Los chilenos están mucho más preocupados de la situación económica, el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades, y de sus derechos humanos y de consumidores hoy que de las causas del quiebre de la democracia en 1973. Consecuentemente, el gobierno y el Congreso debieran abocarse a enfrentar esos desafíos y a construir acuerdos para solucionar los evidentes problemas del Chile actual y abandonar el torpe e inútil intento por querer escribir una historia oficial sobre lo que pasó antes.
Más que obsesionarse por debatir aquellas cosas cuya interpretación divide a Chile, las autoridades democráticamente electas deben hacer el trabajo más duro y urgente de construir un mejor futuro para todos. En eso sí podemos estar todos de acuerdo y no hay espacio para interpretaciones personales o ideológicas.
Huelga decir que en Chile hay evidentes discrepancias sobre las causas del golpe y sobre quiénes deben cargar con la responsabilidad política del quiebre de la democracia en 1973. Afortunadamente, en el país hay un enorme e incuestionable consenso a favor de la defensa de los derechos humanos. Es un error -o un evidente acto de mala fe- sugerir que aquellos que culpan a Salvador Allende y a la izquierda en general por el quiebre de la democracia sean negacionistas o apologistas de la dictadura.
Así como uno puede criticar a un amigo por conducir ebrio sin justificar que haya sido víctima de una encerrona y un asalto cuando manejaba intoxicado por el alcohol, las críticas que se hacen a la irresponsabilidad y falta de criterio que abundaron en el gobierno de Allende -o en la oposición- no pueden ser tergiversadas como una justificación o relativización del golpe de Estado.
Por cierto, incluso aquellos que, en su momento respaldaron o, con su silencio, dieron su aquiescencia al derrocamiento de Allende, no debieran ser automáticamente acusados de condonar las violaciones a los derechos humamos cometidos por la dictadura o lo prolongado que terminó siendo la dictadura militar. Muchos de ellos, incluido el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, un demócrata de incuestionables credenciales, creyeron que el golpe militar llevaría a elecciones democráticas en un tiempo razonable.
Esa creencia terminó siendo equivocada. Pero muchos también creyeron en noviembre de 2019 que el proceso constituyente que celebraron como un avance de la democracia produciría una Constitución ampliamente respaldada por todos. La historia probó que su creencia era equivocada. Pero cuando la verbalizaron, parecía una creencia razonable. En vez de meter todos al mismo saco de negacionismo y apología de la dictadura, corresponde distinguir entre aquellos que vieron en el derrocamiento de Allende una salida a la profunda crisis social, económica y política por la que atravesaba el país, y aquellos que apoyaron el proyecto refundacional de largo plazo que terminó representando la dictadura.
No hay espacio para dobles lecturas. Una amplia e incuestionable mayoría de los chilenos -incluidos los partidos políticos desde el PC hasta el Partido Republicano- condena las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Comparado con la relativización que realizan varios de esos partidos a las violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos autoritarios hoy en el resto del mundo, hay un evidente e incuestionable consenso en el país en la defensa de los derechos humanos. De ahí que sea impropio que algunos partidos intenten atribuirse superioridad moral en temas de derechos humanos. No es verdad que aquellos que, en dictadura, fueron las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos sean ahora los propietarios de la defensa de los derechos humanos. En Chile hoy, esa defensa es un patrimonio del país, no de un sector político.
Precisamente porque no hay discrepancias sobre la necesidad de defender los derechos humanos, el debate sobre las causas del quiebre de la democracia debe estar en los debates históricos, en la arena pública, más que en el debate político, en la legislatura o en la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La gente quiere que sus autoridades se dediquen a buscar soluciones para los problemas que enfrenta hoy el país. No quiere que sus legisladores se las den de historiadores o se dediquen a tratar de producir una historia oficial sobre lo que llevó al quiebre de la democracia en 1973.
La incapacidad del gobierno para dar respuesta a las urgencias de la ciudadanía hoy hace que los problemas empeoren y las carencias se multipliquen. Además de la delincuencia, la inflación y el empleo, los chilenos están preocupados también por la salud, la vivienda, la educación y las pensiones.
La lista de prioridades es demasiado larga como para que la clase política se dedique a jugar a ser malos historiadores y pierda el tiempo caricaturizando las distintas lecturas sobre el quiebre de la democracia en 1973. Los chilenos están más preocupados de los problemas que los aquejan hoy que de debatir las causas del quiebre de la democracia hace 50 años. Es hora de que la clase política se ponga en sintonía con esas preocupaciones urgentes.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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