El 11 de agosto, el secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), el abogado Edson Dettoni, declaró ante el Ministerio Público que la diputada Catalina Pérez -quien tiene congelada su militancia en esa colectividad-, sabía de los convenios, por un total de $426 millones, entre la Seremi de Antofagasta y Democracia Viva, ONG que representaba su pareja de ese entonces, Daniel Andrade.
Lo anterior contradice la versión que, en más de una oportunidad, ha entregado la legisladora.
En la declaración, a la que tuvo acceso La Tercera, Dettoni relató a los fiscales que “nos enteramos por Carlos Contreras (exseremi de Antofagasta) y Andrade que los convenios eran 3 por una suma de 400 millones, surgiendo la preocupación de ambos por un flanco comunicacional que se abría, Andrade estaba muy arrepentido mientras que Contreras se trataba de justificar que estaba todo legal y en regla, que se hacía siempre desde el 2019, es decir, estos tratos directos con fundaciones. Se les consultó tres cosas, la primera si Catalina Pérez sabía de antes. Nos dicen que no, eso lo dice su jefa de Gabinete”.
Según declaró el abogado, él no creyó esta versión y el 21 de junio comenzaría a confirmar sus dudas. “Ese día me enteré que Catalina sabía de los convenios, por lo menos, entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalu Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores que había sido parte de Democracia Viva, le había alertado a Romina Neumann sobre la existencia de estos convenios”, testificó. Seis días después lo confirmaría.
Dettoni también aseguró que, antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre -entonces presidente de RD- advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, sobre la información disponible hasta entonces. “El Presidente Latorre se encargaría de hablar con Durán, cosa que finalmente entiendo que no sucedió”, declaró.
Una vez conocida la declaración del secretario ejecutivo de RD, las reacciones parlamentarias comenzaron sucederse, principalmente en la oposición, desde donde apuntaron en contra de la legisladora por Antofagasta.
El jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, señaló que iban a enviar “un oficio al fiscal de Antofagasta solicitando agilice la investigación y se cite a declarar a Catalina Pérez a la brevedad, de manera de determinar su eventual participación en los hechos, y si procede, solicite su formalización y desafuero”.
El diputado José Miguel Castro, también de RN, y presidente de la comisión investigadora de la Cámara por este caso, aseguró que “aquí existen dos teorías o versiones contrapuestas. Por un lado, o Catalina Pérez le mintió a todo el país en sus puntos de prensa, flanqueados por distintos parlamentarios de la oposición, o el secretario de Revolución Democrática le mintió al fiscal que está llevando el caso de Democracia Viva. Lo importante, y le hemos pedido al fiscal que lleve el caso, que se agilicen todos los trámites. Y otra cosa importante a la Fiscalía, es que tiene que tomar y darle resolución también a los demás casos de fundaciones a lo largo de todo el país. No puede ser simplemente un chivo expiatorio el caso de Democracia Viva. Hay otros casos que también son igual de complejos y no se pueden tapar bajo la alfombra”.
Francisco Undurraga, jefe de la bancada de diputados de Evópoli, también se sumó a las críticas: “Los nuevos antecedentes que confirman que la diputada Catalina Pérez tenía conocimiento sobre el caso fundaciones (…) Confío en el que el Ministerio Público comprobará y llegará a la verdad sin medias tintas, porque la ciudadanía exige altos estándares de probidad y transparencia en el uso de recursos públicos”, dijo.
Por su lado, Henry Leal, diputado de la UDI, expresó que “se ha confirmado lo que siempre supimos, que la diputada (Catalina) Pérez tenía conocimiento de los convenios de la fundación Democracia Viva. Esto ha sido constatado en una declaración prestada ante el Ministerio Público por un alto dirigente de Revolución Democrática, el secretario ejecutivo, quien ha declarado y ha puesto a disposición de la justicia que ella sí tenía conocimiento”.
También desde el gremialismo, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, querellante en el caso Democracia Viva, aseguró: “Todos sabíamos que el mecanismo que utilizaron para defraudar al Estado, con recursos que estaban destinados para los más vulnerables de nuestro país, iba más allá de dos simples personas, sino que involucraba a muchas más e, incluso, con conocimiento de las actuales autoridades de gobierno. Por lo mismo, y habiendo transcurrido más de tres meses de conocido el caso, creemos que llegó el minuto de que la Fiscalía formalice esta investigación, específicamente en lo relacionado con Democracia Viva, sometiendo a proceso a todas las personas que estén involucradas, incluyendo a las autoridades en ejercicio si fuera necesario, porque no es sólo la declaración del secretario ejecutivo de RD, sino que también un informe de la PDI que vincularía a la diputada Catalina Pérez en un eventual delito de tráfico de influencia, de manera que llegó el minuto de que se empiecen a perseguir las responsabilidades penales.
El legislador hacía referencia a un reservado informe de la Policía de Investigaciones -que dio a conocer la semana pasada La Tercera- en que se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de Democracia Viva, y en que se advierte la comisión de delitos que involucran directamente a Contreras, Andrade y, por primera vez, se mencionaba a la parlamentaria Pérez.
El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, pidió a la fiscalía que se solicite su desafuero. “Lo que señala el secretario ejecutivo del partido de la diputada Pérez, Revolución Democrática, era a todas luces evidente. Y esto ya todo Chile lo tenía claro, que la diputada Pérez no tenía cómo no saber que su ex pareja, Daniela Andrade, había suscrito estos convenios. Y es por eso que le pedimos a la Fiscalía que cita a declarar a la diputada Pérez. Y que, eventualmente, pida su desafuero para efectos de poder indagar la participación directa de la diputada Pérez en estos delitos a través de las influencias que pudo ejercer en su rol como diputada, dijo.
Mientras que del Partido Republicano, la diputada Chiara Barchiesi, sostuvo que “yo creo que hoy día mismo la diputada Catalina Pérez, tal como lo ha exigido a otras personas en ocasiones anteriores, debería renunciar a su fuero para que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias”.
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