La actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volverá a ser juzgada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal reabriera dos casos en su contra.
Según consigna El País, la justicia federal llamó a la expresidenta trasandina a juicio oral luego de revocar su sobreseimiento por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar en el bullado caso denominado Hotesur – Los Sauces; y también por el posible encubrimiento a Irán en el atentado a la mutual judía AMIA ocurrido en 1994, que dejó 84 muertos.
“El expediente conocido como Hotesur – Los Sauces investiga el supuesto sobreprecio en licitaciones de obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz y el presunto pago de sobornos a través de falsas reservas en hoteles de la familia Kirchner”, señala el medio mencionado anteriormente.
Este caso se remonta hasta 2014, cuando la Justicia comenzó una investigación en contra de la empresa administradora del hotel Alto Calafate, uno de los tres que poseen los Kirchner.
Las sospechas eran que algunos empresarios afines a los “K” contrataron durante años sus habitaciones como forma encubierta de pagar sobornos a la familia a cambio de contratos de infraestructura.
La causa Hotesur – Los Sauces será el segundo juicio oral y público que enfrente la vicepresidenta tras el caos que desató el primero en la segunda mitad de 2022, donde fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otra causa de corrupción.
En dicha causa, Cristina Fernández había sido imputada junto a sus hijos Máximo y Florencia por lavado de activos y asociación ilícita
La exmandataria también irá a juicio por una acusación de encubrimiento y traición a la patria. En 2017, un juez la acusó de proteger a los imputados iraníes en la causa AMIA, el atentado terrorista contra la AMIA en 1994.
Esta causa recuerda lo sucedido con el persecutor Alberto Nisman, quien en 2015 fue hallado muerto luego de que, días anteriores, había denunciado por este ilícito a Fernández.
El fiscal denunció en ese entonces que el gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía una cooperación conjunta en la investigación del atentado.
Nisman había señalado que el objetivo era encubrir a los imputados a cambio de la firma de convenios comerciales bilaterales.
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