En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (RD), los parlamentarios de Chile Vamos lo emplazaron a «no permitir, bajo ningún motivo ni circunstancia, que el Poder Ejecutivo lesione, debilite y menosprecie una de las principales facultades y funciones legales que le corresponde a vuestra Corporación, cual es la fiscalización de los actos de gobierno».
La molestia de la oposición se da luego de que el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, no asistiera a la comisión investigadora del «Caso Convenios» el pasado lunes. Casi treinta minutos después de haber iniciado la sesión, Crispi envió un mail a Corporación informando su inasistencia sin entregar detalles.
Posteriormente, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, argumentó la ausencia del jefe del segundo piso en el Congreso: «Solo vemos puntos políticos por hacer que no son conducentes a nada», dijo la secretaria de Estado.
Crispi fue citado para referirse y explicar su rol en una serie de situaciones que lo vinculan con el «Caso Convenios», tanto en el cargo que ostenta actualmente como también cuando se desempeñó como subsecretario de Desarrollo. Cabe recordar que ha sido cuestionado porque respaldó un cuestionado convenio por cerca de $630 millones con la fundación Pro Cultura para recuperar fachadas de inmuebles históricos en Antofagasta. Asimismo, ha estado en duda cuándo se enteró del caso de Democracia Viva.
En ese contexto, la misiva de Chile Vamos dice que «la mayor sorpresa la llevamos al conocer una presunta estrategia legal que habría desarrollado el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Sr. Luis Cordero, para que el jefe de asesores de la presidencia no tenga que acudir de forma obligada a las comisiones que lo citen, ignorando así el Artículo 54, inciso 6° de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que ‘las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior, estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión'».
«Dicha estrategia, de acuerdo a lo informado por distintos medios de comunicación, incluiría también -a juicio del Gobierno- al Sr. Carlos Durán Migliardi, jefe de gabinete de S.E. el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font, ya que al estar contratados bajo la modalidad de honorarios no tendrían, por consiguiente, la calidad de funcionarios públicos», continúa el documento.
Asimismo, aseguran que «si bien reconocemos en el ministro de Justicia su enorme habilidad por justificar lo injustificable y, además, por buscar algún resquicio legal a su favor, no es menos cierto que, por más que exista un legítimo debate respecto de si las personas contratadas en el Estado bajo la modalidad de funcionarios tienen o no la calidad de funcionarios públicos, el pago por sus servicios son costeados con recursos fiscales que provienen, en un gran porcentaje, a través de los impuestos que pagan todas las personas contribuyentes de nuestro país».
En esa línea, los parlamentarios de Chile Vamos emplazaron a Cifuentes a manifestar su «absoluto rechazo» a la decisión de Crispi de «rehuir de sus obligaciones y desconocer las facultades fiscalizadoras que ostenta la Corporación».
La misiva fue firmada por los diputados miembros de la comisión investigadora: Juan Antonio Coloma (UDI), José Miguel Castro (RN), Juan Manuel Fuenzalida (RN) y Francisco Undurraga (EVO).
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