Después de meses de viento en contra, el proyecto de nueva Constitución parece estar experimentando una esperanzadora, aunque aún ligera, brisa a favor. El viento en contra proviene, lo hemos dicho, de la sensación de frustración y engaño con una promesa que ya va a completar cuatro años y respecto de la cual la mayoría de los chilenos ha perdido la confianza. Sienten que la promesa se ha desvanecido y, con razón, ya no esperan que una nueva Constitución mejore sus deterioradas condiciones de vida. Perciben que las élites y en especial los políticos no prestan la atención debida a su precaria situación.
Pese a ello hoy tenemos ya un borrador, que este fin de semana estará a disposición de la comisión de expertos para que ésta lo revise y plantee al Consejo sus observaciones y propuestas de mejoramiento del proyecto el 7 de octubre, vale decir en un mes más. Se ve entonces algo de luz al final del túnel. Por estos días, partidos políticos y personas que coincidieron en la opción Rechazo al proyecto anterior elaborado por la Convención se han reunido con el objeto de explorar un camino para que vuelva a haber convergencia entre ellos, esta vez para votar A Favor.
No es una tarea fácil, requiere disposición a negociar y también mucha honestidad intelectual. Lo primero es obvio, si queremos un texto que congregue a personas y grupos con pensamientos disímiles, tenemos que estar dispuestos a entregar algunas cuestiones. Lo segundo es más difícil: desgraciadamente una parte importante de la crisis que hemos vivido se debe a la ausencia de ella entre nuestros políticos y élites en general.
Me explico: quienes hoy día son minoría en el Consejo, porque tuvieron menos apoyo de la población no lo olvidemos, han sostenido que las mayorías, es decir la derecha, deben ceder en sus posiciones de manera de lograr un acuerdo más amplio y así llegar a un proyecto que tenga más apoyo. Suena bien, pero contiene una falacia que hay que tener en cuenta: el ceder a una aspiración de la izquierda no necesariamente incrementa el apoyo al proyecto, podría ocurrir perfectamente que lo disminuya. Esto es especialmente cierto si las posiciones que la izquierda quiere incluir son impopulares en la población. ¿No es tan difícil entender, verdad? Así, si los cambios al borrador ponen en peligro la propiedad sobre los fondos de pensiones, que es apoyada por más de 80% de la población, lo más probable es que la votación A Favor disminuya.
Sin embargo, sí es cierto que una derrota unilateral de un sector que estuvo por el Rechazo y que ve que un asunto muy apreciado por ellos no tiene cabida en el nuevo proyecto, podría tener un efecto negativo en la votación A Favor. Es parte de la honestidad intelectual admitirlo. En síntesis, no hay una relación mecánica y unívoca entre mayor acuerdo de los políticos en un texto y mayor votación de la opción A Favor. La falta de sintonía entre las élites y los políticos podría ocasionar el efecto contrario. Pero sí puede haber un mayor caudal de votos a favor de la nueva Constitución si se percibe que ésta, al congregar a pensamientos más diversos, le va a dar más estabilidad al país.
¿Cómo proceder entonces para hacer operativo el trabajo de este grupo que, de buena fe, suponemos, pretende llegar a un texto común? Utilizando los mecanismos institucionales existentes (nada de botones de pánico ni cambio en las reglas a último minuto porque eso alejaría a la gente) hay que intentar desatar algunos de los nudos que han surgido en el debate.
Algunas sugerencias (puede haber otras): En materia de aborto creo que está claro que la propuesta mantiene el status quo, permite sin lugar a dudas el aborto en tres causales, pero no avanza completamente hacia un aborto libre sin expresión de causa. Me parece que coincide con la opinión mayoritaria de los chilenos y permite acordar un texto que opere como mínimo común para personas que piensan distinto. En el controvertido tema de las contribuciones opino que la manera en que está formulado la hace incurrir en el error de incluir en la Constitución materias que son propias de ley y están sujetas a cambios en la opinión de las mayorías. Ello no obsta a que se pueda incluir un criterio más general que considere de una manera especial la situación de adultos mayores que han pagado su casa durante muchos años y es injusto que sigan pagando cantidades que no se condicen con sus ingresos actuales. La formulación precisa de ello sería trabajo pendiente. La libertad de elección en materia de educación, salud y pensiones es un asunto fundamental en una sociedad libre, de manera que pedirle a la mayoría del Consejo que renuncie a ella no es realista, ni sería aprobado en una votación popular. Otra cosa es explorar si podría haber una formulación constitucional que contribuya a asegurar que bienes públicos en salud (vacunas, por ejemplo) sean financiados con aporte de todos.
En fin, es posible en esta etapa avanzar hacia mayores acuerdos sobre el texto constitucional, sin por ello transformarlo en uno que se aleje aún más de las prioridades de la gente. Ese es el gran desafío para quienes pensamos que la aprobación de una nueva Constitución dejará un espacio para que Chile vuelva a ocuparse de resolver los principales problemas que aquejan a sus habitantes.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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