En medio de la fuerte discusión que se está dando en el Congreso sobre el veto que aplicó el gobierno a la Ley de Usurpaciones, una nueva edición de la encuesta Black & White –dada a conocer a través de Emol– revela que la mayoría de las personas (56%) considera que dicha herramienta presidencial «está mal ejercida y apunta a defender a los delincuentes».
El sondeo también consultó acerca de uno de los puntos del veto que ha sido más criticado desde la oposición: la distinción que realiza entre «usurpaciones violentas y pacíficas», dejando a criterio del juez la decisión de decretar o no la prisión en el caso de estas últimas.
En este tema, la mayoría de los encuestados (69%) estima que «la usurpación en sí conlleva violencia». Mientras que el 31% piensa que es posible hablar de usurpaciones no violentas.
En línea con lo anterior, un mayoritario 74% considera que «la usurpación debe contemplar siempre pena de cárcel».
Las opiniones están más divididas respecto del derecho de las personas a actuar con sus propios medios para recuperar los inmuebles usurpados –facultad que se elimina con el veto–. Aquí el 47% dice estar de acuerdo con eliminar este derecho de las personas y dejar esa función a las policías.
A la luz de estos resultados, Paola Assael, de Black & White, comenta que «las usurpaciones se consideran un mal muy grave, ya que la mayoría piensa que debieran tener siempre pena de cárcel, y que en sí mismas son violentas». Agrega que «aun cuando la mayoría está de acuerdo con los vetos presidenciales de gradualidad de las penas y eliminación del derecho a actuar por los propios medios, son más los que piensan que el veto presidencial está mal ejercido y apunta a defender a los delincuentes».
Mayoría da más importancia al crecimiento económico que redistribuir
El sondeo evidenció, además, una visión crítica hacia la gestión del ejecutivo en materia económica. De hecho, el 59% cree que la disminución del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) –que en el mes de agosto cayó 0,9%– «se debe mayoritariamente a un mal manejo de parte del gobierno» en esta área.
Asimismo, más de la mitad (51%) desaprueba la forma en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está conduciendo la economía del país.
Otro dato revelador es que la gran mayoría de los consultados (81%) piensa que el crecimiento económico «es esencial para la prosperidad y el gobierno debe darle definitivamente mayor prioridad». Mientras que un minoritario 19% cree que «no importa crecer menos», ya que «el énfasis debe estar en las políticas públicas de redistribución».
Respecto del proyecto de ley de Presupuesto 2024 –que acaba de presentar el Ejecutivo–, el 71% piensa que el aumento del gasto fiscal para el próximo año debiera ser inferior al 3,5% que planteó el gobierno, y un 44% cree que debiera ser cero.
De acuerdo al análisis de Paola Assael, de Black & White, de los datos «se deduce que el llamado del gobierno a un pacto fiscal para lograr la agenda social no tiene suficiente eco».
Revisa a continuación la encuesta completa aquí
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