Luego que ayer los consejeros sometieran a votación gran parte de las observaciones que hizo la Comisión Experta en una jornada clave -que continuará este martes-, y considerando los artículos que ya habían sido aprobados por el pleno, la propuesta de nueva Constitución ya comienza a tomar forma con la gran parte de su contenido definido.
Pese a que una minoría de las materias quedó a la espera del trámite en la Comisión Mixta, ya se confirma que el texto que será sometido a Plebiscito tendrá 17 capítulos y más de 200 artículos permanentes.
Se trata de una propuesta de Carta Magna más extensa que la que rige actualmente -con 15 capítulos y 161 normas permanentes-, pero con menos artículos que la propuesta que fue rechazada en septiembre del año pasado, que contaba con 388, aunque concentrados en 11 capítulos.
Dentro de las definiciones del texto, quedó establecido que el primer artículo abrirá con la frase: «la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización».
El artículo, además, detalla que la familia es la base de la sociedad y que el Estado de Chile es social y democrático de derecho. Esta última definición, que ayer volvió a dicho artículo uno tras la votación de las observaciones -con 37 votos a favor y 13 abstenciones-, era una aspiración de la izquierda y también un compromiso de la centroderecha cuando la propuesta constitucional de la fallida ex Convención apuntaba a un eventual rechazo.
La propuesta también consagra el reconocimiento «a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una en indivisible». Añade que «el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país, y promueve el diálogo intercultural (…)».
En materia de principios y deberes, la propuesta reconoce «el interés superior de los niños (…) Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono y/o tráfico de niños, todo esto de conformidad a la ley»; y también promueve el valor de los cuidados, detallando que el Estado deberá promover la corresponsabilidad, «así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado».
Ayer también se votó a favor de las observaciones que apuntan a la promoción del Estado a la conciliación de la vida familiar y laboral, y la protección de la crianza y maternidad y paternidad fue aprobado por 50 votos a favor. También se aprobó -por 47 votos y tres abstenciones- el incorporar un nuevo artículo, que establece que «el Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la sociedad».
Derechos y deberes constitucionales
El texto, además amplía el catálogo de derechos sociales, como el derecho a la vivienda adecuada, aunque quedó pendiente resolver si se mantendrá la exención de contribuciones a la vivienda principal -impulsada por Republicanos-, lo que se zanjará en la Comisión Mixta. También destaca como novedad el derecho a la cultura y el derecho y respeto a la protección de los datos personales y seguridad informática y digital.
Asimismo, el texto consagra que los padres -o tutores legales- tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, que incluye el derecho de «elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza».
En materia de salud, la propuesta otorga un rango constitucional a la promoción, prevención, rehabilitación, recuperación y cuidado de la salud. Asimismo, a la libertad de elección -cuya redacción explicita más este derecho- añade la creación de un «plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas», dejando para la ley los detalles.
En cuanto a seguridad social, el texto establece que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales, el derecho a elegir la entidad sea estatal o privada «que los administre e invierta», y que «en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno».
El texto incorpora el concepto de «trabajo decente», que no existe en la actual Constitución, y en materias laborales, detalla que se «proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres».
También se incluye que se contemplen mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la integración de órganos colegiados y el reconocimiento «al valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y en la sociedad».
En los deberes constitucionales, destaca que todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente; contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico; proteger el medio ambiente; cumplir con las cargas públicas; y velar por el respeto a la dignidad de los niños y adultos mayores, entre otros.
Seguridad y corrupción
También se incluye que «es deber del Estado resguardar la seguridad de la población» y entre los derechos, el de «vivir en un entorno seguro. Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada».
La propuesta mantiene la idea de la Constitución vigente que señala que «el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos», y añade que «los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua, para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular», entre otras inhabilidades.
También se consagra el reconocimiento especial del Estado a las víctimas de terrorismo, mientras que las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conducta terrorista, «tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo el daño sufrido con ocasión de estos hechos».
También fue aprobado ayer la observación que apunta a la defensa penal gratuita a imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o falta y que carezcan de defensa letrada, además de que Estado cuente con una Defensoría de Víctimas.
El texto ya despachado establece elementos contra la corrupción, como que «el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones y a observar una conducta intachable y un desempeño honesto, ético y leal de la función o cargo, con preeminencia del bien común».
En esa línea, se añade que «la corrupción, en cualquiera de sus formas, es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado».
Sistema político y Poder Judicial
El texto propone un sistema presidencial y un Congreso bicameral simétrico, pero introduce algunos cambios, como un redistritaje que, aunque deberá realizarlo el Servicio Electoral (Servel), deberá ceñirse a una regla en que cada distrito deberá tener entre dos y seis escaños y no hasta ocho como ocurre hoy.
Asimismo, entre las normas transitorias, se explicita que la Cámara de Diputadas y Diputados deberá ser integrada por 138 miembros y no por 155 como ocurre actualmente.
Para enfrentar los problemas de fragmentación en el Congreso, se fija un umbral para que solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional respecto de la elección de la Cámara puedan participar en la atribución de escaños en ésta. La excepción es que la colectividad «tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección».
En el caso del Presidente, deberá tener una edad mínima de 35 años para asumir el cargo; el periodo presidencial se mantiene en cuatro años y con posibilidad de ser reelegido una vez, pero no inmediatamente una vez terminado su primer periodo.
Otra innovación apunta a que el 1 de junio de cada año, en la cuenta pública, el Presidente deberá informar hasta tres proyectos de ley «que integrarán la agenda legislativa prioritaria, los que deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación legislativa en el plazo máximo de un año».
En cuanto al Poder Judicial, se establece una nueva gobernabilidad con tres nuevos órganos: uno encargado de nombramientos, otro para hacerse cargo de la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios; y otro, de gestión y administración.
En tanto, se mantienen como órganos autónomos el Banco Central, Contraloría, el Servicio Electoral y el Ministerio Público.
/psg
