Desde el ex Congreso en Santiago, el senador y presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), se refirió a los vetos aplicados por el gobierno a la ley de usurpaciones y emplazó al Ejecutivo a definir “cuál es el problema que tiene” con el proyecto que fue despachado por el Congreso el 30 de agosto pasado.
El emplazamiento de Coloma se da luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtiera a los parlamentarios de oposición que el proyecto tal y como fue despachado por ambas cámaras “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”.
Ayer miércoles, en una tensa sesión en la comisión de Seguridad del Senado -presidida por Felipe Kast (Evópoli)- que fue citada para analizar las observaciones del gobierno, los legisladores de Chile Vamos y del Partido Republicano le entregaron una carta a la secretaria de Estado en la que expresaban su “profunda molestia e indignación por sus declaraciones”, en las que -a juicio de ellos- la ministra inducía “noticia falsas” sobre la ley de usurpaciones.
Sin embargo, lejos de retractarse, Tohá explicó que la norma transitoria, que se aprobó en el Congreso y que establece ciertas excepciones para no implementar medidas represivas a campamentos catastrados, sólo se aplicaba para las detenciones (acciones de orden temporal) y para los desalojos. “Nada más”, insistió Tohá, quien precisó que ese artículo no anula eventuales juicios ni posibles condenas que decida un juez.
“Si no cambiamos las penas, todas las personas que están en campamentos se les puede aplicar cárcel, miremos el texto, esto no es opinología”, retrucó Tohá, quien añadió que “nos parece realmente grave la forma en que salió este texto. Estar amenazados de ir a la cárcel cientos de miles de familias… es grave”.
En ese escenario, el senador Coloma fue consultado por la advertencia de la titular de Interior y llamó al gobierno a que sincere su reparos respecto a la ley de usurpaciones, deslizando que el verdadero problema para el Ejecutivo es la ley en sí misma y el rechazo por parte parte de los sectores alineados más a la izquierda en el oficialismo.
“Hago un llamado bien reflexivo al gobierno a que se ponga de acuerdo cuál es el problema que tiene con usurpación. Primero era la legítima defensa, después dijeron que eran las pacíficas, ahora que son los campamentos”, criticó Coloma.
Y puntualizó: “Los campamentos quedaron con un artículo transitorio justamente para aminorar los efectos que tenga en esa realidad, pero si cambian todo los días el argumento queda la sensación de lo que les pasa es que hay sectores de izquierda más extremas -Apruebo Dignidad ya lo explicitó- que no quieren ley de usurpación, eso es lo que me parece realmente grave”.
La tesis del gobierno es que las disposiciones transitorias -respaldadas desde el PC al Partido Republicano, que buscaban eximir a los campamentos históricos, que estuvieran en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda, vigente hasta inicios de 2024- sólo tienen un efecto policial, es decir, que apuntan a que no pueden ser detenidos, pero sí procesados en el marco de un procedimiento judicial y eventualmente recibir algún tipo de sanción penal.
“Si el gobierno tenía una duda, debió haberlo vetado, que no se genere un reclamo respecto de eso. Nadie ha pretendido que los actuales campamentos tengan ese tipo de sanciones, por eso hay una norma expresa en esa línea”, retrucó Coloma.
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