Hay pocas razones para estar optimista sobre el proceso constituyente. Después del desastre en que terminó el primer proceso, este segundo intento parece no haber aprendido mucho de la mala primera experiencia. En vez de redactar una Constitución que establezca las reglas del juego para el ejercicio de la democracia, los constituyentes parecen más interesados en hacer un programa de gobierno y en imponer sus preferencias sobre políticas públicas. Esto inevitablemente llevará a que aquellos que tienen otras preferencias de políticas públicas opten por votar en contra en el plebiscito de diciembre de 2023 y el país siga en el limbo constitucional en que caímos después del estallido social de 2019.
Afortunadamente, todavía hay tiempo para enmendar rumbo. Pero para evitar un nuevo papelón internacional en el plebiscito de diciembre, es esencial que la élite política nacional acepte su responsabilidad y tome cartas en el proceso para evitar un nuevo naufragio. En la derecha, el ex Presidente Sebastián Piñera, el verdadero padre del proceso constituyente iniciado en noviembre de 2019, debiera asumir su responsabilidad y debiera poner todo su capital político sobre la mesa para tratar de evitar un nuevo fracaso del proceso constituyente.
Es cierto que Piñera actuó de forma especialmente irresponsable cuando, en noviembre de 2019, decidió entregar la Constitución para acallar las voces que pedían su renuncia. Con el mañoso y falaz argumento de que él buscaba proteger las instituciones del país, Piñera prefirió salvarse él que defender la Constitución que juró hacer cumplir. Al final, pasó a la historia como el Presidente más impopular desde el retorno de la democracia -incluso más impopular que el propio Gabriel Boric- y el país todavía sigue atrapado en este limbo del proceso constituyente. Para remediar en parte su irresponsabilidad histórica, Piñera debe ahora intentar liderar a la derecha fragmentada para lograr que se redacte un texto que sea aceptable para una mayoría de la población.
En el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric debe evitar cometer el mismo error de no involucrarse en el proceso constituyente. Cuando asumió el poder, Boric torpemente declaró que cualquier cosa sería mejor que una Constitución redactada por cuatro generales. Pues bien, los chilenos mayoritariamente opinaron lo opuesto en septiembre de 2022. Ahora parecen encaminados a volver a preferir la Constitución de Pinochet, modificada y mejorada, que una redactada en democracia. Para evitar pasar a la historia como el Presidente en ejercicio durante los dos momentos en que los chilenos prefirieron legitimar la constitución inicialmente redactada por la dictadura, Boric va a necesitar invertir mucho capital político para ayudar a encaminar un proceso constituyente que evidentemente está a la deriva.
El resto de la clase política nacional debe entender, sea porque quiere remplazar la Constitución de Pinochet o porque quiere mantenerla, que un nuevo fracaso del proceso constituyente erosionará todavía más la confianza en las instituciones y en el proceso democrático en Chile. La opinión pública deja meridianamente claro que quiere una clase política que sea capaz de ponerse de acuerdo en encontrar soluciones para los problemas que hoy afligen al país. Aunque hay fatiga constitucional y la gente cree que la élite sigue vendiendo la Constitución como una falsa pastilla milagrosa que solucionará los problemas del país, es imperativo que el país cierre este capítulo de incertidumbre constitucional que ya está por cumplir 4 años.
Es cierto que fue un error iniciar el proceso constituyente y es verdad que muchos que abrazaron con entusiasmo el Apruebo en el plebiscito de 2020 pecaron de torpes, inocentes y voluntaristas. Ya entonces sabíamos que los procesos constituyentes en la región no terminaban bien y que después de abrir la ventana iba a ser difícil cerrarla. Pero de poco sirve llorar por la leche derramada. Precisamente porque el proceso constituyente está a la deriva y se anticipa un nuevo naufragio, aquellos que fueron responsables de meter al país en esta trampa deben hacer esfuerzos supremos para lograr un texto consensuado que sea aprobado por la población para que cerremos finalmente este negro capítulo en la historia del país.
Es momento de que esos mismos líderes políticos y empresariales que se llenaban la boca predicando el evangelio del proceso constituyente a fines de 2019 y comienzos de 2020, asuman ahora su responsabilidad e inviertan su capital político para lograr un texto consensuado que evite una nueva victoria del Rechazo en diciembre de 2023 y que permita que Chile se revindique como un país de instituciones sólidas y élite política responsable.
Aunque hay buenas razones para que la opinión pública esté molesta y decepcionada con la élite y no hay garantía de que un texto consensuado y razonable permita al país cerrar esta puerta del infierno del proceso constituyente, el costo de no hacer nada y de seguir con una Constitución sin legitimidad sometida a reformas permanentes e interminables es demasiado alto. Aquellos que nos hicieron entrar en este autodestructivo camino del proceso constituyente deben ahora poner todo su capital político para ayudarnos a evitar un nuevo naufragio.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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