Casi al término de la sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre pensiones de gracia entregadas a personas por daños en el contexto del estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve informó que en total hay 40 que reciben este beneficio y que tienen antecedentes penales.
Monsalve precisó que de esa cifra, 17 habían sido otorgadas por Piñera y las otras 23 restantes por Boric.
“Ninguno de los Presidentes tuvo a la vista los antecedentes como criterio”, dijo Monsalve en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados.
De acuerdo al subsecretario, el procedimiento para otorgar este beneficio “no establecía poner a disposición ni exigir esos antecedentes”.
“Si hubiese que tomar una nueva decisión (sobre) ese procedimiento, debiese requerir el análisis de los antecedentes penales”, añadió Monsalve, quien precisó que “podemos garantizar dos cosas: las personas que tienen antecedentes penales, porque las hay, ya dije que eran 40, tienen en general, hay excepciones, pero son delitos menores y causas antiguas. Hay casos en que ese criterio no se cumple”.
Los datos entregados por el subsecretario del Interior estuvieron lejos de pasar inadvertidos en la comisión.
Durante 2022, en total, por vulneración de derechos en el marco del estallido social, se han autorizado 418 pensiones de gracia, precisó la autoridad. De ellas, según Monsalve, 148 fueron entregadas por el gobierno de Piñera y 270 por el de Boric. En promedio, los montos de dichas pensiones de gracia son de alrededor de $400 mil.
Monsalve explicó que las reglas para entregar estas pensiones fueron establecidas en la resolución exenta del 4 de enero de 2022 y que “en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales”.
PROFUGO
El 7 de septiembre de 2022 —un día después del cambio de gabinete realizado tras el rechazo de la propuesta constitucional de la Convención en el plebiscito del 4/S— la nueva ministra de Interior Carolina Tohá y el ya ministro de Hacienda Mario Marcel firmaron el decreto exento 2787 que otorgó una pensión de gracia vitalicia, mostró el documento.
- El beneficio afectaba a Juan Francisco Villalobos Prado, 37, por calificar como persona afectada “en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.
- El documento detalló que “mediante sesión de fecha 11 de agosto del presente año (2022), la Comisión Especial asesora del Presidente de la República ha informado favorablemente acerca del otorgamiento de la pensión de Juan Francisco Villalobos Prado”.
- La pensión ascendía a 2 ingresos mínimos no remuneracionales, que actualmente equivalen a $593 mil, y se pagaría “de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.
- El beneficio (que se desconoce si fue cobrado en el caso de Villalobos Prado) era uno de los 418 otorgados; 270 en este gobierno y 148 en el pasado.
La orden vigente. El 5 de julio de 2019 el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado, domiciliado en La Florida, como presunto autor de una estafa cometida el 6 de marzo de 2019 en calle Pedro Fontova de Conchalí.
- Se fijaron sucesivas horas para la formalización de cargos, pero el imputado no aparecía en su domicilio.
- El 23 de junio de 2022, la jueza Elizabeth Melero del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención contra Juan Francisco Villalobos Prado, dirigida a la Policía de Investigaciones.
- En ésta se instruía que fuera conducido al tribunal para comparecer en la causa por estafa y otras defraudaciones contra particulares.
- El 18 de agosto de 2022 la jueza Carolina Reyes consignó que “atendido el mérito del Informe N°03793 de la Bicrim La Florida, informando el resultado negativo de la orden de detención despachada contra Juan Francisco Villalobos Prado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 letra a) del Código Procesal Penal, se le declara rebelde en la causa”.
- También se decretó el sobreseimiento temporal del caso, hasta que fuera encontrado.
Sus antecedentes penales. Villalobos Prado registraba una condena de 2008 en Puente Alto por hurto.
- También, una causa por desórdenes públicos de noviembre de 2019, donde el tribunal aplicó el principio de oportunidad, es decir, la cerró por la baja pena atribuida al delito y no comprometer gravemente el interés público.
- Ese mismo año se archivaron provisionalmente 2 causas por estafa abiertas en su contra.
- Además, registraba una causa por lesiones leves sobreseída temporalmente en 2015, y otras 2 de lesiones menos graves archivadas en 2014 y 2013.
La causa por la que recibió el beneficio. El 21 de agosto de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó en el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra quienes resultaran responsables de tortura con abuso sexual calificado. La causa figura como abierta y sin imputados conocidos, en el sistema del Poder Judicial.
/GAP
