En un dolor de cabeza se transformaron para La Moneda los incidentes que se dieron en la previa del 11 de septiembre, que incluyeron un ataque y destrozos al Palacio de Gobierno, y por los cuales hubo 12 detenidos en Santiago.
En el marco de la romería al Cementerio General, de forma excepcional, el Ejecutivo autorizó su paso por un costado de La Moneda, momento en el que un grupo de encapuchados lograron romper ventanales y realizar rayados en las murallas, además de diversos destrozos en el Centro Cultural La Moneda.
En el Ejecutivo salieron a condenar estos actos, calificando como «adversarios» a los grupos violentistas. «Quiero rechazar de manera categórica los hechos de violencia que se han producido en el Palacio de La Moneda«, dijo el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, enfatizando que «quienes ejercen la violencia son adversarios del Gobierno«.
Asimismo, el Presidente Boric, junto con condenar los hechos en su cuenta de X (ex Twitter), también sostuvo que «no nos amedrentan, ni intimidan, somos muchos más los que queremos, y vamos a avanzar por transformaciones sociales en paz y diálogo».
Desde el Ministerio Público informaron que 12 personas fueron detenidas en Santiago; a quienes han ido formalizando a lo largo de la jornada debido a los desmanes causados en La Moneda y en el Cementerio General.
El Líbero tuvo acceso a los nombres de todos los detenidos, sin embargo en las audiencias se prohibió dar nombres o divulgar los rostros de los detenidos. En uno de los tribunales la decisión se tomó a solicitud de uno de los abogados defensores que argumentó que la prensa «intentaba criminalizar la protesta social».
Detenido un profesor comunista
El Líbero pudo corroborar, sin embargo, que entre los detenidos hay al menos dos ex «primera línea» y un profesor que ha asistido a actividades relacionadas con el Partido Comunista.
Este último de iniciales J.L.H.A., ha ejercido como profesor de educación media en Peñalolén. Además es viudo de la historiadora rusa y académica de la Usach, Olga Ulianova, quien murió en 2016.
En sus redes sociales, a J.L.H.A. se le puede ver celebrando el aniversario del PC en 2015. También aparece en una protesta marchando con la CUT, Fenats y representantes del Colegio de Profesores. En sus redes hay otras publicaciones en las que alude a la calidad de la educación y en la que presenta a sus alumnos en Villa Grimaldi, en una actividad de educación cívica.
Por otro lado, sobre una nota publicada por El Mostrador en 2016 titulada: «La agresiva estrategia del Gobierno y el PC para ganar la batalla en redes sociales», el profesor comentó: «Medio esquizofrénico el artículo, me imagino que lo escribe un periodista de verano».
El profesor fue formalizado esta tarde ante el Juzgado 7mo de Garantías de Santiago por la supuesta comisión del delito de interrupción de la circulación. Su detención fue declarada ilegal y se fijó para el próximo 21 de noviembre una audiencia de suspención condicional del procedimiento.
Ex «primera línea» entre los detenidos
En tanto, entre los detenidos que pasaron a control de detención, también hay dos ex «primera línea».
Uno de ellos de iniciales C.F.B.H., quien fue detectado por Carabineros como uno de los que atacó y provocó daños en La Moneda y posteriormente en el Cementerio General. Además, junto a un grupo habría sustraído productos de una farmacia y dinero de la caja registradora de un local de comida rápida.
El hombre, de 33 años de edad, también fue señalado de haber robado el celular de un trabajador de un medio de comunicación, amedrentándolo con un arma blanca.
Al momento de la captura, C.F.B.H. llevaba consigo una mochila en la que portaba el teléfono de la víctima, 52.230 pesos -que habrían sido sustraídos de la caja registradora-, un cortaplumas metálico, así como dos cepillos de dientes y un enjuague bucal -que habrían sido robados de la farmacia-, entre otros elementos.
El detenido fue formalizado por la supuesta comisión de los delitos de daños a monumentos nacionales, saqueos y robo con intimidación.
En la audiencia, C.F.B.H. fue representado por el abogado Jorge Palma Acuña, ex candidato a diputado y militante del partido Unión Patriótica, liderado por el ex candidato presidencial Eduardo Artés.
Este jurista fue el mismo que defendió a a integrantes de Revolución Ciclista Internacional que fueron formalizados en diciembre del año pasado, por funar a Cristian Warnken, fundador de Amarillos por Chile, en su domicilio (ver nota: El violento prontuario de Revolución Ciclista Plurinacional, el grupo tras la “funa” a Warnken)
En las redes sociales de C.F.B.H. se pueden ver varias fotos en Plaza Italia durante las manifestaciones de octubre de 2019, con escudo y capucha. En otros de sus comentarios además pide la renuncia del ex Presidente Sebastián Piñera.
Misma tónica se observa con otro de los detenidos, de iniciales B.M.M.B, quien aparece en el monumento de Plaza Italia, con un grupo de encapuchados. En sus redes además tiene publicaciones de apología al estallido, pidiendo libertad para “los presos políticos” y en contra de Carabineros.
Una de las mayores crisis que enfrentó el gobierno del Presidente Gabriel Boric fue la que se originó a finales del año pasado, cuando el Mandatario indultó a 12 condenados por delitos relacionados con los disturbios del 18 de octubre de 2019 y las fechas posteriores. En aquella ocasión, el Jefe de Estado aseguró que quienes recibieron el beneficio «no son delincuentes».
“Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estar heridas, vivimos un proceso que fue tremendamente complejo en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”, afirmó el Presidente.
Otro de los abogados que participó como defensa de un detenido de iniciales M.V.B.R. es John Maulén, reconocido en los medios por haber defendido a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Maulén es parte de la ONG Defensoría Popular, organización que asume a sus defendidos como «luchadores sociales» que el «Estado persigue y criminaliza», según su cuenta en Facebook. Los integrantes de esta organización defendieron a varios de los involucrados en el estallido. Otros de los abogados de la Defensoría Popular son Rodrigo Román Andoñe y Lorenzo Morales Cortés.
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