el proceso y eso ya descarta que sea partisano; y segundo, porque no tendría sentido elegir popularmente a un Consejo si después éste debe ajustarse estrictamente al texto de los expertos.
Cierta izquierda pasó de abogar por la sola deliberación en un Consejo 100% elegido a pretender maniatar a los consejeros una vez que conocieron el resultado de las elecciones, ampliamente desfavorable para ellos. Luego, intentaron obtener un fallo de la Corte Suprema que impedía agregar nuevos capítulos al texto del anteproyecto, lo que fue rechazado.
Pero la discusión ha transcurrido en un clima de seriedad y respeto y las enmiendas presentadas por la derecha, lejos de ser identitarias, apuntan a demandas que coinciden con los intereses de la mayoría de los ciudadanos. En la comisión de Sistema Político fue el oficialismo el que defendió enmiendas tendientes a establecer escaños reservados para pueblos indígenas a nivel nacional, regional y local y a establecer el voto voluntario desde los 16 años de edad (contenidos del proyecto de la Convención que fue rechazado). Se ha discutido sobre el número de escaños por distrito y la propuesta del Partido Republicano y la UDI de disminuir el número de diputados, que no es una demanda identitaria sino transversal.
En la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos autónomos se ha escuchado a la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Banco Central. Algunas enmiendas discurren sobre contrapesos al gobierno unipersonal de la Contraloría y acerca de reponer el control sustantivo de constitucionalidad en la Corte respectiva. En la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos se ha debatido acerca del carácter de los Tratados Internacionales y su jerarquía constitucional y todo indica que se llegará a una solución equilibrada entre aquellos que abogan por la primacía de los TTII y quienes le atribuyen supremacía a la Constitución. También se ha discutido la posibilidad de reforzar la integridad pública y la lucha contra la corrupción, aunque la imaginación hasta ahora no ha llegado más allá de proponer una Agencia Nacional, una clásica respuesta burocrática que en general no da resultados.
En la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales las principales discusiones han estado centradas en el derecho a un plan universal de salud y en la libertad de elección, derecho este último que parte del oficialismo rechaza incluir en el texto. También se ha tratado el derecho a huelga y su circunscripción o no a la negociación colectiva y su eventual aplicación a los trabajadores del Estado. En relación a deberes, hay enmiendas sobre la proporcionalidad de los tributos. Aún quedan por discutir cuestiones relativas a derechos ambientales y propiedad de los ahorros previsionales.
En general, como puede apreciarse, las cuestiones que se analizan desmienten que la mayoría vaya a imponer un proyecto partisano y más bien se trabaja en conseguir un texto que responda a demandas muy sentidas por la mayoría de la población. Sin embargo, ad portas de las votaciones, la izquierda (el consejero Yerko Ljubetic) ha iniciado una ofensiva tendiente a forzar un acuerdo, presionando a Chile Vamos, sin mencionar que sería un acuerdo entre el 70% y el 30% y que, por lo tanto, la derecha puede legítimamente aspirar a tener mayor incidencia en el texto final, sin por ello pasar máquina. Los emplazamientos a estas alturas están fuera de lugar, menos aún de quienes actuando como bloque afirman que llegarán con el Partido Comunista hasta el final. ¿Por qué habría de aceptar Chile Vamos que ese partido tenga poder de veto sobre la Constitución?
Las encuestas demuestran hoy una mayor predisposición a votar por la opción «En Contra». Ello se explicaría por el hastío que ha provocado el largo proceso y la sensación de desilusión respecto a las expectativas que se crearon inicialmente.
Cabe considerar, entonces, un mayor esfuerzo del Consejo Constitucional por identificar cuestiones que la mayoría requiere de la institucionalidad y discernir cuáles pueden ser objeto de protección constitucional. Preliminarmente, uno podría mencionar una prospección en materia de: 1) seguridad pública, control fronterizo e inmigración; 2) libertad de elección en salud, educación y seguridad social; 3) transparencia y combate a la corrupción; 4) creación de riqueza, derecho de propiedad y libre competencia y 5) modernización del Estado.
Sin que necesariamente esta enumeración sea exhaustiva, es innegable que refleja grandes aspiraciones de la mayoría de la población. Una razonable protección constitucional a ellas ayudaría a fortalecer la opción A Favor, permitiendo así cerrar con éxito este ciclo constitucional que tanto ha conmovido a nuestro país.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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