“Tenemos una responsabilidad país que es mucho mayor, que es sacar adelante los juegos que parten el jueves 20 de octubre. Después habrá todo el tiempo necesario para investigar todas aquellas situaciones que a alguien le parezcan extrañas. Por ahora, yo les pediría que nos concentráramos en sacar adelante los juegos, que es una responsabilidad de todos nosotros”, fue la seca respuesta que Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, entregó a los diputados de la Comisión de Deportes el pasado 11 de julio.
Las escuetas palabras y la incomodidad en el rostro del periodista, quien un mes antes había asumido de emergencia la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos tras la renuncia de Gianna Cunazza, molestó a varios de los presentes. Allí, el también expresidente de la ANFP llegó citado para exponer sobre el avance de las obras de infraestructura y el uso de los millonarios recursos transferidos por el Estado para el evento que reunirá a 7.200 atletas de 40 países.
“La verdad yo voy a ser bien sincera con usted. Estamos en la Comisión de Deportes, donde también nuestro rol es fiscalizar. Yo lamento mucho la molestia que usted transmite hoy día aquí en la comisión, porque no se trata de hacerlo perder el tiempo. Se trata simplemente de obtener información que legítimamente les corresponde a todos los parlamentarios y parlamentarias”, le contestó la exmaratonista y diputada Erika Olivera (Demócratas), presidenta de la instancia.
“No crea que estoy molesto, pero no crea que estoy contento, porque a usted personalmente le pedí que no me citaran por la cantidad de trabajo que tenía y tengo. Entonces que me citen, tres, cuatro días después de pedirle, evidentemente no me trae alegría al cuerpo”, le respondió Mayne-Nicholls.
La escena dio cuenta de la enorme presión y de las dificultades con las que el dirigente ha debido lidiar para llegar a tiempo con la organización del evento, que parte en solo 12 días más. Entre ellas, el constante aumento del costo de la competencia: si en 2017 se hablaba de US$ 170 millones, el año 2020 esa cifra pasó a US$ 507 millones. Los últimos cálculos hablan de que se llegará al menos a los US$ 770 millones.
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De ese monto, más de un 55% es el valor de la construcción, reparación o renovación de los recintos que albergarán la competencia y que han sido licitados de manera pública por el Instituto Nacional de Deportes (IND), y de manera privada por la Corporación Santiago 2023 y por el Comité Olímpico de Chile. Todo, con dinero público.
La Tercera constató que entre aumentos de obras, reajustes de precios y retrasos, el IND ha gastado al menos un 19% más de lo presupuestado: equivalente a US$ 70 millones (unos $64 mil millones). A menos de dos semanas de los juegos, varias de las obras aún no cuentan con la recepción municipal, e incluso algunas estarán listas dos o tres días antes de la ceremonia inaugural del 20 de octubre.
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