Plazo hasta las 00:00 horas tiene el gobierno del Presidente Gabriel Boric para ingresar el veto anunciado por el Ejecutivo al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.
Sin embargo, durante la mañana de este viernes, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, sinceró que aún no se había logrado un “consenso” con todas las fuerzas políticas.
Según quienes han participado de las negociaciones, las tomas no violentas eran el último nudo de las negociaciones. Para los otros tipos de usurpación (en la que se registre violencia contra personas, intimidaciones, daños y engaños) hay coincidencia mayoritaria entre gobierno y oposición de que haya una pena de cárcel, pero siempre con margen de criterio del juez.
No obstante, en el caso de las tomas no violentas, desde la izquierda rechazan que haya presidio, mientras la derecha exige que exista una privación de libertad aunque sea leve.
La advertencia del Presidente del Senado
En ese marco, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), hizo una advertencia a La Moneda.
“Llamo al gobierno a tener muchísima precaución con lo que va hacer, porque si al final el veto -le basta 1/3 de los votos para poder imponerlo- si va desnaturalizar y va a dejar algo parecido a como era antes el tema de usurpación, o la usurpación va a ser sancionada con una multa y no como si fuera un delito, vamos a tener un problema severo, y un problema que parecía resuelto lo vamos a dejar pendiente. Creo que eso sería una mala señal”.
Tras asegurar que aún no conocen el veto que presentará La Moneda, pese a haber sostenido conversaciones con la ministra del Interior, Coloma agregó que “lo que no puede ocurrir es que después de un esfuerzo de años del Congreso por recuperar el Estado de Derecho y tener una ley de usurpaciones que funcione -porque lo de hoy día no funciona-, si el veto por presiones de sectores políticos internos de la izquierda más dura del gobierno, termina siendo un veto que en la práctica impida que funcione esa nueva ley y se sancione en forma débil las usurpaciones, vamos a tener un problema máximo”.
El senador gremialista también recordó que si el gobierno ingresara fuera de plazo el veto, regiría “la ley que fue aprobada por el Congreso”.
Los acuerdos
En los otros temas conflictivos, ya hay consenso de que se deben corregir.
Uno de estos puntos que será eliminado del texto legal es legitima defensa privilegiada, que permitía -a juicio de La Moneda- una “autotutela” o “justicia por mano propia”. De hecho, el gobierno anunció el veto para intentar eliminar especialmente esa figura. “En la práctica una persona, apoyada por terceros, puede ocupar cualquier herramienta y cualquier arma de manera indefinida (…) Eso es muy complejo y no existe en ningún delito en Chile”, dijo esta semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, para explicar la postura del gobierno.
Otro de los temas, en el que hay un cierto acuerdo de que sea eliminado, es la penalización de la usurpación “transitoria” (tomas en contexto de manifestaciones).
Por otro lado, se mantendría la figura de la flagrancia permanente, que ha sido defendida por la derecha. Esta figura implica que el delito (en este caso una toma) se sigue cometiendo mientras dure la ocupación. Ello permite que Carabineros pueda intervenir en cualquier momento sin necesidad de una orden judicial.
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