El índice de inflación en Argentina fue de 12,4 % en agosto y alcanzó su máxima variación mensual desde 1991, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el organismo llegó a un acumulado de 124,4 % interanual, y suma 80,2 % en lo que va de 2023.

El IPC de agosto superó las cifras más altas registradas en los últimos 30 años: la de abril de 2002 (10,4 %), poco después de la peor crisis económica del país; y la de marzo de 1991 (11 %), mes en el que, tras varios meses de hiperinflación, el Gobierno de Carlos Menem dispuso el sistema de convertibilidad, que equiparaba el valor del paso argentino con el dólar.

«La división de mayor aumento en el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas (15,6 %), producto de la suba en carnes y derivados y verduras, tubérculos y legumbres. Le siguieron salud (15,3 %) –principalmente por los aumentos en medicamentos– y equipamiento y mantenimiento del hogar (14,1 %)», detalló el Indec.

Inestabilidad cambiaria

El salto inflacionario respecto a julio (6,3 %) responde a la brusca devaluación del 22 % que definió el Gobierno de Alberto Fernández después de las elecciones primarias del 13 de agosto.

La suba del dólar oficial, que la Casa Rosada adjudica a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), repercutió directamente en un alza descontrolado de bienes y servicios, que hoy se ve reflejado en el análisis del Indec.

La devaluación del peso tuvo su correlato en la cotización del dólar ‘blue’ o ilegal, que se comercia por fuera de los canales bancarios y no está regulado por el Estado. Es decir, si un ahorrista quiere vender los dólares que tiene guardados, puede recibir por cada billete casi el doble de lo que le ofrecen los bancos.

Tras las primarias que ganó el candidato ultraliberal Javier Milei, la cotización de la divisa marginal mostró una gran volatilidad —pasó de 605 a 685 el día después de los comicios—, y ello se vio reflejado en los aumentos de precios, en muchos casos abusivos.

Entre sus propuestas, el postulante de La Libertad Avanza (LLA) promete dolarizar la economía del país y aplicar su plan «motosierra», reduciendo el Estado a su «mínima expresión».

El nivel de inflación actual, que ya supera el 120 %, hace que los salarios queden siempre retrasados respecto a los aumentos de precios, por lo que los trabajadores pierden poder de compra mes a mes. Son pocos los gremios que consiguen negociar incrementos de sueldos que equiparen o superen, en el mejor de los casos, el índice inflacionario.

En clave electoral

El gran dilema del oficialismo es que su candidato a presidente para las elecciones generales del próximo 22 de octubre es el ministro de Economía Sergio Massa, la cara visible de una problemática que, aunque Argentina arrastra desde hace más de una década, este Gobierno no ha podido resolver.

El lunes, dos días antes de que el Indec diera a conocer la inflación de agosto, Massa anunció modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que menos asalariados sean alcanzados por el cuestionado tributo.

El candidato de la alianza Unión por la Patria (UxP) definió por decreto la suba del mínimo no imponible, es decir, el piso salarial a partir del cual los trabajadores abonan el impuesto. Desde el 1 de octubre, ese monto base pasa a ser de 15 salarios mínimos, el equivalente a 1.770.000 pesos por mes (unos 5.057 dólares al cambio oficial), por lo que buena parte del universo de trabajadores afectado ya no lo pagará.

Además, Massa presentó un proyecto para que los cambios en la ley de Ganancias sean avalados por el Congreso.

Con esta medida, que la oposición rechazó por «electoralista» y adelantó que no la apoyará en el Parlamento, la Casa Rosada busca recomponer el nivel de ingresos de parte de la clase media, erosionado por el récord inflacionario.

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